Brújula Digital|07|02|25|
Javier Torres Goitia
Los días 3 y 4 de febrero, en la ciudad de Santa Cruz se realizó el foro con miras a las próximas elecciones generales. No podemos sino aplaudir y valorar sinceramente esta iniciativa de El Deber, Panamericana y Nueva Economía. Expusieron su posición en forma democrática, como no ocurrió en estos últimos 22 años, la mayoría de los precandidatos que buscan conquistar el voto de la población boliviana y que vive momentos de mucha ansiedad y angustia por su futuro.
En este proceso de construcción de unidad ha habido aportes muy importantes, otros no tanto y algunos que han sido simples discursos políticos tradicionales, moderados, pero que plantean lo mismo de siempre, aunque con un tono más “light”. No es mi intención valorar ni analizar las propuestas en esta etapa de consolidación de una corriente unitaria. Cada uno de nosotros debe identificar su preferencia valorando la factibilidad, la sostenibilidad y, fundamentalmente, la gobernabilidad futura de las propuestas.
Sin embargo, es importante destacar el explícito reconocimiento del representante del MAS, más ligado a la corriente del Chapare, pero MAS al fin, en el sentido de que este modelo ha fracasado. Si hasta el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, casi seguro candidato de uno de los grupos masistas, lo dice, es porque en realidad Bolivia no necesita más del MAS. En este sentido, el foro ha permitido conocer varias propuestas serias que pueden contribuir a ese cambio.
Pero hay un “pero” muy grande: ¿Cómo aseguramos que estas elecciones sean verdaderamente creíbles, justas y transparentes?
En primer lugar, el padrón electoral, construido por Morales y Arce a su medida antes de 2009, sigue siendo un problema. El 24 de agosto de 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que “encontró indicios de corrupción en el Servicio de Registro Cívico (Serecí)” (Manuel Morales Álvarez, Brújula Digital, 6 de diciembre de 2024). El CONADE, en agosto de 2024, solicitó al TSE copia del documento de auditoría interna y forense realizada al Serecí. La respuesta fue que “el caso se encuentra en etapa investigativa por la complejidad del hecho delictivo”. Además, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, respondió al CONADE el 12 de marzo de 2024 que “se realizaron las gestiones respectivas con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) para realizar la mencionada auditoría en la gestión 2024, pero los tiempos y recursos requeridos establecieron que por ahora no es posible realizarla”.
Así las cosas, los bolivianos iremos a las urnas con un padrón electoral que no tiene garantías de reflejar la realidad de los votantes en el país. Por lo tanto, el fraude no solo es un espectro, sino una duda no resuelta por un órgano judicial controlado por el MAS. Desde 2009, la falta de transparencia del órgano electoral ha sido cuestionada, pero, al estilo de toda dictadura, ese tema ni siquiera se toma en cuenta.
Otro tema de profunda preocupación es la distribución de escaños parlamentarios, clave para la creación de los equilibrios políticos necesarios en toda democracia real y justa. La vigencia de la Ley 026 del 30 de junio de 2010 y la Ley 421 del 7 de octubre de 2013, que modifica la anterior, introduce distorsiones en el concepto de “un ciudadano, un voto” al ponderar aspectos étnicos y económicos. Esto altera el principio democrático de igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos.
Luego de este esfuerzo realizado tan acertadamente en el foro de los días 3 y 4 de febrero de 2025, los bolivianos deberíamos detenernos y exigir una revisión del padrón electoral, así como la derogación de estas dos leyes antidemocráticas. Solo así podremos elegir en libertad y seguridad cuál de las opciones planteadas nos llevará a una Bolivia libre, democrática y productiva, asegurando el emprendimiento privado, mixto y la participación de las diferentes etnias en la construcción de una sociedad inclusiva y justa para todos con todos.
Javier Torres Goitia fue ministro de Salud y Deportes.