Se requiere educación, coordinación y voluntad política para convertir la tradición de San Roque en políticas efectivas, reducir jaurías, aumentar adopciones y erradicar la rabia humana.
Brújula Digital|16|08|25|
Mirna Quezada Siles
En Bolivia, la vida de miles de canes transcurre en las calles, marcada por el hambre, las enfermedades y el maltrato. Mientras, en los días previos al 16 de agosto –Día de San Roque– tiendas de mascotas, veterinarias, mercados y supermercados exhiben alimentos y accesorios para consentir a los animales, la realidad de los callejeritos es muy distinta. Sin vacunas ni esterilización, muchos padecen parvovirus, sarna o desnutrición y están expuestos a atropellos y violencia.
El 16 de agosto se recuerda a San Roque, santo francés del siglo XIV y patrono de los canes, conocido por la leyenda del perro que lo auxilió llevándole pan y lamiendo sus heridas. En Bolivia, la fecha se celebra en varias ciudades con misas, ferias y actividades solidarias o de exhibición para mascotas. Sin embargo, tras la imagen festiva, miles de animales siguen viviendo en las calles sin el cuidado que la tradición simboliza.
El problema es estructural: existen demasiados perros sin control sanitario ni reproductivo. Con frecuencia se atribuye a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la referencia de “un perro por cada 10 habitantes” como umbral razonable. Aunque esta cifra es debatida, sirve para dimensionar el desequilibrio. En La Paz y El Alto, estimaciones municipales y de organizaciones como Animales SOS calculan que hay cientos de miles de canes en situación de calle o semidomiciliados. En ciertos distritos de El Alto, las autoridades han registrado densidades inusuales que favorecen mordeduras, ataques en jauría y accidentes.
A la sobrepoblación se suman fenómenos sociales que dificultan soluciones rápidas, como el de los perros comunitarios, aquellos que un grupo de vecinos alimenta, pero de los que nadie asume responsabilidad legal o sanitaria. También influyen el abandono por crisis económica o compras impulsivas, la crianza casera no regulada y la venta informal de cachorros. Todo esto configura una bomba de tiempo para la salud pública, por la cantidad de animales sin vacunar, la reproducción descontrolada y las interacciones de riesgo en plazas, mercados y unidades educativas.
La Casa de la Mascota en La Paz
En la urbe paceña, una de las instancias que enfrenta esta realidad es la Unidad de Salud Integral de Animales y Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), conocida como La Casa de la Mascota. Dirigida por Fernando Guzmán Escalera, lidera acciones de vacunación, esterilización y educación para la tenencia responsable.
Creada el 3 de septiembre de 2016, trabaja mediante campañas gratuitas o de bajo costo, priorizando la vacunación antirrábica antes de la esterilización masiva para minimizar riesgos y ampliar cobertura. Antes llamada “perrera municipal”, la institución cambió de un enfoque de captura y sacrificio a uno de bienestar animal, sancionando el abandono y el maltrato conforme a las ordenanzas locales y a la Ley 700 de 2015.
La eutanasia solo se practica en casos de sufrimiento irreversible, siguiendo guías de la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) y recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS. Los animales destinados a adopción reciben atención veterinaria, vacunación, desparasitación y seguimiento.
En coordinación con la Policía Municipal y el área de Zoonosis, la unidad interviene albergues precarios, estabiliza animales y gestiona su adopción. También realiza capturas dirigidas para vacunar y esterilizar perros comunitarios o de alto riesgo, reduciendo la reproducción y la agresividad. Este trabajo refleja un cambio de paradigma: de la eliminación al cuidado y protección animal, respaldado por leyes y buenas prácticas de salud pública.
Refugios, voluntariado y cooperación
La causa de protección animal caló profundamente en gran parte de la población boliviana y convirtió a organizaciones, refugios y colectivos en actores indispensables para cubrir lo que el Estado no alcanza. Animales S.O.S., fundada en La Paz en 1995, es pionera en bienestar y rescate animal, atendiendo casos críticos de perros atropellados, enfermos o maltratados.
En El Alto, el Albergue Génesis mantiene cerca de un centenar de canes con recursos escasos, mientras que en La Paz, espacios como Peluchín (que prioriza el rescate de madres con crías), el Centro de Rescate Animal Laika y Amor por los Animales Bolivia (APLAB) desarrollan tareas constantes de rescate, rehabilitación y adopción responsable gracias al voluntariado y las donaciones. Iniciativas como Huellitas S.O.S., Asociación Fénix o programas universitarios, como los de la Unifranz, suman campañas de esterilización y jornadas educativas. Sin embargo, estos esfuerzos se ven limitados por la falta de espacio, el encarecimiento del alimento y los medicamentos.
En 2018, la Agencia de Noticias Fides publicó la investigación “Perros en condición de calle: ¿quién debe asumir la responsabilidad?”, donde advertía el aumento de canes callejeros en La Paz. Recordaba que los animales son responsabilidad de sus dueños, pero que corresponde al municipio sancionar a quienes los descuidan. En el mismo informe, Susana Carpio, de Animales S.O.S., señalaba que la Ley Municipal 239 no había mejorado la vida de los perros ni controlado su proliferación, responsabilizando a las autoridades de no cumplir su papel.
La pandemia y las cuarentenas empeoraron la situación: la mayoría de perros en las calles no son totalmente vagabundos, sino que tienen dueño, pero son dejados a su suerte para buscar alimento en mercados, viviendas, puestos de comida o incluso entre la basura. Las acciones para exigir responsabilidad a los propietarios son insuficientes y están debilitadas por la falta de conciencia ciudadana.
Marco legal y casos emblemáticos
En 2015 se promulgó en Bolivia la Ley 700 para la Defensa de los Animales contra el Maltrato y la Crueldad, que estableció figuras penales específicas como el maltrato y el biocidio e impuso obligaciones para los tenedores de animales y deberes para las autoridades. Varios municipios complementaron esta normativa con ordenanzas sobre registro, vacunación, esterilización y sanciones administrativas. Sin embargo, análisis periodísticos y expertos en derecho animal mostraron deficiencias en la fiscalización, falta de presupuesto y capacidad institucional insuficiente para sostener operativos y sanciones efectivas.
El Código Penal, modificado por la Ley 700, contempla delitos y sanciones concretas. Sin embargo, aún se observan prácticas como la venta informal de cachorros, peleas clandestinas y crianza sin control, con fiscalización irregular. Esto demuestra que la ley, por sí sola, no cambia la realidad sin un control estable, incentivos a la esterilización y educación ciudadana.
Uno de los casos más emblemáticos sin solución ocurrió en 2007 en Achacachi, cuando un fragmento del grupo los Ponchos Rojos degolló públicamente a dos perros negros como amenaza política. Organizaciones como Animales S.O.S. calificaron el hecho de acto salvaje y cobarde y señalaron que dañó la imagen del país y de los pueblos originarios. Aunque generó indignación y campañas para impulsar leyes más estrictas, no hay evidencia pública de que los responsables hayan sido sancionados, lo que refleja la dificultad de aplicar la ley en casos de biocidio con motivaciones políticas.
El biocidio, definido como la muerte de un animal con ensañamiento o por motivos insignificantes, está penado con dos a cinco años de prisión y multas, con agravantes si se mata a más de un animal. No obstante, las condenas efectivas son escasas. En Cochabamba, por ejemplo, se dictó tres años de cárcel a una persona por apuñalar a un perro.
Problemas adicionales y vías de solución
A este panorama se suman la cría y comercio informal; la desinformación sobre la esterilización; la escasez de albergues; el impacto económico que incentiva el abandono; la mala gestión de residuos que mantiene a las jaurías y el abandono por migración o turismo.
En países como Colombia, Chile o Costa Rica, programas comunitarios y campañas educativas redujeron drásticamente el número de canes callejeros sin grandes presupuestos, demostrando que la clave no siempre es el dinero, sino la educación, la coordinación y la voluntad política.
Convertir la tradición en políticas sostenidas, con presupuesto suficiente, datos abiertos y alianzas estratégicas, es un paso decisivo. En un país con fuertes lazos comunitarios como Bolivia, existen condiciones para articular municipios, refugios, universidades y organismos como la OPS y la OMS y en pocos años lograr menos jaurías, más adopciones y cero casos de rabia humana, meta que otras naciones ya alcanzaron o están cerca de cumplir.
Cada can adoptado, cada hembra esterilizada y cada niño formado en tenencia responsable constituyen victorias silenciosas pero acumulativas. San Roque no debería ser únicamente una fecha, pues su figura nos recuerda que la compasión es una responsabilidad cotidiana. Y este 17 de agosto, al elegir a las nuevas autoridades, se deberá exigir que se comprometan con el bienestar de los animales, porque protegerlos a ellos es también preservar a la propia humanidad.
Mirna Quezada Siles es comunicadora social y periodista.
