|ANÁLISIS|Deudas sociales en un Bicentenario que demanda responsabilidad|Mirna Quezada|

Brújula Digital|09|01|25|

Mirna Quezada Siles

En el marco del bicentenario de Bolivia cabe resaltar que los 18 años de gobierno del MAS han dejado un legado ambivalente en cuanto a las deudas sociales del país. A pesar de avances en inclusión y relativa reducción de pobreza, persisten profundas brechas en áreas como salud, educación y justicia. Este período ha estado marcado también por un creciente cuestionamiento al uso de recursos públicos, con denuncias de despilfarro y corrupción que han limitado el impacto de las políticas sociales.

Adicionalmente, la solicitud de un presupuesto de 300 millones de bolivianos para las celebraciones del Bicentenario se presenta en un contexto en el que la economía boliviana sufre un déficit fiscal elevado y una inflación creciente, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de destinar tales sumas a festividades mientras se ignoran las necesidades más urgentes de la población. 

Los hechos han demostrado que los excesos en el gasto público contribuyen a agravar la situación económica y es esencial que este aniversario no sea un pretexto para repetir errores del pasado ni mucho menos aprovechar la oportunidad para hacer proselitismo en un 2025 que se pinta electoral.

Este año debe ser un periodo marcado por la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno central y también -por qué no- por los gobiernos locales. Es crucial que se informe a los ciudadanos sobre las acciones positivas y los esfuerzos por revertir traspiés que existieron con obras y acciones.

Durante el bicentenario no podrán dejarse al olvido por ejemplo, los daños causados al medio ambiente, especialmente tras los devastadores incendios que han destruido grandes extensiones de biodiversidad, afectando a comunidades y ecosistemas enteros. Estos eventos no sólo exigen respuestas inmediatas, sino también políticas de prevención y restauración ambiental a largo plazo.

Asimismo, es necesario abordar el despilfarro de recursos en proyectos considerados “elefantes blancos”, construcciones de alto costo como el Museo de Orinoca que es más un culto al ego de un expresidente, actualmente cuestionado y otras obras de infraestructura que han quedado inconclusas o no cumplen su propósito original. Estas inversiones mal dirigidas representan un ejemplo claro de ineficiencia y corrupción que afecta a los contribuyentes y limita el desarrollo social y económico. Revisar, evaluar y sancionar las malas decisiones en la ejecución de estos proyectos es una tarea urgente para garantizar el uso responsable de los recursos públicos.

Además, la eficiencia en el manejo de los impuestos es otro aspecto crucial y esto incluye la implementación adecuada de medidas como la devolución del RE-IVA, que representa un alivio directo para los sectores más vulnerables de la población. Este beneficio ha sufrido retrasos y falta de claridad en su implementación, lo que genera frustración entre los contribuyentes que más lo necesitan.

De igual forma, es fundamental priorizar la mejora de las rentas para los jubilados, una población que ha sido sistemáticamente desatendida e incluso perjudicada, particularmente debido a la discutible tarea de la Gestora Pública. Esta institución, creada con recursos traspasados de las AFP, no tiene imagen confiable para gran parte de la población al no garantizar un manejo transparente de los fondos de pensiones. 

Varios jubilados han reportado problemas en el proceso para acceder al aumento, incluyendo trámites complicados y falta de claridad sobre cómo se implementará el reajuste. Esto ha generado frustración entre aquellos que sienten que no están recibiendo la atención adecuada por parte de las autoridades. Velar por las necesidades de los jubilados no es sólo una obligación, sino una responsabilidad moral y social que el Estado no puede seguir aplazando.

En lugar de perpetuar una cultura de opacidad y desinformación, el gobierno debe comprometerse en este bicentenario de Bolivia a actuar con responsabilidad fiscal y ética, priorizando el bienestar de todos los bolivianos. Esto incluye un compromiso real para abordar las necesidades de los grupos más vulnerables, restaurar la confianza en las instituciones públicas y evitar el uso de fondos estatales en actividades que no generan un impacto positivo en la sociedad.

La celebración del Bicentenario también debe ser una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, pero también para construir un futuro sólido y equitativo. La historia no sólo se celebra; se aprende de ella. Por lo tanto, es imperativo que las conmemoraciones vayan acompañadas de acciones concretas que aborden las crisis económicas y sociales actuales así como promuevan un desarrollo sostenible que beneficie a toda la nación.

El desafío radica en construir un relato inclusivo que reconozca las diversas voces y experiencias que han tejido la historia boliviana. Sólo así se podrá avanzar hacia un futuro donde el conocimiento histórico no sea manipulado por intereses políticos, sino que se convierta en una herramienta para la cohesión social y el desarrollo nacional.

El Bicentenario de Bolivia representa una oportunidad única para reflexionar profundamente sobre la historia del país y su representación en los textos. En este marco, la creación de un Libro de la Historia de Bolivia en el Bicentenario, como parte del Plan Estratégico Nacional, debería ser un proyecto que priorice la veracidad y la rigurosidad académica, dejando de lado las influencias políticas que han distorsionado la narrativa histórica. Para lograr este objetivo, sería interesante conformar un grupo de destacados historiadores, escritores e intelectuales que trabajen de manera colaborativa en la redacción de esta obra.

Este aniversario, no puede convertirse en una excusa para continuar con el desperdicio de recursos en un país que enfrenta una crisis social y económica aguda. Por el contrario, debe ser visto como una oportunidad para impulsar proyectos sostenibles que fortalezcan la identidad nacional, promueva la educación y generen beneficios reales para la población, demostrando así que la conmemoración puede ser un motor de transformación positiva antes que quedarse en los tradicionales discursos monótonos, redundantes e incluso embusteros.

Mirna Quezada Siles es comunicadora social.