Brújula Digital|19|03|25|
Noelia Rendon
El pueblo Baure, en el departamento del Beni, Bolivia, se ha visto envuelto en un controvertido acuerdo de "arrendamiento perpetuo" con los llamados Estados Unidos de Kailasa. El contrato de 60 mil hectáreas por 108 mil dólares anuales, firmado por algunos de sus líderes en 2024, ha desatado una ola de interrogantes sobre la soberanía indígena y el futuro del pueblo Baure.
Kailasa,con un “Gurú” y “Estado” autoproclamados, fundado por el hindú Nithyananda, es una creación ficticia de un prófugo de la justicia india, acusado de graves delitos, como abuso sexual entre otros. A pesar de su falta de legitimidad, Kailasa ha logrado infiltrarse en diversas regiones, engañando a comunidades vulnerables. El contrato firmado con los Baure no solo viola la Constitución boliviana, sino que concede el uso del territorio por mil años, cede derechos sobre recursos naturales y espacio aéreo, e incluso obliga a reconocer la moneda y el pasaporte de Kailasa.
Un episodio que aumenta las dudas ocurrió en octubre de 2024, cuando el presidente Luis Arce y la Canciller Celinda Sosa, junto a otras autoridades, aparecieron en un evento público junto a representantes de Kailasa. ¿Sabía el Gobierno de este acuerdo? Además, Herbert Taboada, diputado de Comunidad Ciudadana, mostró su apoyo a Kailasa, posando en varias fotos con representantes del supuesto país, en febrero de este año en su viaje a Estados Unidos.
El modus operandi de Kailasa ha sido evidente en otros países, como Paraguay y Ecuador, donde funcionarios firmaron acuerdos que luego resultaron ser vacíos. El contrato con los Baure, similar a estos casos, parece un intento de despojo a los pueblos indígenas, a costa de sus derechos y su futuro.
La periodista Silvana Vincenti, quien destapó el escándalo, ha recibido amenazas de los involucrados. El caso Baure no es solo un episodio aislado de corrupción o manipulación, es un síntoma de una crisis mayor: la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a negociaciones turbias, la negligencia del Estado en la protección de sus territorios y la facilidad con la que farsantes como Nithyananda pueden infiltrarse en estructuras de poder para avanzar sus agendas.
Es urgente que los pobladores junto a las autoridades competentes investiguen a fondo este acuerdo y sancionen a quienes resulten responsables. Los pueblos indígenas no pueden seguir siendo presa de oportunistas que, bajo la bandera de la cooperación y el desarrollo, buscan despojarlos de sus Derechos.
La historia de Baure debe ser una advertencia para el resto del país: cuando la tierra deja de ser del pueblo, el pueblo pierde mucho más que su territorio. Pierde su futuro.
Noelia Rendon, periodista y activista por los DDHH.