Confieso de entrada, que las disculpas me las inventé yo, con la mejor intención porque, cuando Luis Arce, presidente constitucional del Estado, anunció que su gobierno deja, explícitamente, de garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina, no se le ocurrió ni remotamente excusarse.
La ausencia de disculpas muestra que no sospecha que el reconocimiento público de la impotencia del poder conductor político del país acarrea consecuencias que apenas despuntan, dando un intenso empuje al desequilibrio y desgaste de su sostenibilidad.
El régimen de sesgo autoritario que nos encabeza, no se ha graduado como dictadura, no porque ganas le falten, ha consumido de un enorme trago gran parte de las reservas de fortaleza principal que le ha permitido arrastrar hasta aquí su mandato, porque el apoyo social que lo sustentaba, hecho de compacto corporativismo puro, atraviesa un momento de fragmentación acelerada.
Con cada vez menos recursos estatales, se diluye la posibilidad de seguir privilegiando a las organizaciones sociales que se identifican con él, pese a sus esfuerzos por compensar esta limitación mediante regalos y privilegios para los dirigentes. La mayor parte de ese grupo, tan importante dentro del sistema de representación política en nuestro país, se esmera en dar muestras de lealtad, pero sus bases que están experimentando las consecuencias de una inflación en picada de ascenso, junto a punzantes incertidumbres social, política, laboral, familiar, presionan exigiendo algún alivio.
La dirigencia sindical de la COB; la tríada campesina (CSUTCB, Colonizadores (interculturales) y Bartolinas); transportistas; minería informal; comerciantes populares -como los sectores más numerosos- no puede ignorar estas demandas y sus afanes de mantener imagen y cara ocasiona sacudones y facilita el desmarque de cuadros y organizaciones intermedias.
La cúpula del poder político empieza a sentirlo con inquietud, pero supone de manera radicalmente equivocada, que el segundo rasgo propio de este régimen de excepción, consistente en la alianza del Ejecutivo con la mayoría ilegal del tribunal constitucional plurinacional (TCP) puede garantizarle que sus deseos se sigan cumpliendo, cuando se agote la eficacia de los dirigentes de organizaciones sociales, que alquila y maneja .
Así, mientras dispara compromisos firmados para atender las exigencias de carburantes de distintos grupos, sigue haciendo campaña para atribuir sus culpas a ajenos, todas las veces que reclama y llora por aprobación legislativa de préstamos.
Ahora que el TCP acaba de regalarle el desconocimiento de la ley que aprobó bajo la conducción del presidente del senado para terminar con la prórroga de los autoprorrogados, pero reconoció como intachable la aprobación de créditos, tal vez piense en pedirle al TCP que acabe de usurpar todas las facultades del poder Legislativo, como ya lo ha hecho en el área electoral, cuando le ha impuesto al TSE unas elecciones judiciales parciales y ha reconocido a los representantes del oficialismo la personería jurídica del MAS (ambas facultades inalienables del TSE).
Peores cosas ha hecho el TCP, como anular los resultados de las votaciones populares que aprobaron la Constitución en 2009 y el referendo de 2016, sin que la oposición haya denunciado esa acción como un golpe de estado incuestionable. Queda en el registro histórico que el MAS y la oposición política y electoral son cómplices natos de las maniobras del TCP. Ese pacto se ha renovado y fortalecido, como agradecimiento a que el TCP ha proscrito la candidatura de Morales Ayma.
De allí también el tremendo silencio sobre los lazos que tienen los prorrogados con su propia firma, con grupos de estafadores que tratan de apropiarse de grandes extensiones de terrenos urbanos en Santa Cruz, o cuantos otros trapicheos apenas mencionados. Hablar de elecciones limpias, teniendo como máxima y última instancia del Estado a un TCP usurpado y usurpador es una mala broma en época de malhumor universal.
El camino a las urnas es todavía largo. La tendencia central de los acontecimientos todavía apunta a que se realicen, superando las trampas y minas sembradas por la facción de Arce Catacora, quien, desde el momento que se vio obligado a confesar que no puede satisfacer la demanda de combustibles, ve perder terreno a su chueco proyecto de candidatura para agosto, ya que el corporativismo extremo de colonizadores y dirigentes campesinos, por ahora, ya empieza a disputarle la plaza (https://n9.cl/px20f ); no es difícil que ministros y otros miembros del gobierno se sumen al baile.
La indulgencia social hacia el gobierno se está consumiendo ante las señales de que no puede garantizar ni lo básico; seguirla presionando con mentiras, promesas incumplidas o divagaciones de pescuezo, como las de impostor exvice, García Linera -acostumbrado a acumular capital físico con la confusión-, abonan el terreno para provocar una coyuntura con desemboque imprevisible.