El Plan de Acción Nacional (PAN) para una minería responsable que propone reducir el uso de mercurio en un 60% hasta el año 2031 fue presentado el pasado 26 de junio
Brújula Digital|18|07|25|
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) denunció que el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) realizan el plan contra el mercurio sin la participación indígena
“Por una nota periodística hemos conocido que el gobierno de Bolivia, ha excluido deliberadamente a nuestros Pueblos Indígenas de la elaboración del Plan de Acción Nacional PAN para la eliminación de mercurio utilizado por las cooperativas mineras auríferas, que no hacen minería artesanal de pequeña escala en Bolivia”, señala el comunicado de la CONTIOCAP.
El Plan de Acción Nacional (PAN) para una minería responsable que propone reducir el uso de mercurio en un 60% hasta el año 2031 fue presentado el pasado 26 de junio.
La exposición estuvo a cargo de Danilo Bocangel, de la Fundación Minería, Medio Ambiente e Industria (MedMin), quien señaló que el plan será socializado con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), lo que deja en evidencia que el documento no fue elaborado con la participación de las comunidades indígenas amazónicas, según informó la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).
Ante esta situación, la CONTIOCAP, junto a 23 organizaciones de la sociedad civil, emitió un pronunciamiento público en el que denunciaron que los pueblos indígenas fueron excluidos en la elaboración de este proyecto, y recordaron que las comunidades afectadas deben participar en su formulación, ya que, si bien los mineros también se ven perjudicados por la contaminación, los más afectados son “la población que vivimos aguas abajo”.
Además denunciaron que “este Proyecto para la ejecución del PAN para la reducción de mercurio en Bolivia, es parte de un Programa Principal: ‘Oportunidades Globales para el Desarrollo a Largo Plazo del Sector de la Minería de Oro Artesanal y en Pequeña Escala (ASGM) - GEF GOLD+’”.
Sin embargo, en el comunicado, aseguraron que en la minería asentada en los ríos amazónicos ya no existe minería artesanal ni de pequeña escala, ya que —según indicaron— existe abundante evidencia del uso de maquinaria pesada, el grado de devastación ambiental y los vínculos de las cooperativas mineras con grandes capitales nacionales y transnacionales de empresarios chinos, brasileños y colombianos.
Ante esta situación hicieron una demanda de seis puntos:
1. El PAN debe ser público e incluir a las comunidades indígenas afectadas, además de la academia y sociedad civil.
2. Las organizaciones rechazan el PAN por excluir a las víctimas de la contaminación con mercurio en su elaboración.
3. El PAN, y su proyecto de apoyo a su implementación como política pública: “GEF GOLD+ Bolivia: Mejorando la formalización y la reducción del mercurio en la minería de oro artesanal y en pequeña escala en el Estado Plurinacional de Bolivia”, tiene como fin perpetuar la minería en nuestros territorios y Áreas Protegidas, con el argumento de que sin mercurio sería una “minería responsable" y respetuosa de los DDHH.
4. Denunciamos que el PAN y su proyecto de apoyo para su ejecución ya mencionado, no considera que la minería verdaderamente artesanal y tradicional, que ancestralmente hicimos los pueblos indígenas sin ningún tipo de químicos para nuestra subsistencia, nos ha sido arrebatada con la Ley de Minería y Metalurgia 535. Y que la minería que realiza el sector cooperativizado es a gran escala y en asociación con grandes capitales, por tanto, este PAN es un engaño y fachada para la minería que saquea nuestros recursos.
5. Pedimos a las autoridades legislativas de comisiones de Pueblos Indígenas, prestar atención a esta amenaza de este PAN y su proyecto de implementación para los Pueblos Indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia.
6. El Comité de Aplicación y Cumplimiento del Convenio de Minamata (ratificado en Bolivia por la Ley No. 759), en el marco del artículo15 de este acuerdo internacional debe conocer estas irregularidades y establecer medidas que aseguren la participación de las víctimas de estos atentados ambientales en los procesos de elaboración de toda política pública, norma y decisión que pudieran afectarnos.
BD/AGT
