El presidente del Tribunal Supremo explicó que hay 150 días para la vigencia plena, 120 días para la asignación de elaboración de protocolos y un año para liquidación de causas. Evo pidió terminar con la retardación.
Brújula Digital|03|05|19|
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, que en enero llamó a los periodistas “tergiversadores” y pidió al presidente Evo Morales, que incluya al Órgano Judicial en el programa 'Bolivia Cambia', el viernes dijo que la Ley de Abreviación Penal, promulgada por el jefe de Estado en Sucre, es fruto de la “brillantez” del ministro de Justicia, Héctor Arce.
“No es una ley más que el Estado Plurinacional la está lanzando, es una ley consensuada, es diríamos el producto más exquisito de la adecuada conducción y de la brillantez de la capacidad intelectual de nuestro ministro de Justicia (Héctor Arce) que condujo adecuadamente la comisión 898 que tiene este producto”, sostuvo Revilla en el acto de promulgación, según reporte de ANF.
Con la nueva Ley de Abreviación Penal se pretende acelerar los procesos penales, con medidas como las notificaciones por correo electrónico, plazos para la detención preventiva y la continuidad de los juicios.
Entre los plazos que tiene la norma, Revilla explicó que existe 150 días para la vigencia plena, 120 días para la asignación de elaboración de protocolos y un año para liquidación de causas. Señaló que una vez terminado el régimen de liquidación, el Órgano Judicial se compromete a que los procesos duran “días y no años”, como ahora, y que además “no dependan nunca del poder económico de las personas y de de determinados pactos subalternos”.
Revilla indicó que actualmente hay más de 18 mil causas pendientes, en diferentes etapas, que están siendo atendidas por 91 jueces o tribunales. Dijo que esa es la causa para que las cosas estén mal.
Evo pide acabar con retardación
El presidente Morales
promulgó el viernes la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento
de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y
Mujeres, norma que apunta a acabar con la retardación de justicia en Bolivia.
"Se trata de
cómo la ley de abreviación procesal penal (tiene que) acabar con la retardación
de justicia, esa es la responsabilidad que tenemos", dijo en el acto que
se realizó en Sucre. Manifestó que esa norma acabará con las recurrentes quejas
de las víctimas sobre retardación de justicia y aportará a la transformación
del sistema judicial boliviano, tareas que urgen para beneficio de la
población.
Expresó su deseo
para que la justicia boliviana, con normas elaboradas de acuerdo con las
necesidades de la población, se ubique entre las primeras de la región por sus
características particulares. "En mi experiencia algunos cambios duros son
necesarios, cuesta, saludo el trabajo de ustedes, esperamos que sigan viniendo
proyectos y anteproyectos para cambiar la justicia y también en temas
sociales", indicó.
La Ley tiene seis ejes temáticos
El ministro de Justicia, Héctor Arce, destacó que la Ley de Abreviación Procesal Penal tiene seis ejes temáticos, entre ellos la lucha contra la retardación de justicia. "Surge y nace esta ley que la denominamos Ley de Abreviación Procesal Penal que tiene seis ejes claves y fundamentales que mejorará la vida de la gente a través de la administración de la justicia", dijo.
Detalló que el primer eje establece dispositivos
orientados a que todas las notificaciones, menos las de carácter personal, se
realicen mediante sistema informático de gestión de causas, para que sean más
efectivas. Agregó que en caso de no poder realizar la notificación electrónica,
se realizará en el domicilio procesal señalado por las partes.
Precisó que el segundo eje son las previsiones para
limitar el "uso excesivo o abusivo" de la detención preventiva, para
aminorar el hacinamiento carcelario y establecer mejores condiciones de los
privados de libertad en los establecimientos penitenciarios. "Hoy en día
la detención preventiva se convirtió en la regla y no en la excepción",
agregó.
Arce informó que el tercer eje establece la profundización de la oralidad, que posibilitará mejorar la actividad procesal, las audiencias serán digitalizadas por audio y vídeo, para que las partes tengan acceso inmediato de todo lo desarrollado en la audiencia. "El proceso oral será en un 100 por ciento", subrayó.
Explicó que el cuarto eje establece
la competencia de los tribunales y jueces de sentencia por la gravedad de los
delitos y su relevancia social, que está relacionada a clasificación de hechos
delictivos graves y comunes. Informó que se clasificaron 54 acciones punibles
que por su gravedad serán de conocimiento de un Tribunal de Sentencia
conformado por tres miembros y el resto de los delitos pasarán a tribunales
unipersonales.
Arce agregó que el quinto eje es la incorporación del uso de herramientas tecnológicas que crea la Oficina Gestora de Procesos, instancia administrativa dependiente del TSJ, que dará soporte y apoyo técnico a la actividad jurisdiccional.
Finalmente, dijo, que el sexto eje
establece medidas de protección especial para niñas, niños, adolescentes y
mujeres, "que prácticamente es el reforzamiento de la Ley 348, con un
procedimiento para los casos de violencia".
Anunció, asimismo, que tras su promulgación esa norma tendrá una implementación
de cinco meses y a partir de septiembre de este año "cambiará la justicia
en Bolivia". Esa norma contiene 17 artículos, cuatro disposiciones
adicionales, 18 disposiciones transitorias, ocho disposiciones finales y siete
disposiciones abrogatorias y derogatorias.
