Brújula Digital presenta una nueva entrega del Plan Bicentenario de la Fundación Milenio 2025, una propuesta integral para enfrentar la crisis económica, social y política de Bolivia, con motivo de los 200 años de su independencia.
Brújula Digital|15|08|25|
Fundación Milenio
Desde fines de 2019 Bolivia está inmersa en un deterioro político e institucional, que se acentúa con la crisis económica y social. La gobernabilidad está en entredicho. El riesgo de quedar atrapados en un círculo de crisis económica e ingobernabilidad es muy grande. La única salida es encauzar un nuevo ciclo de gobernabilidad democrática, venciendo los factores que han conducido al actual estado de cosas. Sin estabilidad política el país no podrá reencontrar un camino de estabilidad económica, crecimiento y desarrollo humano.
Los principales retos de gobernabilidad tienen que ver con:
a) La polarización política, ideológica y social instalada en la sociedad boliviana, prácticamente desde inicios del siglo XXI. Esto ocurre, no debe olvidarse, en un país con fuertes tendencias centrífugas y de disgregación social. A ello se añade la fragmentación de la representación política y social, expresada en la debilidad de las organizaciones partidistas, el escaso arraigo de los liderazgos, las disputas y divisiones en las organizaciones sindicales, gremiales y corporativas. El resultado es un sistema de decisiones bloqueado, inhabilitado para tomar decisiones, resolver problemas apremiantes, implementar políticas públicas relevantes.
b) La ausencia de Estado de derecho. El país no encuentra la forma de reestablecer un orden de legalidad con libertad, pluralismo, derechos fundamentales, separación y equilibrio de poderes.
c) La pérdida de autoridad del Estado, que le impide -con sujeción a la ley- cumplir sus funciones y responsabilidades básicas, garantizar la paz social, ejercer y proteger la soberanía nacional, resguardar la seguridad y las fronteras.
d) El narcotráfico y el crimen organizado, cuyo continuo avance es una fuente de inseguridad y violencia y una amenaza constante a las instituciones.
e) La inestabilidad social empujada por la crisis económica, que dispara las demandas, conflictos y presiones de todo tipo, complicando mucho más las tareas de gobierno.
f) La desconfianza en el rumbo de la economía y el papel de la política, que afecta las decisiones de inversión, consumo y negocios, y es un caldo de cultivo de actitudes pesimistas, de extrema cautela, de aversión al riesgo, de comportamientos menos solidarios y comprometidos con el interés común.
Cada uno de estos problemas entraña cuestiones complejas. En conjunto, plantean serios dilemas de gobernabilidad.
Fin de un ciclo político
La crisis que sacude a Bolivia pone de relieve el fin de un ciclo político, y, con ello, el desmoronamiento de los fundamentos que se hicieron posible la permanencia y estabilidad de un régimen de corte autocrático y corporativo. Hoy en día, el desafío es reconstituir un sistema democrático republicano de gobierno, a la vez que se plantan los cimientos de una gobernabilidad renovada y perdurable en el largo plazo. Esto es crucial para el éxito de cualquier programa de estabilización y crecimiento económico.
Los bolivianos hemos vivido, otras veces, las circunstancias complejas de un cambio de ciclo político y económico, que suelen ser muy desafiantes, sobre todo cuando aflora una crisis que provoca incertidumbre, tensiones y conflictos múltiples. Las lecciones de la historia deben servirnos para navegar en este mar revuelto.
La cuestión prioritaria es que el país pueda dotarse de un gobierno efectivo; con capacidad de gobernar y aplicar un plan anticrisis y transformación productiva. También es urgente que el Estado recupere autoridad legítima y eficacia para asegurar un clima de estabilidad y orden legal. Una administración de gobierno efectiva y competente requiere el apoyo de una mayoría parlamentaria estable. Tan importante como eso es una política de diálogo y negociación (el arte de la política). Naturalmente, mucho dependerá del capital político de los futuros gobernantes y su habilidad para articular una coalición de poder con respaldo parlamentario y ciudadano.
Estado de derecho y sistema institucional
Después de años de erosión del Estado de derecho, urge su reconstrucción. Esta es una tarea de primer orden para transitar a una etapa de legalidad y democracia plena, con participación social, equilibrio de poder, contrapesos institucionales, rendición de cuentas, protección a la propiedad, seguridad jurídica a la inversión y la actividad económica.
Recomposición del Poder Judicial, reforma de la justicia
El Estado de derecho no es posible sin un poder judicial independiente, creíble y respetado. La regeneración de la justicia es un clamor nacional. La cuestión es hacerla viable dentro de un proceso de avances incrementales respaldados por la ciudadana y con un amplio consenso político. La transformación del sistema judicial pasa forzosamente por una reforma parcial de la CPE, especialmente en lo relativo al procedimiento de elección de los miembros de los tribunales nacionales.
Pues bien, y entretanto se den las condiciones políticas para esta reforma constitucional, una vía más inmediata es completar la renovación de los órganos judiciales, a través de una nueva votación popular, durante el año 2026, para la elección de los cargos que no fueron elegidos en los comicios del 5 de diciembre de 2024. De este modo, los magistrados auto prorrogados que permanecen en funciones serán definitivamente cesados. Completar la renovación de los tribunales de justicia debe ser un paso en el camino de reforma judicial.
Asimismo, se debe concretar la reposición de la carrera judicial, para la formación profesional de jueces y una carrera basada en méritos intelectuales y evaluación de desempeño. El futuro gobierno y la futura Asamblea Legislativa deberán empeñarse para que el Consejo de la Magistratura lleve a cabo esta tarea en la forma más idónea posible
No es posible mejorar el servicio judicial sin un presupuesto acorde a las necesidades de una administración de justicia correcta y honesta. Es imperioso incrementar gradualmente la asignación presupuestaria, que actualmente no llega al 0.5% de Presupuesto General. Al mismo tiempo, se deberá exigir a los órganos judiciales que apliquen un modelo de gestión por resultados para lograr eficiencia y transparencia.
Revalorizar el Poder Legislativo
La Asamblea Legislativa es un poder fundamental del Estado democrático, pero que se ha visto menoscabado por años de sumisión a un poder presidencial con facultades excesivas y discrecionales. El Legislativo debe recuperar jerarquía y calidad institucional, para ser un contrapeso efectivo al órgano ejecutivo; desempeñar su rol de representación de los intereses ciudadanos y de espacio de deliberación de los asuntos nacionales para la formulación de las políticas de gobierno.
Es urgente que la Asamblea Legislativa, y las cámaras de senadores y diputados, recobren las facultades de legislación y fiscalización que les han sido cercenadas por decisiones arbitrarias de los órganos de control constitucional, bajo la presión del gobierno de turno y de una mayoría oficialista que abdicó de sus prerrogativas parlamentarias.
Fortalecer el sistema electoral
La credibilidad del órgano electoral está venida a menos, mientras subsisten las dudas sobre la fiabilidad del padrón electoral, la idoneidad y eficacia de las normas y procedimientos en vigor y su aptitud para garantizar elecciones libres, transparentes y competitivas.
Transcurridas los comicios de este año, se pondrá en el orden del día la renovación de las autoridades electorales. Esta debe ser la ocasión para que el nuevo parlamento sancione modificaciones a la Ley Electoral y otras normas relacionadas, con la finalidad de reforzar la independencia del poder electoral; sancionar el principio de preclusión de sus fallos y decisiones; incorporar a los vocales electorales al procedimiento de juicio de responsabilidades, que se aplica a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, y otros aspectos. Otra cuestión importante es la delimitación de circunscripciones electorales, que debe ser revisada con enfoque técnico para que la representación parlamentaria se ajuste a criterios poblacionales y refleje la evolución demográfica del país
Texto tomado del Plan Bicentenario, Fundación Milenio. Autores: Henry Oporto (coordinador), Alan Bojanic, Manuel Contreras, Rubén Ferrufino y Luis Carlos Jemio; colaboraciones de Armando Álvarez, Gerardo Garrett, María Machicado, Fernando Lavadenz, Julio Linares, Mauricio Medinaceli.
