La Paz, 07 de septiembre de 2024
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La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados envió su proyecto de ley de elección de Fiscal General en consulta al Poder Ejecutivo porque supondría una erogación de recursos. El presidente de esta instancia legislativa, Froilan Mamani, no descartó la posibilidad de “fusionar” esta propuesta normativa con la aprobada en la Cámara de Senadores.
“Enviamos el proyecto de ley en consulta, directamente al Poder Ejecutivo. Esta instancia tiene que entregarnos o devolvernos la respuesta porque entendemos que va a generar un gasto y por esa situación lo remitimos”, declaró el legislador por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
La Cámara de Senadores aprobó, el pasado 4 de julio, en grande y en detalle el proyecto de ley 119 Transitorio para la selección y designación del fiscal general del Estado y pasó a Diputados, como cámara revisora.
“Entendemos que el Senado ya trató y aprobó el proyecto de ley. Sin embargo, hay un vacío puesto que no enviaron a una consulta (al Ejecutivo) que ese debía ser el conducto regular. Apenas nos llegue la respuesta podríamos ver la manera de fusionar (ambas normas). No está descartado. La idea es garantizar que hasta octubre tenemos que tener al nuevo Fiscal General del Estado”, afirmó Mamani.
El senador por el evista MAS, Luis Flores, espera que la comisión de Diputados pueda aprobarla o, de lo contrario, observar o complementar la norma. En este segundo caso, los cambios deberán regresar a la Cámara Alta.
“No hay grandes diferencias de la propuesta original de Diputados a no ser que el Ejecutivo plantee otras modificaciones. Entiendo que los técnicos vieron temas importantes ya incluidos en el proyecto de ley”, afirmó.
El informe de la Comisión de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado del Senado recomendó a la cámara Alta modificar el proyecto de ley para la elección del Fiscal General del Estado. También establece un proceso de preselección, un examen oral y otros pasos para elegir al mejor profesional.
Con el fin de evitar que el proceso de selección sea interferido, los legisladores introdujeron un artículo que busca evitar la paralización del proceso con amparos constitucionales tal como sucedió en la preselección de candidatos a las altas autoridades judiciales. Sin embargo, otros asambleístas advirtieron que este punto podría ser inconstitucional.
Lanchipa fue posesionado el 23 de octubre de 2018 y su mandato de seis años vence en tres meses. El proyecto de ley, además, contempla que uno de los requisitos para ser la nueva autoridad es no haber ser designado en el mismo cargo con anterioridad. Esto evitará que la actual autoridad se postule.
BD/LE