Sostiene que hay dudas sobre las intenciones de los asentamientos humanos en la Chiquitanía, “herida de muerte” por el millón de hectáreas arrasada por el fuego, que buscan convertir tierras con vocación forestal y ganadera, en agrícolas. “Responden a una lógica capitalista”, dijo Mons. Gualberti.
Así quedaron las vallas arrasadas por el fuego en Roboré. Foto: Édgar Landívar
Brújula Digital|25|08|19|
La Iglesia Católica calificó el domingo de irresponsable la promulgación del DS 3973, que modificó en julio pasado el artículo cinco del DS 26075 (2001) para autorizar el desmonte y “quema controlada” de bosques en los departamentos de Santa Cruz y Beni, y convocó a la población a sumarse a las campañas de solidaridad para asistir a la población afectada por la destrucción de la Chiquitanía que está “herida de muerte”.
El arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, envió una carta para la homilía dominical en Santa Cruz, en la que señala que el Gobierno fue irresponsable porque no estableció mecanismos de control efectivo, desconociendo que a estas alturas del año, en el oriente boliviano, hay vientos fuertes y sequías prolongadas, según reporte de Erbol.
“Con mucha tristeza y dolor vemos una vez cómo nuestra casa común está herida de muerte por los incendios forestales en la Chiquitanía y el Chaco, con enorme daños a la salud humana y las formas de vida de las comunidades indígenas, biodiversidad y servicios ambientales”, señala Gualberti en la carta leída por el padre Hugo Ara en la misa dominical en la catedral de la capital cruceña.
El prelado sostiene que hay dudas sobre las intenciones de los asentamientos humanos en la Chiquitanía que buscan convertir tierras con vocación forestal y ganadera, en agrícolas. “Consideramos estas medidas responden a una lógica capitalista, a un modelo de desarrollo altamente consumista y depredador de la naturaleza que en nuestro país se expresan en proyectos hidroeléctricos, la ampliación de la frontera agrícola, la construcción de carreteras y la vieja lógica extractivista”, sostiene Gualberti.
El arzobispo de Santa Cruz hace votos para la que adhesión a estas iniciativas pueda despertar en todos una mayor conciencia en sentido que el destino de las presentes y futuras generaciones, está íntimamente ligada al destino de la naturaleza.
Dos decretos criticados
El presidente Evo Morales promulgó en 2016 la Ley 741, que autoriza desmontes en predios agrícolas, y en julio (2019) el Decreto 3973, que legaliza las “quemas controladas” en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Estas normas fueron consideradas por ambientalistas como las detonantes del incendio forestal que arrasó un millón de hectáreas en la Chiquitanía y apuntan al primer mandatario como responsable por el desastre ambiental.
“Estamos hablando de una política de Estado que ha sido consensuada con el empresariado del oriente de Bolivia de ampliar la frontera (...) para la agricultura intensiva, soja transgénica, plantación de caña y habilitación de campos de pastura para la ganadería”, expresó a la AFP el director de la ONG Cejis, Leonardo Tamburini.
Morales esquivó su favorecimiento con la promulgación de dichas normas a empresarios agroindustriales y justificó la quema de árboles en los bosques del oriente del país porque si no se tala, se deja a mucha gente sin alimentos. Hay necesidad en “las pequeñas familias (que) si no chaquean, ¿de qué van a vivir?, es el pequeño productor, para yuca una media hectárea, para maíz una hectárea para comer, esa es la situación del pequeño productor”, dijo el lunes (19).
“El mismo hecho de autorizar la quema controlada es una vulneración de los derechos de la Madre Tierra y de la ciudadanía en general, puesto que afecta al ecosistema y al medio ambiente en el que todos nos desarrollamos”, señaló en un comunicado Unitas, una red de organizaciones no gubernamentales.