La Alcaldía de La Paz y vecinos de las zonas Rosario y Santa Cecilia presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía contra una empresa constructora, señalada como responsable del deslizamiento de tierra en Bajo Llojeta
El alcalde Iván Arias evalúa los daños en Bajo Llojeta. Foto:AMUN
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La Alcaldía de La Paz, junto con vecinos de las zonas Rosario y Santa Cecilia, presentó este lunes una denuncia formal ante la Fiscalía contra una empresa constructora, señalada como responsable del deslizamiento de tierra en Bajo Llojeta que causó la muerte de una niña de cinco años y puso en peligro la vida de numerosos habitantes. La empresa negó tales acusaciones y anunció que presentará las pruebas en su momento.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, calificó el hecho como una tragedia que pudo haberse evitado y enfatizó la necesidad de justicia. “Estas son las causas que estamos presentando contra la empresa que provocó el movimiento masivo de tierras. No podemos permitir que la irresponsabilidad de unos pocos afecte a toda una comunidad. Movieron más de 100.000 toneladas de tierra, y el resultado fue devastador para las familias de la zona”, declaró.
Arias también mencionó que la situación involucra un tramo de más de 1.600 metros, desde el Cementerio Los Andes hasta Los Sargentos, y advirtió que las autoridades deben centrarse en los verdaderos responsables. “Esperamos que el juez y el fiscal tomen en cuenta esto. Si deben convocar a los alcaldes de La Paz y Achocalla, estaremos presentes. Pero cuidado que los alcaldes terminemos como culpables y el principal autor quede libre”, añadió.
La denuncia se sustenta en delitos contra la seguridad común, contemplados en el Título V del Código Penal, que incluye:
- Otros estragos (art. 207): Establece penas de tres a ocho años de cárcel por provocar inundaciones, derrumbes u otros daños similares.
- Peligro de estrago (art. 208): Sanciona con privación de libertad a quienes pongan en riesgo la seguridad colectiva.
- Lesiones graves o leves (art. 271): Prevén penas de hasta seis años si el daño físico o psicológico es considerable.
Además, se evalúa incluir el delito de daño calificado si se confirma que la obra afectó vías o estructuras clave.
El secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, aseguró que los equipos técnico y jurídico trabajaron desde el primer momento para abordar la crisis. “Coordinamos con las subalcaldías de Cotahuma y Sur para dar respuesta inmediata a los afectados y realizar las evaluaciones necesarias. No descansaremos hasta que los responsables respondan ante la justicia”, afirmó.
Por su parte, la Inmobiliaria Kantutani S.A. emitió un comunicado en el que lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las familias afectadas, pero rechazó su responsabilidad en el deslizamiento. “Los sucesos que afectaron la zona de Llojeta fueron generados por el taponamiento del embovedado en el Río Pasajahuira, a 1,5 kilómetros del Cementerio Los Andes, y no por los movimientos de tierra realizados para la estabilización de nuestro Parque Cementerio”, señaló.
La empresa afirmó contar con verificaciones técnicas que respaldan su versión y anunció que serán presentadas próximamente. “Queremos evitar malentendidos y especulaciones tendenciosas que desinformen a la población”, concluye el comunicado.
BD/RED