Una superintendencia de compras con la fiscalización de la gente, comunidades de información, recuperar los bienes del Estado afectados por la corrupción durante el gobierno del MAS y la indemnización a las víctimas, son otras ofertas electorales.
Ivone Juárez|28|07|25|
En el marco del derecho al voto informado que tienen las ciudadanas y ciudadanos bolivianos, Brújula Digital, a través de su sector Brújula Electoral, continúa con su ciclo de educación electoral y la presentación de los planes de gobierno que los nueve partidos y alianzas que terciarán en las elecciones generales entregaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En su tercera entrega aborda las propuestas electorales desarrolladas por alianzas y partidos para luchar contra la corrupción (aquí encontrará la primera y segunda entrega).
En su mayoría, los candidatos coinciden en que para luchar contra la corrupción se debe empoderar al ciudadano para que ejerza su derecho a fiscalizar a los funcionarios públicos en la administración los bienes y recursos del Estado, Al mismo tiempo, plantean promover la cultura de la ética y del servicio en los empleados gubernamentales.
La vía –aseguran– es la digitalización del Estado para que la población tenga acceso a información relacionada, sobre todo, con las compras, adquisiciones y licitaciones de Estado. También lanzan propuestas como la creación de una superintendencia compras y de “comunidades informativas” orientadas a la ciudadanía.
En los planes de gobierno también se encuentra compromisos como recuperar los bienes del Estado afectados por la corrupción durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)y una indemnización a las víctimas.
Una de los grandes cuestionamientos a los 20 años de gobierno de MAS es la cantidad y magnitud de los casos de corrupción e irregularidades que fueron denunciados incluso desde el interior del partido. Este contexto ha llevado que Bolivia sea ubicada en los primeros lugares de los países con más corrupción.
En julio se conoció el informe del Índice de Estado de Derecho del World Justicie Project (WJP) 2024, en el que el país se encuentra en el segundo lugar de la lista de las naciones más corruptas, una especie de “subcampeón de la corrupción”.
En el estudio, que mide la “ausencia de corrupción”, Bolivia ocupa el puesto 141 de los 142 países estudiados, después de la República Democrática del Congo. En la región, se ubica en el puesto 29 de 32 naciones. Solo es superada por Nicaragua (en el puesto 137 a nivel global y 30 en la región), Haití (139-31) y Venezuela (142-32), último de la lista.
WPJ valora el estado de derecho en los países a través de ocho factores: restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.
En 2004, en el Índice de corrupción que elabora Transparencia Internacional, Bolivia obtuvo su peor puntuación en12 años. Cayó al puesto 133 de 180, perdiendo un punto respecto a 2023, descendiendo así del lugar 29 al 28 con "muy alto nivel de corrupción". En la región se ubica en el puesto 25 de 32 países, sólo por encima de Venezuela, Haití y Nicaragua.
A continuación, se presenta una recopilación de las ofertas electorales de las alianzas y partidos para la lucha contra la corrupción. Fueron tomadas del sitio TSE.
Alianza para el Pueblo, candidato Jhonny Fernández
La alianza que propone a Jhonny Fernández como candidato a la Presidencia identifica la corrupción como un problema enquistado en la administración del Estado. En ese contexto propone la implementación de una serie de sistemas tecnológico (gobierno digital) para transparentar la administración de los recursos del Estado.
“Se elaborará una ley que obligue a todas las áreas del Estado a publicar información oficial actual e histórica de forma clara, oportuna y permanente (ya no se ocultarán los datos, la información es vital para la toma de decisiones públicas y privadas), un Gobierno abierto”, se lee en la propuesta.
Alianza Libertad y Democracia (Libre), candidato Jorge Tuto Quiroga
Libre señala que la “cero tolerancia a la corrupción” es un tema transversal para el fortalecimiento de la democracia, la justicia y la seguridad en Bolivia. Para enfrentar ese problema propone empoderar al ciudadano sobre sus derechos a la transparencia institucional y la rendición de cuentas.
Para lograr ese objetivo plantea fortalecer la Ley de procedimientos administrativos “que reconoce los derechos de los ciudadanos frente a las entidades administrativas para procesar a los servidores públicos” en caso de casos de corrupción.
En su plan de gobierno, Libre de Tuto Quiroga ofrece la creación de la Superintendencias de Compras con participación de la sociedad civil para fiscalizar los procesos de adjudicación en la administración pública. Al mismo tiempo, se refiere a potenciar el control ciudadano para la transparencia y la rendición de cuentas a través de “comunidades informativas” para fiscalizar y contrarrestar la desinformación y manipulación de datos.
Plantea la indemnización pública para las víctimas de la corrupción y el fortalecimiento de la Contraloría del Estado con la incorporación de tecnología y de “las mejores prácticas internacionales”.
Alianza Popular, candidato Andrónico Rodríguez
“Rechazamos con firmeza la corrupción en todas las formas. No será tolerada, venga de donde venga”, se lee en el programa de gobierno de Alianza Popular que presenta a Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia.
Para luchar contra este problema, la alianza también pone en primera línea al boliviano, organizado a través del control social y de la fiscalización ciudadana, dotado de mecanismos como la digitalización de procesos y el fortalecimiento institucional.
Alianza Unidad, candidato Samuel Doria Medina
La Alianza Unidad declara como principio que en Bolivia no habrá impunidad en los casos de corrupción.
“El Estado tiene que ser honesto. Por eso debemos dar un mensaje clarísimo a la ciudadanía: en Bolivia no habrá impunidad”, se lee en el programa de gobierno.
En la propuesta, la alianza, que tiene como candidato a Samuel Doria Medina, mira al gobierno del MAS y anuncia que impulsará una ley para recuperar los bienes afectados por actos de corrupción: “Hay que decirlo bien claro: lo que hoy nos falta es porque alguien se lo robó. El Estado debe recuperar lo que en estos 20 años el MAS le ha robado a los bolivianos”.
Promete construir un gobierno transparente con la información abierta para que “sea capaz de responder con datos a cada consulta de la población sobre ingresos y gastos”.
Como acciones, Unidad ofrece la creación de la Agencia de Compras del Estado pieza, digitalizar el Estado, crear mecanismos de regulación institucional para racionalizar recursos públicos e implementar una comisión nacional de auditoría del gasto público.
APB Súmate, candidato Manfred Reyes Villa
Súmate promete una lucha sin tregua contra la corrupción y la impunidad a través de la implementación de “mecanismos transparentes de rendición de cuentas, promoviendo una cultura ética en el servicio público”.
Apuesta a la digitalización del Estado para que el boliviano pueda ejercer su derecho a fiscalizar la administración de los recursos públicos.
Libertad y Progreso (ADN), candidato Pavel Aracena
En la propuesta de gobierno con la que se presenta el candidato de Libertad y Progreso, Pavel Aracena se lee que se enjuiciará a los “responsables de la crisis” y de la corrupción en gestiones pasadas. Menciona los casos en que se llevarán adelante los procesos: ejecución de políticas económicas perjudiciales, malgasto y uso indebido de fondos públicos, incumplimiento de normas para la aplicación de recursos, apropiación de bienes públicos, nepotismo, extorsión, distorsión de información pública, alteración o manipulación de procesos electorales y sus resultados, y acoso sexual.
Movimiento al Socialismo (MAS), candidato Eduardo del Castillo
El partido en función de gobierno señala en su plan de gobierno que “la corrupción en Bolivia es el cáncer que ha debilitado profundamente a todas las instituciones del sistema judicial”. En ese contexto, el frente que impulsa la candidatura de Eduardo del Castillo, plantea una transformación de ese órgano del Estado.
Movimiento de Renovación Nacional (Morena), candidata Eva Copa
Morena propone la institucionalidad del servicio público estableciendo una carrera administrativa que garantice que los funcionarios lleguen a determinados cargos por concurso de méritos, capacidad y vocación de servicio, y que sean periódicamente evaluados. Plantea crear la Escuela Nacional de Gestión Pública para “formar a los funcionarios en ética” y el Instituto Plurinacional de Ética Pública para prevenir la corrupción.
De la misma forma, el partido que lleva a Eva Copa como candidata a la Presidencia, ofrece elaborar un código de ética del servidor público, promover campañas sobre la cultura del servicio público y la publicación anual de un informe nacional sobre ética pública.
Mira al ciudadano para proponer una serie de acciones para que éste ejerza su derecho a fiscalizar la gestión pública, exigir resultados y denunciar irregularidades. Para esto propone crear consejos ciudadanos de control social, crear una plataforma de denuncias con protección al denunciante y publicar en línea toda la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas.
Partido Demócrata Cristiano (PDC), candidato Rodrigo Paz
“La corrupción en Bolivia se manifiesta en sobornos, nepotismo, malversación, debilidad institucional, impunidad, burocracia excesiva, falta de ética y deficiente protección a denunciantes”, se lee en el plan de gobierno del PDC, frente tiene como candidato a la Presidencia a Rodrigo Paz.
Así, plantea la institucionalización y modernización del sector público, con la implementación de un nuevo sistema de administración y controles gubernamentales que cuente con un sistema digital de asignación de compras públicas transparente, descentralizado y accesible.
El objetivo es –se lee en la propuesta– que cada proveedor de bienes y servicios demandado por el Estado, en todos los niveles de gobierno, compita de manera anónima y equitativa en todos los procesos de contratación.
Al mismo tiempo propone la aplicación de tecnologías blockchain en los procesos de contratación pública y el uso de contratos inteligentes, para eliminar la discrecionalidad en todos los procesos de compra pública.
Plantea la aplicación de la declaración jurada y del “compromiso ciudadano” para hacer más eficiente la gestión pública, y así reducir “el poder y la capacidad” de los funcionarios públicos para cometer actos irregulares.
BD/IJ
