Bolivia vivió crecimiento económico bajo Evo Morales, pero con corrupción. La demanda marítima y la seguridad nacional son clave. La defensa debe integrarse en una estrategia de Estado, combinando poder político, seguridad y desarrollo. Los líderes deben priorizar una visión estratégica para fortalecer el país.
Brújula Digital|18|04|25|
Roberto Rosso
Considerando el acelerado crecimiento económico que tuvo Bolivia, parece oportuno realizar una evaluación desde la disciplina de la estrategia tomando en consideración la compatibilidad de la política con los recursos disponibles y doctrina imperante. Pero más aún, el análisis se justifica teniendo en cuenta la demanda marítima a Chile como objetivo nacional permanente de Bolivia, una salida libre, útil y soberana al océano Pacífico; hoy, en el Siglo XXI uno de sus candidatos a las próximas elecciones chilenas busca entorpecer la política exterior y el derecho internacional al indicar que impondrá barreras arancelarias a las empresas para que no exporten petróleo a Bolivia, tema migratorio de indocumentados.
La Bolivia de Evo Morales registró una estabilidad política y crecimiento económico sin parangón en la historia. Desde luego estuvo mal aprovechada con una corrupción galopante en todos los niveles de Gobierno, consolidando así un Estado nación, bajo la denominación de un Estado Plurinacional con 36 etnias en una sola nación. Paradójicamente quienes dijeron haber cumplido con las leyes del Servicio militar, obtuvieron un curul y la mayoría miro todo este tiempo de soslayo y sin importancia a la Seguridad y Defensa en comparación al dinamismo de las políticas de Defensa de países vecinos, sus gobernantes y la ciudadanía.
Todos los Estados democráticos tienen la misión de proteger el territorio y la nación, lo cual requiere que se genere una serie de dispositivos que soporten dicha función y que se configuren los sistemas de seguridad y defensa necesarios. Hacerlo requiere una serie de reconocimientos y entendimientos de diversos actores que proporcionan la legitimidad de los Estados con el fin de poder utilizar la fuerza. Por consiguiente, cuando se piensa en la seguridad y defensa, hay que pensar en una actividad política, quizás la más política que pueda realizar un Estado. En este sentido, y entendiendo la política como un ejercicio de poder, la actividad concerniente a la seguridad y a la defensa se enmarca como un ejercicio de poder que redunda en el beneficio de la nación y que precisa que se generen leyes, políticas, planes y estrategias que permitan crear esquemas de alerta frente a amenazas y riesgos que permitan fortalecer los dispositivos del Estado.
Los principales documentos directrices de la política de Defensa en Bolivia, identifican los fines, maneras y medios del sector con el objeto de realizar la evaluación desde la disciplina de la Estrategia.
El Plan Nacional de Desarrollo reafirma lo anterior, pero incluso le asigna al sector Defensa el objetivo de apoyar la inclusión socioeconómica y lucha en contra de la pobreza. En consecuencia, el documento Bases para la Discusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia fija objetivos de la Seguridad y Defensa.
Con la evaluación de sus capacidades, el Estado debe diseñar su estrategia para convertir sus debilidades en fortalezas y, posteriormente, mantenerlas o potenciarlas (fortalezas traducidas en el poder de un Estado). Entonces, trasladamos la pregunta rectora del análisis a los candidatos a futuros presidente, vicepresidente, senadores y diputados, alguno de los elegidos desempeñara su papel en la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas del Congreso del Estado y a la cabeza de Bolivia en su calidad de Capitán General de las Fuerzas Armadas y dice: ¿cómo se da la relación entre poder y seguridad y defensa con miras al desarrollo de una gran estrategia de Estado?
Estos cargos privilegiados deben tener una idea clara para analizar la relación entre poder y seguridad y defensa en el desarrollo de una gran estrategia de Estado. Así lo ven los estadistas de Estado cuando potencian sus Fuerzas Armadas. Para lograrlo, es necesario entender qué significa el poder (a nivel conceptual) y cómo se materializa, analizar la seguridad y la defensa a la luz de la gran estrategia y entender cómo se conforma la relación entre la seguridad y la defensa con el poder político.
De manera más clara, el Gobierno debe pensar, esquematizar e implementar una estrategia desde los altos niveles gubernamentales, a partir de la comprensión del poder político como parte del ejercicio de la seguridad y la defensa, con la intención de consolidar un proyecto político específico que permita alcanzar las metas fijadas por el Gobierno.
Si se toman las definiciones del Diccionario Político, Estratégico y Militar, la defensa se puede entender como aquella operación de combate diseñada para derrotar a un atacante e impedirle a este que logre sus objetivos. Definición que se enfoca hacia lo militar, basado en una estrategia operativa; sin embargo, cuando se elevan los niveles de análisis en una estrategia nacional, la defensa se supedita a una estrategia mayor que compromete los niveles políticos, dentro de la seguridad nacional, la cual se puede entender como una: Situación en la cual los intereses de la Nación se hayan cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales. Situación que permite a los ciudadanos poder desarrollar sus condiciones socioeconómicas y políticas sin riesgos o amenazas sus actividades normales, función política que involucra los campos: político, diplomático económico, tecnológico, social y desde luego el militar.
La relación entre política y seguridad solamente se puede entender mejor a partir de la definición de poder nacional, debido a que este se refiere a la combinación de capacidades estatales que genera una situación de estabilidad y desarrollo.
El breve análisis de la seguridad y el poder nacional permite afirmar que las necesidades políticas de un Estado son definidas mediante el desarrollo de una estrategia de Seguridad Nacional, algo que no sucede siempre, ya que el decisor político se deja atrapar por lo inmediato. Hoy lo inmediato es velar por la seguridad y defensa como bien público bajo la premisa de que el gobierno necesita reducir la incertidumbre del decisor político y tomar decisiones rápidas y acertadas: Seguridad, autoridad y orden para la libertad, Imperio de la ley y la convivencia, Alianza contra la corrupción, él narcotráfico, el COT y participación ciudadana. Conclusión: La relación de seguridad y la defensa es el resultado de una interacción de gobierno (gobernantes y gobernados), generan situación de gobernabilidad.
Roberto Rosso