La Asociación de Magistrados de Chuquisaca calificó como un “atentado contra el Órgano Judicial” pidió al TSJ y al Gobierno adoptar medidas urgentes para garantizar una justicia proba, independiente e imparcial en el país.
Brújula Digital|10|11|25|
El presidente de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, Christian Arancibia, calificó como un “atentado contra el Órgano Judicial” el asesinato del juez Wilder Marcial Cruz, ocurrido el pasado viernes en el Trópico de Cochabamba, y pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes para garantizar una justicia proba, independiente e imparcial en el país.
“Este atentado no solo es contra la vida de nuestro colega, sino contra toda la institucionalidad del Órgano Judicial”, afirmó Arancibia a Bolivia TV, al expresar la preocupación del sector por la creciente inseguridad y vulnerabilidad de los jueces que actúan con independencia.
De acuerdo con el reporte preliminar, la Fiscalía Departamental de Cochabamba investiga el caso, aunque hasta el momento no se revelaron avances significativos para evitar la fuga de los posibles responsables. Según las primeras hipótesis, el crimen habría sido motivado por la negativa del juez a favorecer a una de las partes en un proceso judicial.
La víctima, juez de Tribunal de Sentencia, atendía causas complejas vinculadas a narcotráfico, corrupción y delitos contra la integridad física y sexual. Además, era el principal sustento de su familia, conformada por su hijo adolescente de 17 años y su madre de avanzada edad.
Arancibia lamentó que este hecho refleje los riesgos a los que se enfrentan cotidianamente los servidores judiciales. “Nuestros colegas trabajan bajo constantes amenazas, agresiones e intimidaciones. En el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por ejemplo, con más de diez juzgados penales, solo contamos con dos o tres funcionarios policiales para brindar seguridad, lo que es claramente insuficiente”, alertó.
El representante judicial también recordó que la falta de recursos agrava la situación de vulnerabilidad del sistema judicial, que apenas recibe el 0,5% del presupuesto del Tesoro General del Estado, porcentaje que —dijo— no cubre las necesidades mínimas de seguridad, infraestructura ni personal.
“Sin seguridad ni independencia presupuestaria, no hay justicia posible. Necesitamos condiciones que permitan a los jueces actuar sin presiones externas ni internas”, enfatizó Arancibia.
Finalmente, anunció que en el Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, previsto para el viernes 14 de noviembre en Sucre, se analizará la seguridad de los jueces y otros desafíos estructurales para fortalecer una administración de justicia transparente, eficiente y verdaderamente independiente.
BD/RED
