La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó este miércoles, por unanimidad y en sus dos estaciones, el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niños. Ahora, el presidente Luis Arce tiene 10 días hábiles para prmulgar esta norma
Brújula Digital |03|09|25|
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó este miércoles, por unanimidad y en sus dos estaciones, el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. Tras ser sancionado, el documento fue remitido al Órgano Ejecutivo y el presidente Luis Arce dispone de un plazo de 10 días hábiles para su promulgación.
La norma, impulsada por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, busca dar respuesta a los delitos sexuales cometidos a través de internet, redes sociales, plataformas de mensajería, videojuegos y otras tecnologías digitales, ámbitos donde actualmente Bolivia no contaba con un marco jurídico específico.
Durante el debate, diputados del oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de garantizar una mayor protección a los menores frente al acoso y la explotación digital. “Hoy los delincuentes tendrán que pensarlo mil veces antes de actuar, porque ahora los niños estarán protegidos frente a estas prácticas”, afirmó el diputado del MAS, Danny Rojas. Desde Creemos, la diputada María Álvarez destacó que la norma no solo tipifica delitos, sino que también introduce sanciones penales y medidas de prevención.
Principales disposiciones del proyecto de ley:
Nuevos delitos en el Código Penal: se incorporan figuras como el “contacto con fines sexuales a través de las TICs”, “abuso sexual digital”, “exposición a contenido sexual” y “producción y posesión de material de abuso infantil”.
Protección inmediata a las víctimas: incluye medidas urgentes como la eliminación de contenidos abusivos en plataformas digitales y el alejamiento virtual del agresor.
Investigación especializada: autoriza el uso de agentes encubiertos digitales para rastrear y sancionar a los responsables.
Prevención desde el Estado: asigna al sistema educativo y de salud funciones específicas de prevención, detección, denuncia y atención integral de los casos.
Corresponsabilidad compartida: involucra a familias, empresas tecnológicas y gobiernos subnacionales en la protección de los derechos de la niñez.
Armonización internacional: alinea la normativa nacional con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.
El proyecto había sido aprobado previamente en el Senado en abril de este año y analizado en comisiones legislativas, que emitieron informes favorables. Con esta normativa, Bolivia se suma a los países que fortalecen su respuesta frente a las nuevas formas de violencia y abuso sexual en el ámbito digital.
BD/LE