El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, manifestó que esta norma, lejos de buscar el propósito de devolver o restituir el 12% del IDH, lo que hace es reafirmar el carácter confiscatorio de los recursos a los gobiernos autonómicos. “Necesitamos una ley que pueda devolver más de 250 millones de dólares a las gobernaciones, municipios y universidades”.
Brújula Digital |04|06|20|
El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, indicó hoy que la entidad departamental rechaza el proyecto de Ley de Recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para las entidades territoriales autónomas y universidades, que fue aprobado ayer miércoles en la Cámara de Diputados, pues esa norma no devuelve el 12% del IDH como se debería establecer.
“Desgraciadamente, esta ley, lejos de buscar el propósito de devolver o restituir el 12% del IDH, lo que hace es reafirmar el carácter confiscatorio de los recursos de los gobiernos autonómicos. Por eso, nuestro más vehemente rechazo al proyecto aprobado. No es una ley útil ni para la emergencia ni corrige la injusticia que había hecho el Gobierno de Evo Morales, de confiscar recursos de las gobernaciones”, manifestó Peña.
El funcionario del gobierno departamental cruceño, calificó como “irrisorio” el proyecto de ley y lamentó que “se haya aprobado una norma que le falta el respeto al pueblo boliviano que sufre por la pandemia del coronavirus (Covid-19)”.
De acuerdo al proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja, se redistribuye el uso de estos recursos a favor de gobernaciones, municipios y universidades, fondos que de acuerdo a la norma establecida por el anterior gobierno, estaban destinados a la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos.
Ahora, esos recursos económicos se dispondrán para infraestructura, pruebas rápidas y equipamiento para combatir el Covid-19.
Según la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), existe un monto acumulado de 500 millones de dólares por la retención de esos recursos, los que seguirán destinados para la exploración y explotación de hidrocarburos. Lo que se pretende ahora es “dejar de confiscar temporalmente” el 12% a las entidades territoriales autónomas y universidades, para que ese dinero lo destinen a combatir el Covid-19, explicó el funcionario de la gobernación.
El Proyecto de Ley 179/2019 establece que el 50% de los recursos recuperados serán destinados para actividades de prevención, atención y contención del Covid-19, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas; el 25% se destinará a la provisión de alimentos para la población; y el restante 25% al fortalecimiento de la producción local.
Ante esta situación, Vladimir Peña, explicó que la norma, tal como ha sido aprobada, no devuelve un solo peso a los gobiernos autonómicos y, por el contrario, reafirma su carácter confiscatorio.
“Nuestro pedido sigue siendo claro, transparente y directo. Necesitamos una ley que pueda devolver más de 250 millones de dólares a las nueve gobernaciones, 339 municipios y 11 universidades públicas, para que estos recursos puedan ir a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19. No podemos seguir con este centralismo que tanto daño ha hecho al país, (centralismo) en el que se concentra los recursos, que se queda con recursos, que los guarda, como están guardados estos 250 millones y deja a los gobiernos subnacionales la responsabilidad de atender esta pandemia que está azotando al país”, manifestó la autoridad departamental.
La Cámara de Diputados manifestó que esta norma no puede ser retroactiva en su aplicación (devolución de los fondos) puesto que los recursos para exploración de hidrocarburos, ya fueron gastados.
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