En conmemoración a los 200 años de la fundación de Bolivia, Brújula Digital presenta su Especial Bicentenario que propone un recorrido plural por las múltiples capas que configuran la historia, la identidad y el porvenir del país. Son 17 ensayos que son publicados en este espacio.
Brújula Digital|11|08|25|
Waldo Albarracín
La evolución y los contrastes de los derechos humanos son asuntos largos y complejos; describirlos exige un texto extenso. Sin embargo, con el fin de ofrecer a la ciudadanía elementos básicos sobre un tema tan relevante, se señalarán aspectos trascendentales que caracterizaron diversas coyunturas de nuestra historia, marcada por avances y retrocesos.
Es preciso remontarse a la época precolonial y destacar que las culturas indígenas contaban con formas propias de organización y justicia, basadas en la reciprocidad y la solidaridad, aunque esa convivencia no fue uniforme. Regía la justicia comunitaria que, bajo el régimen del incario, planteaba un sistema punitivo materializado con sanciones drásticas cuando se transgredía la trilogía de valores ama sua, ama llulla y ama qhilla (no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas perezoso), incluso con la pena de muerte. Ello contrasta con la concepción vigente en varias regiones rurales, donde la justicia comunitaria opera como mecanismo sumario, transparente y participativo: la comunidad se reúne en sesión plena para dilucidar y decidir sobre determinada inconducta de alguno de sus miembros y adopta medidas correctivas que subsanan el daño causado a la eventual víctima.
No se debe olvidar que todos los imperios, incluido el incaico, se consolidaron mediante invasiones y dominio militar, de modo que la convivencia colectiva no fue necesariamente horizontal. En nuestro caso, el inca y su familia gozaban de privilegios similares a los de cualquier familia real de la Europa medieval, prueba de que no todas las personas eran iguales.
Con la instauración de la Colonia española, cuyo objetivo principal fue el saqueo de minerales y, como fin secundario, la conversión de los indígenas al cristianismo, la metrópoli impuso una estratificación social. En la cúspide de la pirámide estaban los españoles peninsulares con derechos plenos; un peldaño más abajo se ubicaban los criollos, descendientes de españoles nacidos en tierras conquistadas. En tercer lugar, figuraban los mestizos, hijos de españoles y mujeres indígenas, con menos derechos que los anteriores. El cuarto escalón correspondía a los indígenas —quechuas, aimaras y de otras naciones originarias—, a quienes solo se le reconocía el derecho a la vida, con restricciones en los demás. En el quinto nivel se hallaban los esclavos africanos, traídos para la explotación minera y privados de todo derecho.
En este contexto de indefensión, destacan tres testimonios contundentes de violación de derechos humanos:
La mita, sistema de explotación minera que sometía a esclavos e indígenas a trabajos inhumanos de los que muchos no retornaban.
Las encomiendas, por las que los indígenas quedaban bajo el tutelaje de un encomendero español “encargado” de educarlos en la religión cristiana y “enseñarles a comportarse como personas”.
El pongueaje, que obligaba a los indígenas a prestar servicio doméstico gratuito a familias terratenientes en condiciones precarias.
Con el nacimiento de la República, la primera Constitución, redactada por Simón Bolívar e inspirada en el liberalismo, al igual de las que le sucedieron, estableció el principio de igualdad ante el Estado y la ley. No obstante, mujeres e indígenas analfabetos recién ejercieron el voto en las elecciones de 1956, 131 años después de la fundación del país.
En este pasaje por la historia, conviene reconocer avances vinculados a derechos individuales y colectivos. Destaca la abolición de la esclavitud en 1851 durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzu; su Constitución declaró: “Todo hombre nace libre en Bolivia, todo hombre recupera su libertad al pisar su territorio. La esclavitud no existe ni puede existir en él”. Antes, en 1831, el mariscal Andrés de Santa Cruz había dictado sin éxito un decreto con el mismo fin.
La reforma constitucional de 1938, impulsada durante el gobierno de Germán Busch, adoptó el constitucionalismo social y permitió la participación de trabajadores en la asamblea constituyente. Se reconocieron el seguro obligatorio contra enfermedades, accidentes, invalidez, maternidad y muerte; el salario mínimo; las vacaciones pagadas, y la regulación del trabajo femenino, pasos hacia un Estado protector de derechos económicos, sociales y culturales.
En 1945, el gobierno de Gualberto Villarroel abolió el pongueaje y el mitanaje, en atención a demandas del primer Congreso Indígena. La Revolución de 1952 añadió cuatro medidas emblemáticas: reforma agraria con entrega de tierras a campesinos, nacionalización de las minas, voto universal y reforma educativa. Aunque estas conquistas no fueron derogadas, con el tiempo se distorsionaron y surgieron nuevas formas de vulneración de derechos humanos.
La práctica política durante el desarrollo del Estado republicano estuvo marcada por la intolerancia y la falta de diálogo y debate pacífico, lo que obligó a muchos gobernantes a exiliarse tras concluir su mandato.
En el escenario de las luchas sociales de trabajadores por mejores salarios quedaron marcadas varias masacres:
– Uncía, 4 de junio de 1923, cuando el Ejército reprimió a mineros que exigían la libertad de sus dirigentes; hubo siete muertos y más de cien heridos.
– Catavi, 21 de diciembre de 1942, durante el régimen de Enrique Peñaranda; las fuerzas estatales neutralizaron una movilización obrera con un saldo de 20 muertos y medio centenar de heridos.
– Terebinto, 19 de mayo de 1958, bajo la presidencia de Hernán Siles Zuazo; ciudadanos cruceños que reclamaban mejores regalías para su departamento sufrieron represión y varios murieron.
– San Juan, madrugada del 24 de junio de 1967, durante el gobierno del general René Barrientos Ortuño; tropas de los regimientos Ranger y Camacho atacaron a familias mineras, dejaron una veintena de muertos y 70 heridos.
– Tolata y Epizana, entre el 22 y el 31 de enero de 1974, en la dictadura del general Hugo Banzer; la acción militar apoyada por la Fuerza Aérea causó 80 muertos y numerosos heridos.
– La masacre del 1 de noviembre de 1979, bajo el gobierno militar de Alberto Natusch Busch, dejó 300 muertos y más de 500 heridos; el hecho sigue impune.
– Las masacres perpetradas en el régimen del general Luis García Meza incluyeron Caracoles, contra mineros que resistían el golpe del 17 de julio de 1980, y la calle Harrington, el 15 de enero de 1981, con ocho dirigentes del MIR asesinados.
– La masacre de Navidad, diciembre de 1996, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cobró varias vidas en los campamentos mineros de Amayapampa y Capasirca.
– En abril de 2009, bajo el gobierno de Evo Morales, efectivos armados ingresaron en el Hotel Las Américas de Santa Cruz y mataron a tres personas; ese mismo periodo registró la represión de Chaparina en 2011, donde policías agredieron a indígenas que marchaban hacia La Paz. Ambos hechos quedaron impunes.
Causas y factores que impiden la consolidación de un régimen democrático
Aunque la democracia se restableció el 10 de octubre de 1982 y desde entonces no hubo gobiernos de facto, los avances para consolidarla resultaron mezquinos. Persisten factores que mantienen vulnerable la vigencia de los derechos humanos:
1.- Los gobernantes de diferentes regímenes se resisten sistemáticamente a viabilizar la independencia de poderes. Todas las constituciones, incluida la actual, enarbolan este principio; sin embargo, en la realidad fáctica los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) generaron, como estrategia política, las condiciones fácticas para ejercer un control absoluto sobre los demás poderes del Estado, incluidas otras instituciones como el Ministerio Público.
Esta estrategia tiene un complemento que sepulta en definitiva la aspiración ciudadana de encontrar justicia o amparo ante las instancias judiciales en circunstancias de sufrir atropellos. En todos los gobiernos hubo el cuidado de promover en los cargos judiciales a abogados militantes o afines a los partidos encaramados en el poder, en contra de la meritocracia, idoneidad profesional, capacidad y, sobre todo, la vocación de justicia y ética. Debido a esto, la ciudadanía está en manos de gente inescrupulosa, genuflexa, corrupta, con un elevado grado de subordinación hacia el gobierno.
El perfil que buscan los gobernantes para estos cargos es precisamente profesional lo menos honestos posible y más controlables. Esto genera un escenario de indefensión e inseguridad ciudadana. El ejemplo más elocuente de esto lo encontramos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyos miembros, si bien tienen la misión de resguardar la vigencia de la Constitución Política del Estado, en la práctica son los primeros en vulnerarla por conveniencia política e interés económico. Similar descripción se aplica para los fiscales, que promueven el encarcelamiento de inocentes y la impunidad de culpables.
2.- La Defensoría del Pueblo, otrora garante de derechos, muestra subordinación política y perdió credibilidad. La sociedad civil también sufre represión, caso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, cuyos miembros tienen impedido, por orden del régimen, el ingreso a su sede.
3.- El Estado boliviano es suscriptor de un conjunto de pactos y convenios sobre derechos humanos, que tienen efecto vinculante y forman parte del bloque de constitucionalidad; sin embargo, la ausencia de una cultura de derechos humanos en la sociedad política ocasiona que dicha normativa se la incumpla consuetudinariamente.
Es más, no existe una política de Estado destinada a la educación, difusión, promoción de los derechos humanos, porque no es interés de los gobernantes.
4.- Los organismos internacionales creados para la vigilancia a los estados en aras de la defensa de los derechos humanos resultan insuficientes y, en muchos casos, ineficientes, salvo algunos casos excepcionales en que mostraron eficiencia en su trabajo.
5.- Si bien los gobiernos han demostrado un profundo y exagerado autoritarismo en su relación con la sociedad civil, esta asimiló las lógicas de relacionamiento de la sociedad política, lo que se plasma en varias formas de comportamiento de la gente, como la discriminación racial, discriminación de género, el machismo, la violencia doméstica, el acoso y hostigamiento sexual, además de una cultura autoritaria e intolerante que se mantiene vigente sin señales de reducción.
Reflexión final
Mientras la democracia se reduce a su mínima expresión, el autoritarismo y la intolerancia avanzan de forma exponencial. Para revertir esta tendencia es imprescindible establecer una política estatal de educación y concienciación sobre la importancia del respeto a los derechos humanos, con el propósito de construir un país democrático, solidario, tolerante y comprometido con la justicia social. Resulta urgente apartar a quienes trafican con la justicia y confiar esta labor a verdaderos apóstoles del derecho.
Waldo Albarracín es abogado, fue rector de la UMSA, Defensor del Pueblo y presidente de la Apdhb.
