|OPINIÓN|El 17 de julio continúa presente|Waldo Albarracín|

EL 17 de julio se convirtió en una fecha emblemática en el marco de la historia política de los bolivianos, fundamentalmente porque nos retrotrae al acontecimiento fatídico del golpe militar acaecido a medio día de esa fecha en el año 1980, cuando paramilitares al servicio de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, cerca al mediodía, como parte del operativo y plan golpista, asaltaron las instalaciones de la Central Obrera Boliviana.

Paramilitares y militares, metralleta en mano, tomaron presos a patriotas que se encontraban al interior de la sede de la referida organización sindical, para apresar a los integrantes del Comité de Defensa de la Democracia (CONADE), entidad presidida por la COB, efectuar disparos y herir mortalmente al líder del Partido Socialista Uno, Marcelo Quiroga Santa Cruz, para luego llevarse a todos a las caballerizas del Estado Mayor y someterlos a inhumanas sesiones de tortura.

Simultáneamente la cúpula militar invadía el “Palacio Quemado” para defenestrar del gobierno a doña Lidia Gueiler Tejada e imponer un presidente de facto en la persona del general Luis García Meza, con un ministro del terror, Luis Arce Gómez, artífice de la implementación del terrorismo de estado en el país, protagonizando de esta forma una de las etapas más siniestras en la historia política de Bolivia.

Transcurrieron 44 años desde entonces y el viacrucis sufrido por el pueblo boliviano por efecto de la dictadura de García Meza y Arce Gómez marcó huella profunda en el país por la cantidad de gente asesinada, la matanza de las víctimas de la calle Harrington el 15 de enero de 1981 o la masacre de Caracoles contra trabajadores mineros, crímenes de lesa humanidad que quedaron en la impunidad no obstante el Juicio de Responsabilidades instaurado contra los principales responsables años después y la respectiva sentencia condenatoria.

No fue suficiente porque no todos los autores materiales e intelectuales de estos crímenes  fueron enjuiciados, pero queda el antecedente positivo de que el pueblo boliviano, dignamente representado por entidades valiosas por entonces como la COB, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ASOFAMD, entre otras, como parte civil en dicho juicio, haya logrado que se dicte una sentencia condenatoria contra los militares y paramilitares que  protagonizaron los hechos delictivos tipificados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad.

Dos años después expiró el régimen de facto y en octubre de 1982 retornó la democracia al país gracias a la lucha incansable del pueblo boliviano que nunca se rindió. Después vinieron los gobiernos civiles tras el salto histórico del régimen de las botas al gobierno de los votos.

Empero subsistió la responsabilidad de la sociedad política que nunca estuvo a la altura del pueblo e hizo muy poco para promover un verdadero proceso de desarrollo democrático, sin que ello signifique desconocer puntuales avances, pero insuficientes ante la legítima aspiración de un país que quiere vivir bajo un estado de derecho.

La involución democrática se profundizó con la llegada al poder el año 2006, irónicamente por la vía de las urnas, de uno de los presidentes más nefastos que tuvo Bolivia, Evo Morales. Aplico esta calificación con absoluta objetividad, basado en las características particulares de un personaje, incapaz de redactar dos párrafos por su propia inspiración, de vocación autoritaria, intolerante, corrupto sin límites, de discurso izquierdista pero de procedimientos derechistas y fascistoides en su relación con los adversarios políticos, al extremo de ser autor de crímenes de lesa humanidad que obviamente están impunes; supuestamente defiende a los marginados, pero él tienen un nivel de vida y de consumo similar a los ricos de la sociedad occidental.

El cuestionamiento a la dictadura militar de Luis García Meza de parte de la comunidad internacional fue unánime y contundente, incluso del gobierno de Estados Unidos, especialmente por su vinculación al narcotráfico.

Sin embargo, tanto el régimen de Evo como el actual de Luís Arce, que exponen marcadas similitudes con la cuestionada dictadura militar, encuentran importantes espacios de permisibilidad en los foros internacionales.

Sólo se mira de reojo la existencia de casi tres centenares de presos políticos, incluida una expresidenta constitucional, se es permisivo con los crímenes de lesa humanidad cometidos, no se cuestiona la ausencia absoluta de independencia de poderes ni se observa la peligrosa situación de indefensión ciudadana al que está sometido el pueblo boliviano, con jueces y fiscales genuflexos y subordinados al poder político y una ostensible relación con el narcotráfico.

Sin exagerar, el 17 de julio sigue vigente y bien presente, Luis García Meza y Luis Arce están muertos, pero son sustituidos perfectamente por Evo Morales y Luis Arce. 

Waldo Albarracín, abogado, fue Defensor del Pueblo, presidente de la APDHB y rector de la UMSA.