Brújula Digital|09|10|25|
Una amplia mayoría de los participantes en un sondeo realizado por Brújula Digital a través de sus redes sociales considera que la Fiscalía General del Estado (FGE) prefirió “desligarse del problema” al decidir remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la denuncia contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En Facebook, el 75 % de los encuestados opinó que la Fiscalía busca apartarse del conflicto, mientras que solo el 25 % consideró correcta la decisión. En Twitter, el 64,4 % coincidió en que la FGE evita asumir responsabilidades, frente a un 35,6 % que respaldó su actuación.
El debate ciudadano surge tras el anuncio del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien informó que la denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra los magistrados autoprorrogados del TCP será remitida a la Cámara de Diputados, en aplicación de la Ley 044 de juicio de responsabilidades.
“La fiscal analista ha determinado remitir la denuncia presentada por el presidente del TSJ ante la ALP, conforme a la Ley 044 y los autos de vista del Tribunal Departamental de Justicia, que establecen la incompetencia de la vía ordinaria para procesar a las autoridades del TCP”, explicó Mariaca.
El fiscal general precisó que el Ministerio Público no tiene atribuciones para procesar o destituir directamente a autoridades electas, por lo que será la Asamblea Legislativa la instancia encargada de definir la situación jurídica de los denunciados.
La denuncia, presentada el martes por Saucedo, acusa a los magistrados Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo de los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones. Los cinco magistrados debieron cesar en sus cargos en diciembre de 2023, pero permanecen en funciones tras una polémica autoprórroga.
Mariaca recordó que casos similares ya fueron rechazados por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró su incompetencia para procesar a los miembros del TCP, criterio que fue retomado por la fiscal analista que evaluó la denuncia.
BD/LE
