El perdón presidencial es uno de los principales atributos que tienen los mandatarios, que lo pueden otorgar a cualquier condenado o acusado por un delito federal. Los orígenes de una de las prerrogativas más controversiales de la democracia
Steve Bannon y Lil Wayne, dos de los destacados en la lista final de Trump
La presidencia de Donald Trump buscó como pocas diferenciarse de las anteriores y rompió muchas tradiciones. Pero hay una que mantuvo: la de dejar la Casa Blanca firmando indultos para criminales condenados por delitos federales. Es una de las atribuciones presidenciales más controvertidas que tiene la democracia estadounidense, pero ningún mandatario se ha privado de utilizarla en el último siglo.
Trump concluyó el martes su última jornada completa como presidente con una larga lista de indultos bajo el brazo, horas antes de ausentarse de la toma de posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden —una de las tantas tradiciones que sí decidió quebrar—, y presentó una lista de 73 indultados.
En la lista figuran una mezcla de criminales de cuello blanco y personas cuyos casos han sido defendidos por activistas de la justicia. Los indultos más controvertidos que llegaron a barajarse eran para personas como Edward Snowden, Julian Assange y Stephen Bannon. El influyente ex asesor de Trump es el único de ellos que fue beneficiado por su antiguo jefe.
También se sumó el rapero Lil Wayne, que se declaró culpable el mes pasado de poseer una pistola cargada y bañada en oro cuando su avión fletado aterrizó en Miami en diciembre de 2019. Se enfrenta a una sentencia de hasta 10 años de prisión en una audiencia del 28 de enero en Miami. Lil Wayne pareció apoyar a Trump durante la campaña presidencial del año pasado cuando tuiteó una foto de sí mismo con el presidente y declaró que respaldaba el programa de reforma de la justicia penal y el plan económico de Trump para los afroamericanos.Hasta se especuló con que Trump podía llegar a concederse un auto-indulto, por su posible responsabilidad en el asalto al Capitolio perpetrado el pasado 6 de enero por sus seguidores, en el que murieron cinco personas. Pero la posibilidad fue descartada, ya que su legalidad podría haber sido discutida, considerando que es algo que carece de precedentes y que la Constitución establece que nadie puede juzgarse a sí mismo.
La anterior tanda de indultos la había concedido en diciembre. Los beneficiados en ese caso fueron su ex jefe de campaña Paul Manafort y su ex asesor Roger Stone, dos de los principales condenados por causas derivadas de la larga investigación sobre el papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
Trump también indultó en esa ocasión a Charles Kushner, promotor inmobiliario y padre de su yerno, Jared Kushner. En total, fueron 26 los perdonados por el mandatario ese día, en el que también hizo uso de otra prerrogativa de clemencia: conmutó parte o la totalidad de las sentencias de otros tres individuos. La conmutación elimina el castigo pero deja la condena en vigor.
Una atribución con resabios monárquicos
“El Presidente tendrá la facultad de conceder rescates e indultos por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político”, dice el Artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos (Sección 2, Cláusula 1).
Para entender por qué los padres fundadores incluyeron esa prorrogativa en el texto constitucional es vital tener en cuenta que estaban imbuidos en las normas del derecho inglés, donde se encuentran los orígenes de esta facultad. Los historiadores sostienen que esta tradición comenzó en el siglo VII, durante el reinado de Ine, de Wessex. Esta práctica persistió a lo largo del período colonial americano.
No obstante, fue objeto de debate durante la Convención Constituyente de 1787. George Mason fue uno de los principales detractores, con el argumento de que “el Presidente (...) con frecuencia podría indultar delitos que él mismo aconsejó”. Pero primó la postura de Alexander Hamilton, que creyó necesario introducir el indulto como una forma de contrapeso del Poder Ejecutivo al Judicial.
La Corte Suprema determinó a través de distintos fallos que se trata de una atribución “sin límites”, es decir, que el mandatario podría concederla a quién quiera, por las razones que considere. Pero, en rigor, sí hay algunas limitaciones. La primera es que se restringe a delitos federales. Eso significa que cualquier crimen que viole una norma de nivel estatal está fuera del alcance del perdón presidencial. El segundo gran límite es que si un funcionario es destituido a través de un juicio político tampoco podría indultarlo.
Pero, fuera de estas consideraciones, el alcance del indulto es efectivamente ilimitado. Y todos los presidentes se sintieron habilitados luego de que el propio George Washington, héroe de la independencia y primer presidente estadounidense, otorgara un perdón a dos hombres que habían planeado la llamada “Rebelión del Whisky”, contra un impuesto federal sobre el alcohol.
Al menos desde finales del siglo XIX, no hubo un solo presidente que se privara de indultar a alguien. El récord lo ostenta Franklin Delano Roosevelt (1933 - 1945), que en sus 12 años de gobierno —más que cualquier otro mandatario estadounidense— indultó a 2.819 personas. Los otros que superaron los 1.000 fueron Harry S. Truman (1945 - 1953), con 1.913; Dwight D. Eisenhower (1953 - 1961), con 1.110; y Woodrow Wilson (1913 - 1921), con 1.087. El que menos indultos concedió fue George H. W. Bush (1989 - 1993): 74. Por su parte, Barack Obama otorgó 212 y George W. Bush 189.
Algunos perdones son especialmente recordados. Por ejemplo, en 1977 Jimmy Carter indultó a cientos de miles de personas que se habían resistido a ir a la guerra de Vietnam a pesar de la conscripción obligatoria. En 1992, George HW Bush indultó a seis acusados en el escándalo Irán-Contra, uno de los mayores de la época de su predecesor, Ronald Reagan, incluyendo al ex secretario de defensa Caspar Weinberger.
Ese es uno de los ejemplos de que no es necesario que alguien haya sido condenado para que el presidente lo indulte. En verdad, incluso puede concederse el perdón sobre alguien que no fue acusado formalmente. El caso más extremo es el “indulto completo, libre y absoluto” que Gerald Ford concedió a Richard Nixon en 1974 para evitar que lo juzguen por el escándalo de Watergate. El texto se refería a los crímenes que “cometió o pudo haber cometido” Nixon, que renunció a la presidencia por ese caso cuando empezaba a ser sometido a un juicio político —pero antes de que se aprobara—.
Otros de los indultos más escandalosos los otorgó Bill Clinton en 2001. Uno fue a su medio hermano Roger Clinton, por una condena relacionada con posesión de cocaína en 1985, por la cual había estado alrededor de un año en prisión. El otro, a Susan McDougal, quien había sido su socia de negocios.