Una vez más hoy debemos acudir a las urnas para elegir a las
autoridades más cercanas a la gente, como son los alcaldes, los gobernadores, y
a quienes los acompañarán y supervisarán, en los Concejos y las Asambleas durante
los próximos cinco años.
Pero, cosas del país, una vez más esta elección ha sido convertida en una especie de plebiscito sobre el gobierno por la obsesión centralista y hegemónica del MAS en la administración estatal, por un lado, y porque muchos de los candidatos piensan más en la posibilidad de saltar luego al gobierno central que en solucionar los problemas de la gente, por el otro.
Partamos viendo la elección de hoy teniendo el agregado de una visión nacional. Esto se debe, además de lo señalado, a que buena parte de los adherentes de las diferentes candidaturas han colocado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la mira de sus ataques, tratando de restarle legitimidad y para curarse en salud frente a los probables resultados de las elecciones.
Como en 2020, los vocales de esa instancia, particularmente su Presidente, han sabido resistir las presiones y actuar en base a las leyes vigentes, decisión que permite afirmar que el voto ciudadano será respetado, siempre y cuando ganadores y perdedores también ciñan su acción política en el marco de la ley y no procedan a instigar acciones violentas si los resultados no les favorecen.
Adicionalmente, después de estas elecciones se abre un necesario tiempo de tregua electoral, en el que, es de esperar, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) debe asumir el desafío de readecuar el sistema político-electoral claramente sobrepasado por la realidad. Parece que es ineludible reformar las Leyes en vigencia sobre el tema pues responden, generalizando, a una visión autoritaria del ejercicio del poder y abren una serie de resquicios para aplicar diversos raseros en función a intereses sectarios; fortalecer el padrón electoral y facilitar los trámites a la ciudadanía, y un largo etc. que, evidentemente, no ha sido posible encarar por la necesidad de organizar elecciones nacionales y sub nacionales en tiempos cortísimos.
Pero, debe quedar claro que las autoridades electorales podrán cumplir esa agenda si la ciudadanía ratifica su vocación democrática asistiendo masivamente al acto electoral en circunstancias en que aún se vive el trauma de la pandemia del coronavirus, nuevamente aparecen voces autoritarias y se promulgan normas inconstitucionales dirigidas a copar el aparato estatal, desechando la normativa constitucional vigente.
En el plano regional se siente que en la gestión que comenzó en 20015 las gestiones municipales y departamentales han sido malas (con algunas excepciones), provocando profundas decepciones porque ha sido demasiada grosera la decisión de privilegiar la pugna política, la elevada corrupción manteniendo las normas que la prohíjan y la crisis económica del país en general que ha significado la caída de los ingresos de las Gobernaciones y las Alcaldías. Y, no es poco, la pandemia del coronavirus, porque ha desnudado nuestra fragilidad institucional.
Las elecciones de hoy abren la esperanza de que quienes resulten elegidos hayan reflexionado sobre lo que ha pasado y tengan mayor capacidad para aplicar sus propuestas en un marco de transparencia y eficiencia, sepan consolidar debidamente la autonomía de la que gozan y, lo que no es poco, sepan y puedan controlar las tentaciones de beneficiarse de los dineros públicos. Todo ello, bajo el principio de que su misión fundamental es mejorar las condiciones de vida de la gente.
Es en ese contexto que se ha realizado la campaña electoral y los ciudadanos, hombres y mujeres, debemos encontrar algún mecanismo para equilibrar nuestro voto entre la necesidad de dar un nuevo mensaje de defensa de la democracia y elegir a quienes consideramos que mejor lo pueden hacer en la gestión municipal y departamental.
Vamos a votar…
Juan Cristóbal Soruco es periodista.