|ANÁLISIS|El parlamentarismo en Bolivia|Roberto Laserna|

Brújula Digital|20|09|24|

Roberto Laserna 

Bolivia nació como República con una propuesta de organización parlamentarista. Nunca la ejercimos plenamente pero con frecuencia el parlamentarismo nos sacó de problemas. Tal vez haya llegado la hora de asumir plenamente ese modelo y nos lleve a soluciones.

En efecto, el parlamentarismo tiene una larga, pero ignorada historia en nuestra vida republicana. A los caudillos nunca les interesó rescatarla o respetarla y por eso también hemos tenido un entorno político favorable al surgimiento de caudillos. Proponemos rescatar la tradición parlamentaria y, con ella, recuperar una democracia más efectiva, estable e inclusiva.

Cuando uno repasa la historia de la fundación de nuestra república sin apasionamientos, llega rápidamente a la conclusión de que fue un proceso acelerado, con mucho de espontáneo y aún más de improvisación. En 1809 comenzaron a formarse juntas gubernativas como parte de una disputa sobre lealtades a los gobernantes de España, reino del que formábamos parte.

No estaba claro ni siquiera para virreyes y oidores si el monarca estaba siendo o no respetado por el invasor francés y qué cambios implicaría formar parte del imperio napoleónico. Muchos cambios en el Gobierno de Charcas se dieron por conflictos y desavenencias sobre quién era más leal a Fernando VII o quién lo estaba traicionando para inclinar la balanza hacia su hermana Carlota o hacia el invasor francés. La península estaba en caos y las tensiones eran violentas con guerrillas, sublevaciones y represión militar.

Por supuesto, no faltaron quienes percibieron en esas fisuras la oportunidad de desplazar a las élites gobernantes y ocupar su lugar, reivindicando anteriores conflictos tributarios con la promesa de establecer una gestión más cercana a las particularidades locales.

En 1812 se proclamó en Cádiz una Constitución con participación de delegados de la España americana que instauraba Cortes (Parlamento) elegidas para una monarquía de poderes limitados. Al ser liberado, Fernando VII la rechazó y trató de restablecer el absolutismo, disolviendo las expectativas de renovación e impulsando sin quererlo la alternativa independentista.

Para 1825, los virreinatos de Lima y Buenos Aires ya habían declarado su independencia y Charcas, que había formado parte de ambos y donde se mantuvo el último bastión realista, tuvo que tomar una decisión. Para ello fue convocada una Asamblea Deliberante que, con más entusiasmo que debates, declaró la independencia bajo la forma de una república unitaria y representativa. Sus actas no permiten conocer mucho más de los aspectos sustanciales del debate, dejando entender más bien que todo ocurría de forma muy rápida y sorpresiva. Tanto, que se encomendó a Bolívar la elaboración de una Constitución.

Hasta ese momento, la poca experiencia política que se había desarrollado desde 1809 muestra que las decisiones se tomaban en cuerpos colegiados de representantes.

No puede extrañar entonces que Bolívar propusiera una Constitución casi parlamentarista, como me lo hizo notar el jurista José Antonio Rivera en una conversación reciente. Las mayores críticas a esa Constitución se centran hasta hoy en el carácter vitalicio que proponía para el Presidente. Pero éste no gobernaba sino que tenía funciones de Jefe de Estado, más centradas en la selección y designación de autoridades que en la gestión del Gobierno.

El verdadero jefe de Gobierno en el modelo propuesto por Bolívar era el vicepresidente, que el Congreso elegía a propuesta del Presidente. El Congreso debía formarse por tres cámaras con roles diferenciados, siendo los temas más inmediatos tratados por los tribunos, las cuestiones de Estado por los senadores y la supervisión y vigilancia de autoridades por la de censores. Todos tenían mandato nacional pues no se reconocían circunscripciones. Todos eran elegidos por el cuerpo electoral, previamente elegido por los ciudadanos.

El carácter parlamentarista lo daba el hecho de que el Vicepresidente no era solamente sucesor del presidente, sino sobre todo el responsable de la administración del Gobierno junto con los ministros. El presidente podía destituirlo y nombrar a otro, siguiendo el mismo procedimiento de consulta y aprobación parlamentaria. Por lo tanto, si bien el presidente debía ser vitalicio, el vicepresidente no.

De manera semejante a otros sistemas parlamentarios, el presidente tenía responsabilidades limitadas y principalmente simbólicas y ceremoniales, y las de escoger al personal clave del Estado, como el ya mencionado caso del vicepresidente, de los ministros, magistrados y prefectos, pasando casi siempre por el aval o la supervisión del Congreso, que en caso necesario podía enjuiciar a todos, incluyendo al presidente a pesar de su condición vitalicia. 

La Constitución de Bolívar nunca llegó a cumplirse y tuvo una vida efímera. En 1831 fue reformada y, entre otras cosas, desparecieron los cargos vitalicios incluyendo los de la Cámara de Censores.

pero las asambleas o congresos tuvieron siempre un rol importante, ya sea para la ratificación de presidentes que habían ascendido por golpe de Estado o para intervenir formalmente en la elección presidencial cuando la votación ciudadana no alcanzaba ciertas condiciones. La Constitución de 1967, que estuvo en vigencia con pequeñas reformas hasta 2009, permitió que el Parlamento fuera el escenario de alianzas y acuerdos políticos para la formación de los gobiernos de Hernán Siles, Víctor Paz, Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada en dos ocasiones, y Hugo Banzer. En una ocasión eligió al segundo más votado y en otra, al tercero. El Congreso también formalizó los ascensos al poder de Walter Guevara, Lidia Gueiler, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y Jeanine Añez, aunque en estos casos no podía elegir otras opciones.

Cuando el Parlamento tuvo chances efectivas de elegir, contribuyó también a la formación de coaliciones de Gobierno, lo que permitió que se tipificara a este sistema como semiparlamentario o de presidencialismo híbrido.

La más reciente Asamblea Constituyente actuó en contra de esa tradición y fortaleció el Poder Ejecutivo instituyendo incluso instrumentos caudillistas de vinculación directa con la población, como los que llaman de democracia directa y participativa, con menosprecio de los sistemas de mediación y representación política. Estamos viviendo el resultado de este experimento.

Sabemos que se viene un cambio y no es bueno improvisarlo. Por ello, debemos indagar en nuestra historia, recuperar lo bueno que encontremos en ella, y proyectar un mejor futuro. No creo que sea aconsejable volver al sistema híbrido, porque dependía demasiado de la voluntad de los actores y de la posibilidad de recurrir a los vacíos institucionales. Es mejor asumir con franqueza y transparencia un sistema parlamentario en el que sea posible articular el encuentro de las regiones, las etnias, las generaciones y las ideologías.

Roberto Laserna es investigador de CERES.