El diputado de CC Alejandro Reyes cuestionó el proyecto y sostuvo que los legisladores del MAS buscan “validar un discurso político que ya no existe, porque la Justicia ha desmontado el tema del fraude electoral”.
Brújula Digital|02|10|25|
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada un proyecto de ley de “reparación integral” para las víctimas de los conflictos de 2019, entre otros, y lo remitió al Senado.
La propuesta se denomina “Proyecto de Ley de Reparación integral para víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos cometidas en rupturas del orden constitucional”.
El proyecto busca beneficiar a personas que sufrieron vulneraciones graves a sus derechos y reconoce que la “reparación integral” es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado.
“Establece medidas de reparación como restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, aplicables en dimensiones individuales y colectivas. Estas acciones serán implementadas según la gravedad del daño sufrido y su impacto en los derechos y garantías constitucionales de las víctimas, incluyendo aspectos materiales, inmateriales, morales y del proyecto de vida”, se lee en una nota de prensa de la Cámara de Diputados.
La norma contempla los hechos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 7 de noviembre de 2019, que desembocaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia tras las denuncias de fraude electoral. Sin embargo, la propuesta también prevé su aplicación en futuros sucesos.
Críticas al proyecto
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes, electo por Unidad, cuestionó el proyecto y sostuvo que los legisladores del MAS buscan “validar un discurso político que ya no existe, porque la Justicia ha desmontado el tema del fraude electoral”.
“Por lo tanto lo que acá están haciendo es un juego político y por eso el MAS, de salida, se toman (los legisladores) de la mano y se alían para perjudicar a los bolivianos”, agregó.
Reyes advirtió que el “primer día” de la próxima legislatura será abrogada esta y otras normas aprobadas recientemente que, según dijo, perjudican a los ciudadanos.
Durante los conflictos de 2019 se registraron, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, 36 fallecidos y más de 800 heridos.
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