La deuda contraída por el Gobierno de Luis Arce en 2024 asciende a al menos 5.707 millones de dólares, según el economista José Gabriel Espinoza.
Brújula Digital|02|04|25|
La deuda contraída por el Gobierno de Luis Arce en 2024 asciende a al menos 5.707 millones de dólares, según el economista José Gabriel Espinoza.
Sin embargo, la cifra podría ser mayor debido a la falta de actualización de datos por parte de la Gestora Pública desde octubre del año pasado, así como la ausencia de información sobre deudas con proveedores de insumos y servicios, como combustibles.
Espinoza señaló en sus redes sociales que, al igual que en 2023, la principal fuente de financiamiento del Gobierno ha sido el Banco Central de Bolivia (BCB), que prestó más de 4.095 millones de dólares al TGE.
Según el economista, estos préstamos generan presiones inflacionarias y afectan la disponibilidad de liquidez en el sistema financiero, restringiendo el acceso al crédito y elevando las tasas de interés para familias y empresas.
Asimismo, Espinoza criticó la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos, afirmando que el Ministerio de Economía continúa sin publicar las cifras fiscales de 2024. A su juicio, esta estrategia busca ocultar la gravedad del déficit fiscal y la gestión de las finanzas estatales.
En términos de proporción del PIB, Espinoza advirtió que, en un escenario optimista donde el PIB alcanzara los 46.700 millones de dólares en 2024, la deuda representaría al menos un 12% del total, lo que calificó como “nocivo” para la economía del país. Además, subrayó que Bolivia acumula ya 12 años consecutivos de déficit fiscal.
Finalmente, Espinoza alertó sobre el incremento del endeudamiento en los últimos años. Desde noviembre de 2020, el Gobierno de Arce ha solicitado más de 12.600 millones de dólares en créditos al BCB.
Para contextualizar, indicó que solo en 2024 se ha pedido un 40% más de financiamiento que durante toda la pandemia de COVID-19, lo que refleja, según su análisis, la fragilidad de la economía nacional y la alta dependencia del crédito interno para cubrir gastos estatales.
BD/RPU