Proyecto de ley busca erradicar la impunidad en delitos sexuales contra niñas y adolescentes

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La lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en Bolivia alcanzó un punto crítico con el debate del proyecto de ley para “Fortalecer el Acceso a la Justicia a Víctimas del Delito de Infanticidio y Delitos Contra la Libertad Sexual”.

Esta iniciativa, liderada por la senadora Andrea Barrientos (CC) y respaldada técnicamente por el   Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), tiene como uno de sus pilares fundamentales la eliminación definitiva de la figura legal del "estupro" del Código Penal boliviano.

Seis transformaciones claves:

El proyecto de ley plantea seis cambios fundamentales para cerrar vacíos normativos que dificultan el acceso efectivo a la justicia:

1.            Crímenes sin tiempo: Infanticidio y abuso sexual infantil no prescribirán, permitiendo justicia en cualquier momento.

2.            La verdad es un derecho: Las víctimas podrán pedir investigar los hechos, aunque el delito haya prescrito.

3.            Apoyo integral garantizado: El Estado deberá dar atención médica, psicológica y legal gratuita a las víctimas.

4.            investigación clara: Se creará un proceso judicial especial para investigar casos prescritos, sin detención preventiva.

5.            Castigo más duro: Se crean nuevos tipos penales (violación incestuosa), se define el consentimiento, se eliminan atenuantes y se agravan las penas.

6.            Registro obligatorio: Todas las denuncias deberán registrarse en sistemas nacionales para seguimiento y transparencia.

La importancia del proyecto de ley radica en su capacidad para transformar el acceso a la justicia de víctimas históricamente marginadas. Al eliminar figuras legales que beneficiaban a agresores, como el delito de estupro, y al modernizar criterios sobre consentimiento y reparación, Bolivia podría avanzar hacia un sistema judicial más justo, sensible y eficaz.

Frente a los intentos de desinformación que han rodeado el debate, el objetivo de la socialización es amplificar el verdadero sentido del proyecto: proteger a niñas, niños y adolescentes, garantizar el acceso a la justicia y erradicar toda forma de violencia sexual.

La urgencia de eliminar el delito de estupro:

Uno de los ejes principales del proyecto es la eliminación definitiva del delito de estupro. Esta figura ha permitido en muchos casos sanciones leves a agresores sexuales. Los órganos de tratados de derechos humanos recomendaron reiteradamente a Bolivia suprimir esta tipificación para fortalecer la protección de la niñez y adolescencia.

Actualmente, el estupro (artículo 309 del Código Penal) sanciona con 3 a 6 años de prisión a quien, mediante seducción o engaño, mantenga relaciones sexuales con una persona mayor de 14 y menor de 18 años. Esta pena se agrava si del hecho resulta la concepción de un hijo.

La propuesta plantea reemplazar el estupro por el delito de violación a infante, niña, niño o adolescente, con una pena mayor: entre 20 y 25 años de privación de libertad.

Avances legislativos:

Si bien la propuesta, impulsada por la senadora Barrientos, fue aprobada en grande y en detalle en la Cámara de Senadores y, luego, remitida a Diputados para su tratamiento, hasta el momento, su discusión permanece en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión y activistas hacen un llamado urgente a los diputados a priorizar el debate y la aprobación de este proyecto de ley. La eliminación del delito de estupro es un paso crucial para erradicar la impunidad, proteger a nuestras niñas y adolescentes, y enviar un mensaje claro de que la violencia sexual no será tolerada en Bolivia.

El antecedente: el caso Brisa De Angulo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Bolivia derogar el delito de estupro tras identificar serias fallas jurídicas en el caso de Brisa De Angulo, una adolescente que fue víctima de abuso sexual intrafamiliar. El caso fue elevado a la CIDH tras más de dos décadas de retardación de justicia en Bolivia, donde el sistema no logró sancionar al agresor, exponiendo a la víctima a múltiples situaciones de revictimización.

El 20 de enero de 2023, la CIDH sentenció al Estado boliviano por la violación de derechos fundamentales como la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, los derechos de la niñez, la igualdad ante la ley y la protección judicial, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También determinó el incumplimiento de las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, establecidas en la Convención de Belém do Pará.

Finalmente, el proyecto de ley es una oportunidad histórica para modernizar la legislación boliviana, establecer nuevos estándares de protección y garantizar reparaciones efectivas para las víctimas de violencia sexual.

BD/RED