La fiscal Rocío Feraudi presentó la resolución de sobreseimiento del caso de daño económico al Estado con el argumento de que “los elementos de pruebas son insuficientes para fundar la acusación”.
Iglesias, líder de Podemos, condecorado por Evo en 2017. Foto: Ministerio de la Presidencia
Liliana Carrillo V.
El proceso por corrupción y daño económico al Estado por contratos irregulares por 12,4 millones de bolivianos adjudicados a la consultora mexicana Neurona entre 2017 y 2018 fue sobreseído en la justicia boliviana sin pistas sobre los responsables de los pagos. El jueves, mediante una resolución, el Parlamento Europeo pidió a la Fiscalía de Bolivia que reabra la investigación.
La empresa mexicana Neurona Consulting se adjudicó, por invitación directa del gobierno de Evo Morales, ocho contratos por 12,4 millones de bolivianos que motivaron una auditoría. La misma consultora es investigada en España por indicios de delito en contratos firmados por el partido Podemos.
Por este caso, el Ministerio de Comunicación de la gestión transitoria presentó una denuncia por corrupción y daño económico al Estado contra 23 exfuncionarios, entre ellas la exministra Gisela López. Por la causa, abierta el 29 de noviembre de 2019, se realizó una decena de detenciones hasta marzo de 2020. Con la pandemia, se paralizó la investigación.
El Caso N° LPZ1915228, asignado a la fiscal Ingrid Rocío Feraudi, fue retomado con la nueva gestión del gobierno del MAS. En noviembre de 2020, mediante la resolución 183/2020, la Fiscalía de La Paz autorizó la ampliación de la etapa preparatoria del caso por dos meses.
El pasado 15 de abril, la fiscal de materia Rocío Feraudi presentó al juez quinto de Instrucción Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz la resolución de sobreseimiento del caso Neurona con el argumento de que “los elementos de pruebas son insuficientes para fundar la acusación”.
“El transcurso de la investigación y de la etapa preparatoria se han agotado con los mecanismos necesarios para poder establecer en forma cierta y fehaciente la participación de los imputados en los ilícitos descritos. Sin embargo, los elementos acumulados no son suficientes para sustentar de manera indubitable la responsabilidad ni la existencia del hecho tipificado como uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y falsedad ideológica”, señala la resolución de sobreseimiento.
De los pagos a la consultora mexicana no hay pistas. Pese al insistente requerimiento por información de Página Siete, la fiscal del caso guarda silencio.
Neurona en Bolivia
Sin experiencia y sin rubro específico, la firma mexicana Neurona Consulting se adjudicó al menos ocho contratos directos del Ministerio de Comunicación en la gestión de Gisela López (2017-2019), develó desde diciembre de 2018 una investigación de Página Siete.
El representante de Neurona, César Hernández, llegó a Bolivia en 2014, presentándose como “activista” y director de la empresa Argos, que mantenía el portal Revolución 3.0. Los miembros de esa plataforma dieron cursos y capacitaciones, entre cuyos destinatarios estuvieron funcionarios públicos y “guerreros digitales”.
La empresa mexicana también acreditó haber trabajado en la campaña de Evo Morales para las elecciones generales de 2014. Luego vinieron más contratos.
Según el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), la primera adjudicación que obtuvo Neurona fue para la producción de 50 artes gráficas, dos videoclips y 15 spots de la campaña de la reivindicación marítima, a un costo de 1,5 millones de bolivianos. Según denunció entonces la oposición, el monto “no se justificaba por memes y postales” pagados a la entonces Unidad de Redes Sociales, ahora reconvertida en jefatura.
Otro contrato, por 257 mil bolivianos, estaba destinado a la elaboración de la estrategia comunicacional oficialista. Un tercero, por 758.946 bolivianos, estaba orientado a la producción de piezas comunicacionales a ser distribuidas en redes sociales y destinadas a posicionar los logros de la gestión del MAS.
Un cuarto convenio, el más oneroso, fue por 8,8 millones de bolivianos para la producción de decenas de videos, cartillas, ilustraciones, etc.
Con fondos públicos, el gobierno de Morales también pagó a Neurona 783 mil bolivianos por la realización del filme El robo: cuando las leyes se escribían en inglés, basado en la investigación de una comisión parlamentaria sobre la privatización en Bolivia. El documental se estrenó en cines y se distribuyó en redes sociales en la etapa preelectoral de 2019. Hernández, el director de la consultora, lo calificó como “punta de lanza” de la campaña masista.
El escándalo y el proceso
Después de que se desvelaron los pagos y ante los cuestionamientos, el entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas, remitió a la Contraloría los ocho contratos suscritos con Neurona por 12,4 millones de bolivianos (1,6 millones de dólares).
El 1 de mayo de 2019, en pleno escándalo, César Hernández publicó en sus cuentas de redes sociales fotos de 24 personas, todas con ponchos rojos, en un acto de la campaña masista de 2014. En los retratos posaban junto al mexicano el exministro de Comunicación Manuel Canelas; la exviceministra de Gestión Comunicacional Leyla Medinaceli y el exsecretario general de la Vicepresidencia Héctor Ramírez, entre otros.
El 29 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, la entonces ministra de Comunicación del gobierno transitorio, Roxana Lizárraga, presentó una denuncia penal por corrupción y daño económico al Estado por los contratos directos con Neurona. La querella incluía a 23 personas, entre ellas la exministra Gisela López.
En el Sistema de Información Constitucional Plurinacional figura un Recurso de Acción de Libertad presentado por Gisela López el 23 de marzo de 2021. Sin embargo, no hay mayores referencia sobre el caso.
En España como en Bolivia
La justicia española investiga la presunta financiación ilegal del partido Podemos por contratos irregulares con Neurona. La empresa mexicana firmó un contrato por 363 mil euros (unos 400 mil dólares) por “cobertura gráfica y audiovisual” y “spots publicitarios” con Podemos para las elecciones de 2019 en España.
El Tribunal de Cuentas español cuestionó que la empresa mexicana hubiera sido creada en España apenas un mes antes de las elecciones del 28-A. Neurona Comunidad S.L. fue constituida en marzo de 2019 con un capital de 3.000 euros, en el pequeño municipio sevillano de Carmona.
Tanto en Bolivia como en España, Neurona obtuvo contratos expeditos. En ambos países, la consultora elaboró productos audiovisuales . En el caso de Podemos se detectaron anomalías por “la falta de valoración individualizada de los servicios contratos”.
Podemos es el partido de la izquierda española, liderado por Pablo Iglesias, que respaldó al gobierno de Evo Morales. De hecho, Iglesias fue condecorado en 2017 por el entonces mandatario y fue invitado a la posesión de Luis Arce en noviembre de 2020.
El jueves, el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que pide al Gobierno boliviano la liberación de la expresidenta Jeanine Añez, una reforma judicial, el nombramiento de un Defensor del Pueblo “independiente ” y la investigación del caso Neurona.
“Se pide a la Fiscalía de Bolivia que reabra la investigación sobre la supuesta canalización por parte del gobierno de Morales de 1,6 millones de dólares de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona”, indica.
El MAS ha rechazado la resolución y denunciado “intromisión” del Parlamento Europeo.
La entonces dirección de RRSS contrató a Neurona en 2017
Pomar: “La unidad de RRSS opera con 15 funcionarios y sin presupuesto”
La dirección de Redes Sociales, convertida ahora en unidad del Viceministerio de Comunicación, fue la directa contratante de la cuestionada consultora mexicana Neurona entre 2017 y 2018. Esta dependencia funciona actualmente sólo con 15 funcionarios y sin presupuesto, según el director de políticas comunicacionales, Enrique Pomar Meneses.
El entonces ministro Canelas instruyó la investigación en 2019.Foto: ArchivoSegún Pomar, posesionado hace 15 días después de dirigir durante cinco meses la agencia gubernamental ABI, la jefatura de RRSS funciona con gestores de redes sociales y no con “guerreros digitales”. Este el cuestionario respondido por el director de políticas Comunicacionales.
El 2019 el entonces ministro Manuel Canelas abrió la investigación por contratos irregulares con la empresa mexicana Neurona por concepto de productos de redes sociales. ¿Ha retomado la actual gestión la investigación del caso?
Ese tema se encuentra en manos de la justicia boliviana.
¿Cómo y con cuánto presupuesto funciona la ahora jefatura de RRSS?
De acuerdo a la estructura heredada por el gobierno de facto, la Unidad de Redes Sociales depende de la Dirección General de Políticas Comunicacionales, que a su vez depende del Viceministerio de Comunicación y el Ministerio de la Presidencia.
Respecto al presupuesto, la Unidad de Redes Sociales no cuenta con recursos económicos asignados. Y en cuanto al número de funcionario, se cuenta con 15 servidores públicos, que también responde a la estructura heredada luego de que extinguieron el Ministerio de Comunicación y pasó a ser un viceministerio dependiente del Ministerio de la Presidencia.
¿Cuál es el objetivo de la unidad de RRSS?
De acuerdo a la normativa, entre las tareas de la Unidad de Redes Sociales figura la producción de materiales audiovisuales, gráficos, gifs, postales, documentales, líneas gráficas y otros; el fortalecimiento con equipamiento al área de producción de contenidos digitales; la realización de diferentes eventos, capacitaciones, talleres u otros a la población en general; y la difusión del material audiovisual en las diferentes plataformas digitales.
Por otra parte, en el marco de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, actualmente la Unidad de Redes Sociales tiene el objetivo de generar y difundir campañas comunicacionales orientadas a los nuevos soportes de la comunicación, para tener una llegada efectiva en la población que hace uso de estos canales. Por ejemplo, la difusión de todo lo relacionado a la pandemia ha sido el trabajo principal de esta Unidad, desde la difusión de los puntos de vacunación, hasta mensajes de aplicación de las medidas de bioseguridad, entre otras campañas. De igual forma se trabajan continuamente campañas de carácter social, enfocadas en diversos sectores de la población.
¿Hay “guerreros digitales” forjados en ésta u otras unidades del gobierno?
En la era actual es imposible pensar la comunicación sin gestores de redes sociales, los formatos tradicionales de difusión de mensajes ya no son suficientes para llegar a todo el conjunto de la población. Eso pasa en los medios de comunicación, en las empresas privadas y también en las entidades estatales, no solo en Bolivia, en todo el mundo.
Por ello, en esta y en otras reparticiones del Estado existen gestores de redes sociales, así como seguramente en Página Siete y en otros medios de comunicación también cuentan con gestores de redes sociales y no con “guerreros digitales”.