Morales dijo que está “prohibida la venta de tierras” en la Chiquitanía, donde un millón de hectáreas fue arrasada por incendios. Al menos 80 entidades, entre ellas la Iglesia Católica, exigieron la anulación de las normas que alientan el desmonte y quema.
Brújula Digital|27|08|19|
Al menos 80 entidades, entre ellas la Iglesia Católica, exigen al Gobierno la anulación de normas que permiten chaqueo de bosques, pues consideran que son las causantes del mayor incendio forestal en la Chiquitanía. El presidente Evo Morales pasó por alto el pedido y anunció el martes que instruyó “pausa ecológica” en los más de un millón de hectáreas arrasadas por el fuego en el área de la tragedia.
“He decidido, se va a declarar pausa ecológica, que consiste en que donde se afectó el incendio (está) prohibido la venta de tierras y además de eso cómo prepararnos post incendio, porque esto que vamos a combatir tiene que terminarse”, dijo el gobernante a radio Panamericana, desde Roboré, donde arribó el martes para hacer seguimiento a las tareas sofocar el incendio.
Morales se reunió en Roboré con los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Defensa, Javier Zavaleta, además con jefes militares. A la culminación de la misma, informó que había 8.000 focos de calor entre el 17 y 18 de agosto, y ayer disminuyó a 1.038.
El pedido de anulación de normas
La Iglesia Católica criticó la emisión de normas que destruyen bosques y tierras del país. “Nos parece irresponsable por imprudente el decreto 3973 del Gobierno nacional que autoriza las quemas controladas de terrenos y el desmonte”, señala un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).
El lunes, más de 80 instituciones científicas, técnicas y plataformas ciudadanas –como colegios de ingenieros ambientales, veterinarios, universidades, pastorales y asociaciones de productores, entre otras– emitieron un pronunciamiento que exige la derogación.
El 11 de enero de 2013, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un “perdonazo” para los desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, con la condición de que los beneficiarios restituyan sólo el 10% de la cobertura afectada.
El 29 de septiembre de 2015, Morales promulgó la Ley 741, “que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias”. Con esta norma se autorizó los desmontes -por tala o quema- de hasta 20 hectáreas “en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos con Resolución de Autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias con sistemas productivos integrales y sustentables en armonía con la Madre Tierra, protegiendo las funciones ambientales”.
El 15 de septiembre de 2018, Morales promulgó la Ley 1098, de Aditivos de Origen Vegetal, para que Bolivia “ingrese en la era del etanol” y la producción de biocombustibles. Busca “promover la mejora progresiva y sustentable del rendimiento de cultivos destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal. Establecer los mecanismos de control de deforestación y desplazamiento de otros cultivos para la producción de cultivos destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal. Rehabilitar suelos degradados para cultivos destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal”.
El 25 de abril de 2019, el Jefe de Estado aprobó la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconocía “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.
El presidente Morales promulgó en julio de 2019 el Decreto 3973, que legaliza las “quemas controladas” en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Estas normas fueron consideradas por ambientalistas como las detonantes del incendio forestal que arrasó con el millón de hectáreas en la Chiquitanía.
