Evo plantea jornada laboral de 10 horas, austeridad, eliminar renta a exdignatarios y otros para reducir el déficit fiscal en 50%

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Una propuesta de austeridad estatal, digitalización de la administración pública, eliminación de privilegios y control de sobreprecios en compras públicas podría generar un ahorro anual de hasta 15.000 millones de bolivianos, equivalente al 50% del déficit fiscal, según estimaciones planteadas por el expresidente Evo Morales en su programa radial en RKC.

“Primero, austeridad. Estimamos que con austeridad se puede lograr un ahorro de 10.000 millones de bolivianos al año. Segundo, con un Estado digital, eliminando el uso de papel y otras acciones directas, se pueden ahorrar otros 1.000 millones. Tercero, cero plata para expresidentes y exvicepresidentes. ¿Tanto robaron?”, cuestionó Morales.

El planteamiento también incluye la eliminación de gastos innecesarios detectados en instituciones públicas. Como ejemplo, denunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compra salteñas a un precio de 13 y 14 bolivianos por unidad, cuando en el mercado cuestan mucho menos. Asimismo, cuestionó la existencia de gerentes públicos que perciben sueldos mensuales de entre 40.000 a 60.000 bolivianos sin presentar resultados. “Solo con ese control, podrían ahorrarse 5.000 millones más”, afirmó.

Respecto a la subvención a los hidrocarburos, consideró que “tarde o temprano se debe eliminar, de manera gradual y sectorial”, previa concertación con la población y garantizando la protección de los sectores más vulnerables. “Desde abril de 2023 dije que esa exagerada subvención es un cáncer para la economía. Arce me respondió que no se tocaría, pero no hay resultados para la libre importación”, recordó.

El planteamiento concluye con un llamado a la racionalización de privilegios en el aparato público: “Que se compren sus celulares, que se tomen su café con su platita, y eliminando esos gastos innecesarios, y trabajando hasta 10 horas si es necesario —seguramente la COB va a protestar—, pero hay que salvar Bolivia”.

La propuesta surge en medio de una creciente presión por la crisis fiscal y la discusión sobre la política de subvención a los combustibles, que en 2024 cerró con un costo superior a los 1.300 millones de dólares para el Estado boliviano.

BD/LE

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