El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, enfrenta una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Público Civil, Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, debido a una millonaria deuda por beneficios sociales pendientes a extrabajadores de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA).
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El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, enfrenta una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Público Civil, Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, debido a una millonaria deuda por beneficios sociales pendientes a extrabajadores de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA).
La resolución judicial instruye a la Policía trasladar a Montaño a la carceleta de Buena Vista, en la provincia Ichilo de Santa Cruz, hasta que se garantice el pago de Bs 55.189.880.
La disposición, firmada por el juez Marcelo Cortez Candia, responde a un prolongado conflicto laboral que se remonta a diciembre de 2021, cuando el Gobierno decidió eliminar la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) y reestructurar el sistema aeroportuario estatal con la creación de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).
La liquidación de SABSA se concretó en febrero de 2022 y, aunque más de 500 trabajadores fueron recontratados, otros quedaron sin empleo y sin recibir sus finiquitos. Desde entonces, más de 600 extrabajadores han exigido el pago de sus beneficios sociales.
El sector afectado realizó movilizaciones masivas, como la del 10 de enero pasado, denunciando incumplimientos pese a las promesas públicas del ministro Montaño de resolver el pago en un plazo de 15 días una vez se emitiera sentencia judicial. Sin embargo, los dirigentes sindicales acusan al ministerio de prolongar el proceso con apelaciones, a pesar de fallos favorables en todas las instancias.
Según registros de los extrabajadores, en los últimos tres años solo recibieron pagos parciales que alcanzan Bs 50.000, cifra insignificante frente al monto total adeudado, que además continúa incrementándose con actualizaciones.
El Gobierno, a través del director de Naabol, Elmer Pozo, había admitido en 2023 que la deuda real alcanzaba Bs 55 millones —42 millones por beneficios sociales y 12 millones por multas— y comprometió su cancelación. No obstante, a la fecha, el caso sigue sin resolverse.
BD/RED