Washington Post incluye a Bolivia en grupo de 5 países que afectan a la oposición con el pretexto del coronavirus

Washington DC |30|4|20|

Especial para Brújula Digital

Un extenso reportaje del diario The Washington Post coloca a Bolivia entre los ejemplos de países en los que la pandemia del coronavirus ha sido utilizada para perseguir a dirigentes opositores y amenazar a los medios.

El artículo menciona también a los casos de India, Filipinas, Sri Lanka y Camboya como los lugares donde las autoridades aprovechan las normas especiales aprobadas en combatir la expansión del coronavirus para presionar a los opositores.

“Un ejemplo sorprendente de la represión durante la pandemia es el de Bolivia. Antes del brote, el gobierno de derecha encabezado por la presidenta interina Jeanine Añez ordenó la detención de cientos de opositores, el amordazamiento de periodistas y una campaña de ‘pacificación nacional’ que dejó por lo menos 31 personas muertas, según la Defensoría del Pueblo y grupos de derechos humanos”, dice el diario estadounidense.

El periódico agrega que “en marzo, el extrovertido ministro de Gobierno de Añez, Arturo Murillo, dio a conocer lo que llamó un nuevo sistema de ‘patrullaje cibernético’ –que será dirigido por las Fuerzas Armadas, la Policía y personal de ese Ministerio– con el objetivo de identificar y procesar a quienes se considera que están difundiendo ‘información errónea’ durante el brote de coronavirus”.

La nota menciona el decreto supremo 4.200 que posteriormente estableció que los infractores podrían ser acusados de “un delito contra la salud pública” y enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

Dice el Washington Post que el 15 de abril, “el gobierno de Añez sorprendió a los observadores al anunciar que 67 ‘actores políticos’ ya habían sido acusados de violar el nuevo decreto, y que 37 de ellos habían sido ‘condenados rápidamente’”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, expresó que “el de Bolivia es uno de los casos más claros de un gobierno que aprovecha al máximo esta crisis sanitaria, esta pandemia mundial, para ir tras los líderes de la oposición y restringir las libertades fundamentales”.

Si bien son necesarias las medidas de emergencia para combatir la propagación del virus, algunos gobiernos “parecen estar usando COVID-19 como excusa para violaciones de los derechos humanos, restringiendo aún más las libertades fundamentales y socavando el Estado de derecho”, dijo Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

Otros países

Entre los otros casos mencionados por el diario están el de la liberación, en Sri Lanka, del exsargento del Ejército Sunil Rathnayaka seis días después de la imposición de un toque de queda en todo el país. Rathnayaka fue condenado por el asesinato de ocho civiles, incluidos tres niños, en 2000.

En la India, el gobierno ha avanzado en el polémico enjuiciamiento de un conocido académico y crítico del primer ministro Narendra Modi, Anand Teltumbde, un estudioso del sistema de castas de la India, quien fue arrestado y encarcelado a principios de este mes. Teltumbde, de 70 años, fue acusado en virtud de una ley antiterrorista por sus presuntos vínculos con “extremistas marxistas”. También en la India, dos periodistas de Cachemira están siendo investigados en virtud de la misma ley antiterrorista.

En Camboya, al menos 30 personas –muchas de ellas partidarias de la oposición– han sido detenidas aparentemente por difundir información “errónea” de la pandemia.

Varios gobiernos han aprobado leyes cuyo objetivo declarado es luchar contra el coronavirus pero que, según los opositores, proporcionan herramientas para reprimir las voces críticas y los medios de comunicación. Es el caso de Bolivia, dice el Washington Post, al haber incluido en el DS 4.200 la posibilidad de acusar a personas que “desinformen” sobre la pandemia.

En Filipinas ya se ha detenido a miles de personas por violar la cuarentena y el presidente Rodrigo Duterte ha amenazado con imponer la ley marcial. El gobierno aprobó una nueva legislación a finales de marzo para ayudar a combatir la pandemia. Dos periodistas ya han sido acusados en virtud de la disposición de la ley contra la “información falsa” y ahora se enfrentan a penas de prisión, según el grupo Reporteros sin Fronteras.