Y ellos siguen; están mal pero avanzan y consolidan

Lo que ocurre en materia electoral en el departamento de Santa Cruz es muy grave, pero no es nada de lo que no se haya hablado antes. Al menos, desde donde pudimos, lo hicimos desde hace mucho tiempo, pero sobre todo después de los terribles incendios de los años 2019-2020, gobierno de Evo Morales.

La denuncia, de alguna manera, se pudo confirmar con el mapa de la “Ruta del Fuego”, que quedó como constancia del excelente trabajo de los ingenieros agrónomos de Santa Cruz y el de la Fundación Amigos de la Naturaleza.

En tiempos de Arce, las cosas no cambiaron; más bien se dieron los “pasos 2 y 3” del plan político, que no fue otra cosa que la aceleración y el apuro por consolidar el espacio territorial y copar electoralmente el espacio para echar a andar, o poner en funcionamiento, la maquinaria electoral masista por la vía de los llamados interculturales.

Esto tiene su consolidación y constatación institucionalizada con la barbaridad que están haciendo en el Tribunal Electoral Departamental, que ha sacado a San Ignacio de Velasco del sitio electoral que se convirtió en el freno de la expansión del masismo; es la única provincia que no ganó el oficialismo en las elecciones nacionales de 2020 y en departamentales de 2021.

Copamiento electoral violento: Las Londras, Santagro, otras propiedades cercanas –entre 70 y 90– tomadas por grupos armados, guerrillas así sean de baja intensidad, que contaron con el apoyo (mirar para otro lado es apoyar) del Ministerio de Gobierno y, desde lo institucional, del sistema judicial, que convirtió la puerta del juzgado en un mecanismo giratorio para Canasa Sacaca y sus amigos, que más tardaban en entrar que en salir a la calle. Los policías con los que conversamos cuentan las penurias de pelear en condiciones desiguales porque están prohibidos de actuar, en primer lugar, y porque son superados por el poder de fuego de los interculturales. Todo esto es para evitar un triunfo de la oposición en las elecciones que se vienen en agosto.

Lamento haber tenido razón cuando denuncié: en el gobierno de Evo Morales se comenzó a mover a los primeros interculturales en la toma del territorio guarayo y chiquitano. Todo se consolidó en el gobierno de Arce Catacora.

Lo dije de manera clara: es la “guerrilla intercultural” que está buscando consolidar espacios políticos y electorales en determinados lugares del extenso lado este del territorio cruceño, y eso es exactamente lo que está ocurriendo.

Reitero: ya lo político lo lograron, lo consolidaron, porque no hay presos importantes; si acaso hay alguno, debe estar cobrando muy bien por ser el sacrificado, porque siguen haciendo lo que les da la gana; continúan extorsionando al que quieren, y ahora el Tribunal Electoral Departamental sale con que no es un asunto del peso poblacional y otras cantaletas, cuando la verdad es que no hay continuidad electoral entre San Julián y San Ignacio y, peor, cultural; entre descendientes aimaras y quechuas y chiquitanos o guarayos no hay nada en común, así cada uno de los territorios consolidados por trabajadores del agro estén relativamente cerca.

La verdad es que es muy grosero lo que han hecho, pero tiene un antecedente que también denunciamos desde antes de que se dieran los incendios de magnitud.

Vale la pena repetirlo: la política de dotaciones de tierras fue la punta de lanza de Morales primero y Arce después. Estas fueron irregularmente cedidas a no originarios del lugar (así dice la ley) y la consolidación de títulos a gente que no trabajó en tierras y, peor aún, conocía de bosques y montes de esa categoría (Santa Cruz). Avisábamos en 2015 que los incendios, que estaban siendo más extensos cada vez, iban a crecer sin control, y eso ocurrió en efecto en las gravísimas quemas de 2018 y 2019.

El informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) calculó que Bolivia perdió, entre 2005 y 2018, unos 18,7 millones de hectáreas de bosques por desmontes e incendios. El año 2019, producto del plan político de Evo Morales, se sumaron más hectáreas. Lo mismo ocurrió en el gobierno de Arce en los años subsiguientes.

En el libro de mi autoría “2019, fraude y después” (ediciones de Bolivia y Argentina), en el capítulo 26: “Política e incendios; Santa Cruz, la pesada carga del chaqueo y la repartija de tierras”, englobé los hechos, que además venía denunciando, como se puede buscar en mis espacios en radio, TV, medios digitalesy periódicos.

En 2019 denunciamos que Evo Morales, el supuesto defensor de la Madre Tierra, decretó, como corolario de la política destructiva de su gobierno, ese mismo año, cuando peor estaba la cosa, el 9 de julio (publicado el 10), la modificación del artículo 5 del Decreto 3973, dejándolo en el siguiente texto:

Artículo único. Se modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, con el siguiente texto:

Artículo 5. En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra-ABT, y sus planes de uso de suelo vigentes. En ambos departamentos se permiten las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan.

Ese DS justificó una acción política de consolidación territorial y, reitero, copamiento electoral de los interculturales, que para entonces tomaban tierras y las legalizaban vía INRA y ABT, legalmente consolidadas y territorialmente tomadas.

Más adelante en el tiempo, se ha podido demostrar que la “Ruta del Fuego” tuvo una relación directa entre el daño y los nuevos asentamientos en los que se hizo uso del decreto de autorización de quemas, emitido por Evo Morales, que luego retiró o, más bien, lo dejó en pausa; como si eso fuera freno.

Ese freno se dio cuando el daño ya estaba hecho, aunque intentó justificarlo a casi dos meses de haberlo firmado y luego de que se hubiera desatado el infierno en la Chiquitania. El intento de justificación fue hecho de una manera totalmente desubicada, considerando el momento que se vivía.

Morales argumentó en favor de las quemas porque, en su criterio: “Las pequeñas familias, si no chaquean, ¿de qué van a vivir?”. Santa Cruz perdió 4,1 millones de hectáreas el año 2019. Recordemos que los fuegos comenzaron en julio; en el país se quemaron 5.1 millones de hectáreas. Así se consolidó la toma del territorio y la consolidación del espacio electoral.

Lo del TDE es simplemente la confirmación de ello. Avisados estábamos…