En un año, el conflicto en los Yungas dejó 5 muertos y 11 detenidos, entre ellos Franclin Gutiérrez

ANF|28|08|19|

 En un año, el conflicto entre el Gobierno y los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz dejó al menos cinco fallecidos y 11 cocaleros detenidos, sindicados por una serie de delitos. También hubo varios productores de coca aprehendidos durante las movilizaciones y procesados en la vía penal.

La discordia entre cocaleros y el Gobierno se originó tras la promulgación de la nueva Ley de la Hoja de Coca. Para Adepcoca esa norma beneficia más al Chapare. Esa situación inició la ruptura con el Gobierno y persiste en la actualidad, y ha escalado a otros problemas como la erradicación en Los Yungas, detenciones de cocaleros, muertes y heridos, intentos de toma de Adepcoca, creación de una dirigencia paralela afín al Gobierno, la habilitación de un mercado ilegal, entre otros.

La mecha del conflicto se agudizó el 24 de agosto de 2018, cuando la policía denunció una supuesta emboscada de comunarios a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el puente San Antonio, La Asunta, hecho que dejó como saldo la muerte del teniente Daynor Sandoval y siete policías heridos. 

El 29 de agosto, los cocaleros Eliseo Choque (31) y Carlos Vega (54) murieron abatidos por impactos de bala, tras una violenta intervención policial.

Por un lado, el Ministerio de Gobierno acusó e hizo encarcelar a Franclin Gutiérrez, presidente de Adepcoca, acusándolo de ser el autor intelectual de organizar grupos armados para emboscar y atacar a los uniformados. Además de Gutiérrez, la Fiscalía logró que se encarcele a otros tres cocaleros: Osvaldo Bautista, Wilmer Silva y Eliseo Luna (chofer).

A partir de estos hechos, la relación entre cocaleros y Gobierno se mantiene rota hasta la fecha. 

A lo largo del año, los productores de coca se movilizaron constantemente exigiendo la liberación de Gutiérrez y sus demás compañeros, pero las marchas de protesta y bloqueos terminaban reprimidas violentamente por efectivos de la Policía.

Esos enfrentamientos dejaron el saldo de varios cocaleros aprehendidos, procesados en diferentes casos ya sea por portación de explosivos, lesiones, asociación delictuosa y otros delitos.

Alex Quisberth, actual dirigente de Adepcoca orgánica, recordó que después de la ruptura con el Gobierno, varios de sus compañeros ahora enfrentan procesos penales; otros fueron detenidos y algunos son perseguidos en la vía judicial con el propósito de acallarlos y tomar la institución cocalera yungueña.

En el año “hemos tenido 221 procesados, dentro de ese número tenemos aún 11 detenidos, ellos están en el penal de San Pedro, penal de Oruro, otros están en Chonchocorito”, manifestó Quisberth a ANF.

A ellos se suman los muertos que se registraron dentro del conflicto: los dos cocaleros y el teniente Sandoval fallecidos en La Asunta, los asesinatos tanto del secretario de hacienda del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), Eduardo Apaza, y del joven dirigente de Adepcoca Miguel Coico.

Quisberth aseguró que del lado de Adepcoca habría algunos muertos más como parte del conflicto que no fueron esclarecidos.

En relación a los detenidos, el dirigente hizo notar que varios líderes de Adepcoca y de unidades regionales fueron procesados y recluidos, entre ellos sobresalen: Franclin Gutiérrez, Sergio Pampa, Juan Carlos Paco, Saúl Tito Apaza, Wilmer Silva, Eleuterio Mamani, David Condori. Actualmente hay 11 recluidos.

Franclin Gutiérrez: encarcelado sin pruebas

“Ya se cumple un año y lamentablemente la justicia ordinaria, el Ministerio Público que ha hecho seguimiento de este caso, de todas las acusaciones que ha hecho al compañero Franclin Gutiérrez, ni una se ha aclarado”, mencionó Quisberth. 

El dirigente vio con preocupación el encarcelamiento de Gutiérrez sin indicios suficientes y las muertes de los dos cocaleros que hasta el momento no fue esclarecida.

Eusebio Vera, abogado de Gutiérrez, lamentó que su defendido siga encarcelado pese a que existen muchas contradicciones en el proceso penal y no hay indicios suficientes para tenerlo recluido o para llevarlo a juicio.

Franclin Gutiérrez “no estaba en el lugar de los hechos y lo único que tiene el Ministerio Público son declaraciones que a su criterio serían unas amenazas fehacientes e instigación pública a delinquir. Para el delito de instigación necesitamos al autor material, principal, porque tendría que identificarse a quién a instigado Gutiérrez, al momento no tenemos al autor”, explicó el jurista.

Pedirán informe oral al Fiscal General

El abogado Vera envió varias cartas a distintas instituciones, entre ellas la Asamblea Legislativa Plurinacional, Defensoría del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Universidad Mayor de San Andrés, haciendo conocer las contradicciones en el caso y vulneración de derechos de Gutiérrez. 

Aguarda que los legisladores convoquen al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, a dar un informe oral. 

Sobre este tema, el diputado opositor Rafael Quispe dijo que junto a su par Wilson Santamaría pedirá a Lanchipa dar un informe y mostrar los indicios y pruebas que hay contra Gutiérrez.

“Quiero que (el fiscal general) nos muestre prueba plena de que con probabilidad es autor (de los hechos) el señor Franclin Gutiérrez, no pueden mantenerlo en la cárcel un año, sin tener siquiera indicios. En el trascurso de esta semana vamos a presentar una petición de informe oral”, manifestó el diputado.

Para Quispe hay justicia para las víctimas que responden al Gobierno, pero no hay justicia para gente del pueblo que piensa diferente. 

Reafirmó que el proceso contra Gutiérrez es político.