Y así se nos fue la semana

CEPAL y pobreza

Según la CEPAL, Bolivia es el país que menos redujo la pobreza el año pasado y, si se ven bien los números regionales, continuamos siendo los más pobres de Sudamérica. Son malas noticias para el gobierno, que había pregonado durante el último tiempo sus éxitos en esta materia. Pero la realidad es esa, crecimos como nunca y seguimos pobres como siempre, aunque menos, claro.

Obviamente no hay una relación estricta entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, pero se esperaba que luego de que el PIB creciera a un promedio cercano al 5% en la última década, los cambios sociales fueran más acelerados. El panorama sombrío en este campo se agrava cuando hablamos de salud y educación, dos áreas que reflejan un alarmante estancamiento.

En sólo 12 años, entre 2006 y 2018, los ingresos del país fueron mucho mayores que los que se tuvo en los 181 años anteriores y todo gracias a inmejorables condiciones externas, de las que no gozó ningún otro gobierno en toda la historia republica. Por eso, la sensación que queda es que hubo mucho dinero, pero se hizo muy poco.

El gobierno no ha comentado el informe de la CEPAL. Lo han hecho algunos dirigentes campesinos de Potosí, quienes aseguraron que su vida cambió para bien en los últimos años. La noticia fue, paradójicamente, más o menos simultánea a la muerte de un niño por quemaduras en una incubadora improvisada en el hospital Rosario en Warnes.

Privatización y capitalización

El gobierno ajustó bien los tiempos para que el informe de la Comisión responsable de la investigación de los procesos de privatización y capitalización fuera aprobado en el inicio de la campaña electoral y, justamente, cuando en Santa Cruz estaban reunidos varios de los líderes y ex presidentes que aparecen en el documento como responsables de presuntos delitos.

Al respecto, llama la atención, en primer lugar, que nadie haya observado que la capitalización y la privatización no fueron delitos, sino procesos aprobados por Ley en el Congreso. Si algún mérito –por el lado negativo– tiene el gobierno, es el de haber transformado ambas políticas en herejías y a sus impulsores en los herejes del siglo XX, a los que de paso y con ese argumento quiere intimidar en el proceso que lleva a los comicios de octubre de este año.

Las reacciones de algunos los “presuntos implicados” no fueron del todo felices. El ex presidente y principal candidato de la oposición, Carlos Mesa, fue el primero en salir al ruedo, cuando no tenía porqué hacerlo, ya que nunca privatizó ni capitalizó un solo tornillo. A lo sumo, fue un periodista que atestiguó y comentó el desarrollo de ambas medidas.

La OEA en las primarias

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el envío de una reducida misión de observadores para las elecciones primarias del 27 de enero. En un primer momento, el impulso fue cuestionar esa decisión porque, como lo dijo algún medio impreso boliviano, significaba enterrar para siempre el 21F y validar la repostulación del Presidente Morales. Sin embargo, analizadas las cosas con desapasionamiento y mejor ejercicio crítico, habría que concluir que quienes validaron todo fueron los propios candidatos que aceptaron participar en los inéditos comicios.

Algunos líderes creen que debería aprovecharse la presencia de la misión de la OEA para dejar en claro cuáles fueron los vicios y irregularidades que definen este proceso desde el momento en que se desconoció el voto popular del 21F y se forzó una reelección en contra de lo establecido por la propia Constitución Política del Estado. Los observadores deberían mirar, valga la redundancia, con mucho detenimiento el accionar del Tribunal Supremo Electoral, no sólo el relativo a definiciones de fondo como el de la habilitación del binomio oficialista, sino también sobre temas de “escritorio” como el despido de los funcionarios responsables del manejo informático.

Cumbre opositora

Los candidatos, algunos líderes políticos, el Conade y representantes de las plataformas ciudadanas –no todos, ni los más connotados– asistieron a la Cumbre opositora de Santa Cruz. Para quienes esperaban un pronunciamiento de unidad, la cita fue hasta cierto punto frustrante. En el pronunciamiento final, el plato fuerte fue el pedido a aplicación de la Carta Democrática de la OEA para inhabilitar a Morales, un pedido que con seguridad tomará más tiempo que el que falta para las elecciones de octubre.

Los candidatos presentes se comprometieron a respetar, si ganan, el artículo 168 de la CPE que limita la reelección. Ideal hubiera sido que se comprometan a eliminar esa figura de la Carta Magna, pero optaron por la prudencia. La defensa de los medios de comunicación y el pedido de liberación de los presos políticos también figuraron en el listado de las conclusiones opositoras.

Battisti, el MAS y el abogado de los sopapos

En menos de 48 horas, el gobierno detuvo y entregó a las autoridades italianas al terrorista de esa nacionalidad, Cessare Battisti, lo que provocó una aparente polémica interna entre el ala radical y los moderados del MAS. Quienes en algún momento de su historia política pertenecieron a un grupo terrorista, como el hermano del Vicepresidente, Raúl García Linera, algunos mandos menores y periodistas cercanos a la causa, criticaron la decisión e incluso se atrevieron a decir que Morales había cometido su primer acto verdaderamente contrarrevolucionario. Del otro lado, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, principal objeto de los cuestionamientos, desafió a sus detractores a debatir internamente el tema y los llamó a una suerte de disciplina partidaria. No se sabe qué dolió más, si aceptar un pedido de Jair Bolsonaro, o romper con la solidaridad entre los que algunos han calificado como extremistas.

En medio de todo, algunos pronunciamientos curiosos, como el del ex presidente Jaime Paz Zamora, quien se comparó con Battisti: “Yo también fui prófugo”, dijo, aunque ciertamente fue un perseguido por sus ideas políticas y no un terrorista.

Coincidencia o no, horas después de la partida de Battisti a Italia, se destapó a través de un medio televisivo, el caso del abogado de los “sopapos”, un impresentable personaje que utilizaba la violencia física y la tortura para ajustar cuentas con los litigantes. El hecho hubiera pasado simplemente como una amarga anécdota más de nuestra penosa justicia, de no haber sido porque, desde el propio gobierno, se insinuó que el personaje estaba vinculado con actores de la policía y la justicia, y que operaba desde la cárcel, una acusación destinada a incomodar al Ministro de Gobierno.

El tiro por la culata

Raúl Peñaranda fundó por lo menos tres periódicos conocidos, además de los murales que provocaron polémica en alguna escuela por la que pasó en su adolescencia. Debe ser una de los pocos periodistas en Bolivia que realmente nació para ese oficio y lo ha ejercido con sentido ético y responsabilidad a lo largo de su vida. Tal vez por eso, cuando el gobierno ensaya los ataques en su contra, generalmente sale perdiendo.

Esta vez fue a Entel que le salió el tiro por la culata. Comenzó un proceso penal contra Peñaranda tras la difusión en el periódico en línea Brújula Digital de una denuncia que involucraba a funcionarios de la paraestatal por la contratación irregular de servicios de seguridad privada. Entel no desmintió nada, ni presentó argumentos en su defensa, pero salió a atacar pensando acaso que esa táctica intimidatoria sería suficiente para lograr la retractación del medio.

Al final, la verdad se impuso y a Entel no le quedó más que echar a los denunciados. Ganó la libertad de prensa, perdió el gobierno, como felizmente ocurre desde hace varios años.