|ANÁLISIS|Alza de tarifas de minibuses, más castigo para población vulnerable|Mirna Quezada|

Brújula Digital|28|02|25|

Mirna Quezada

El reciente incremento de las tarifas del transporte público en La Paz provocó una fuerte controversia, no sólo por el impacto que va a tener en la economía de los usuarios, sino también por la falta de compromiso de los conductores de minibuses para mejorar la calidad del servicio.

Desde el 26 de febrero del presente año, la Alcaldía estableció nuevas tarifas: Bs 2,40 para tramos cortos y Bs 3 para tramos largos en el caso de los minibuses. Sin embargo, más allá del costo, los problemas persisten: maltrato a pasajeros vulnerables, condiciones insalubres, inseguridad y los famosos “mata cambios” con el argumento de que no tienen 10 centavos para entregar el vuelto. 

Uno de los atropellos más frecuentes de los minibuseros se manifiesta en su negativa a respetar las tarifas diferenciadas para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. Pese a que lo dispuesto por el GAMLP les obliga a aplicar descuentos, muchos transportistas exigen el pasaje completo, ignoran a los usuarios o incluso los maltratan verbalmente cuando reclaman su derecho.

Según el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad, entre 2020 y 2022 se contabilizaron 24.480 personas con discapacidad en La Paz. Para ellas, el transporte público es esencial; pero los minibuseros suelen negarles el descuento o –peor aún– no se detienen cuando los ven esperando. Lo mismo ocurre con los adultos mayores, quienes son ignorados o maltratados constantemente.

Intentar explicarles a algunos conductores que enfermedades como gota, fibromialgia o artritis limitan la movilidad, es casi imposible. La falta de empatía y comprensión hacia estos pasajeros frágiles es alarmante. Es urgente que las autoridades implementen un sistema de carnetización ágil y accesible para personas con invalidez, asegurando así el cumplimiento de sus derechos y evitando excusas por parte de los transportistas.

Los estudiantes de primaria y secundaria, quienes deberían beneficiarse de tarifas reducidas, también sufren injusticias diarias. En lugar de respetar el descuento, los minibuseros los tratan con desprecio, responden de manera agresiva e incluso se niegan a llevarlos. En algunos casos, aceleran antes de que los niños y adolescentes terminen de subir o bajar, poniendo en riesgo su seguridad. Acá cabe una cuestionante ¿por qué no existe tarifa diferenciada también para los universitarios?

Los estudiantes son parte de otro sector que necesita urgentemente carnetización, que debería coordinarse con escuelas, colegios y todos los centros de educación superior de la urbe paceña, de ampliarse la tarifa diferenciada para los alumnos de institutos y universidades.

¿Crisis económica o pretexto para el abuso?

Si bien la crisis económica ha encarecido los costos operativos del transporte público, es un secreto a voces que el sector obtiene importantes ganancias. De lo contrario, no habría un crecimiento constante en el número de minibuses circulando por la ciudad.

Además, es común ver a los transportistas organizando prestes costosos y campeonatos deportivos así como comiendo en todas las paradas o “paseando” con sus vehículos vacíos, descuidando -de esa manera- su labor y afectando la puntualidad de sus recorridos. Esta contradicción pone en duda los supuestos problemas de recursos que alegan tener para justificar el alza de tarifas.

Por otro lado, el estado de los minibuses deja mucho que desear: asientos rotos; ventanas inservibles; acumulación de basura y malos olores. La falta de mantenimiento es evidente, y los conductores parecen más interesados en aumentar sus ingresos que en ofrecer un servicio digno.

La conducción temeraria es otra constante: no respetan paradas establecidas; frenan de golpe; aceleran sin previo aviso y realizan maniobras peligrosas que ponen en riesgo a peatones y pasajeros. Esta falta de profesionalismo convierte a este sector en una de las principales causas de accidentes y conflictos en las calles.

Los minibuses comenzaron a circular en La Paz a finales de los años 80 como una alternativa entre los microbuses y los taxis/trufis. Sin embargo, no existe una fuente oficial que detalle su historia completa ni estadísticas actualizadas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) o la Administración Tributaria Municipal (ATM).

En diciembre de 2010, el periódico La Razón reveló que La Paz tenía el servicio de transporte público más caro entre las tres capitales del eje troncal. Las familias debían invertir entre Bs 25 y Bs 100 diarios para movilizarse.

Un estudio de la Fundación de Análisis de Desarrollo Urbano en Bolivia (Funadub) estableció que los gastos en transporte consumían al menos el 25% de los ingresos mensuales de una familia de clase media, y más del 30% en familias con ingresos por debajo de 2.000 bolivianos.

Se estimaba, en ese entonces, que sólo en La Paz circulaban más de 115.000 minibuses, responsables de gran parte de la congestión vehicular. Sin paradas fijas, con un estado mecánico deficiente, servicio lento y caótico, afectando la calidad de vida de los ciudadanos.

PumaKatari: la alternativa que resiste

Frente a las deficiencias del transporte público, los buses PumaKatari se han consolidado en La Paz como una opción segura y eficiente. A pesar de los ataques e incendios sufridos en la crisis política y social de 2019 en el país, este sistema municipal se mantiene y destaca por su puntualidad, limpieza y buen trato a los pasajeros.

El 24 de febrero de 2014, durante la gestión del alcalde Luis Revilla, se inauguró este sistema con 61 buses que operaban en dos rutas principales: Inca Llojeta-Parque Urbano Central y Villa Salomé-Parque Urbano Central.

Hoy en día, PumaKatari aumentó su parque automotor y cuenta con siete rutas principales: Achumani, Caja Ferroviaria, Chasquipampa, Inca Llojeta Norte, Inca Llojeta Sur, Integradora e Irpavi II. Este sistema ha sido clave para mejorar la movilidad urbana y ofrecer un servicio digno a los paceños.

El problema del transporte en La Paz no se solucionará con simples aumentos de tarifas. Mientras los minibuseros no se comprometan a mejorar el servicio, la población seguirá sufriendo abusos y condiciones indignas.

Pagar más para seguir siendo maltratados se ha convertido en la nueva realidad de los pasajeros paceños, especialmente de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. La indiferencia del actual alcalde Iván Arias deja sin transporte digno a los más vulnerables, demostrando que sus decisiones son políticas con miras a las próximas elecciones y que favorecen a un sector privilegiado mientras la mayoría sufre las consecuencias.

Las autoridades municipales deberían tomar medidas firmes para garantizar el respeto a las tarifas diferenciadas, sancionar el trameaje, exigir estándares mínimos de calidad e higiene e imponer el uso obligatorio de letreros en lugares visibles de los vehículos que informen sobre estos deberes de los minibuseros.

Ahora, la mayoría de la población guarda silencio ante este atropello, salvo algunas juntas vecinales que se han atrevido a alzar la voz. El miedo a las represalias es latente, pues los conductores de minibuses han demostrado ser un sector capaz de todo para defender sus intereses, como quedó evidenciado en 2019.

El temor a su violencia y a su actitud impune ha paralizado a muchos ciudadanos, que ven cómo el transporte público se convierte en un mal necesario, en un espacio de imposición y dominación, mientras las autoridades miran hacia otro lado. 

Que el GAMLP haga algo de una vez por todas, eso espera la población de la ciudad maravilla.

Mirna Quezada es comunicadora social.