Fijan fecha para el proceso penal por Senkata; Áñez dice que no irá, exige juicio de responsabilidades

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Este 2 de septiembre comenzará el juicio contra la expresidenta Jeanine Añez y otras 17 personas acusadas de la masacre de Senkata. La defensa asegura que ella no asistirá, puesto que la procesan por la emisión de un decreto que lo firmó en el ejercicio de su cargo. En ese caso, demanda que se le inicie un juicio de responsabilidades.

Añez es acusada por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculadas a la masacre de Senkata. Este hecho se produjo entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019 a los pocos días que ella asumió el mando del país tras la renuncia Evo Morales.

La presidenta firmó el Decreto Supremo 4078, el cual les eximía de responsabilidades penales por el uso de la fuerza, para aplacar las grandes manifestaciones vandálicas. En ese momento, algunos de los movilizados causaron serios daños a instituciones públicas como la quema de los buses Pumakatari, o violentas protestas en El Alto.

Añez se encuentra, en este momento, recluida en el penal de Miraflores desde junio del 2022 cumpliendo una condena de 10 años de prisión tras ser declarada culpable por los delitos de "incumplimiento de deberes" y "resoluciones contrarias a la Constitución".

La defensa de la expresidenta adelantó que no irá a la apertura de juicio ni a ninguna de las audiencias que hayan sido programadas. Esta determinación la asumió como una forma de exigir que se le someta a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.

Su abogado defensor, Luis Guillen, explicó que pretenden juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta por la emisión de un decreto supremo. Para el abogado, el simple reconocimiento de este decreto hace que ella sea considerada presidenta y merece un  juicio de responsabilidades.

Según la investigación, Áñez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078 que eximió de eventuales juicios penales las acciones de los militares y que luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogado.

El Gobierno presentó una proposición acusatoria en contra de Añez. Pero, ésta nunca fue tratada y el Ministerio de Justicia decidió solicitar que el caso se dirima en la vía ordinaria, amparado en el antecedente de que la justicia ya definió que Añez no tiene el privilegio de someterse a un juicio de responsabilidades dentro del llamado ‘caso EBA’.

BD/RED