Un bono sin mucha dignidad

El gobierno acaba de dictar una medida extremadamente antipopular, aunque tremendamente sensata. Ha suspendido el bono Dignidad a un grupo de personas que tienen ingresos probados ya sea por jubilaciones o porque se han dedicado a algún negocio. La medida es sensata, porque el país no tiene dinero y por lo tanto debe dejar de gastar, y pagar bonos es muy oneroso, sobre todo cuando son universales.

Vayamos por parte, el antiguo Bonosol, instituido por Gonzalo Sánchez de Lozada hace casi 30 años, (fíjese qué neoliberal) y rebautizado como Bono Dignidad por los masistas, no es un derecho del ciudadano, tampoco es una dádiva generosa del gobierno de turno, pero es un alivio para las personas de la tercera edad.

No olvido el bochornoso acto en que el ministro Alfonso Revollo dijo a sus comilitones en una reunión privada, pero que fue grabada y dada a la luz pública, que la libreta para recabar el Bonosol sería rosada, haciendo alusión a los colores del partido de entonces.

El Bonosol era un alivio importante, sobre todo para la gente de áreas rurales, y para los más pobres entre los pobres, hacerlo universal seguramente tenía una razón práctica; es posible que entonces hubiera sido más caro hacer un sistema que permita identificar con justicia a quienes verdaderamente necesitaban el dinero y a los que ese monto no mejoraba en nada su buena situación.

En el último año, el bono Dignidad, que había sido elevado a una no despreciable suma de 650 dólares anuales, ha visto en la realidad una disminución de su poder adquisitivo en hasta casi un 50% en relación al dólar (ahora es de menos de 400 dólares).

El decidir dejar de pagar el bendito bono a algunas personas es una medida completamente antipopular, es un disparo en el pie en este año electoral; el que el gobierno lo esté haciendo pone en evidencia el pésimo estado financiero en el que nos encontramos.

Personalmente creo que sería mucho más sensato y útil un bono que no sea universal, sino orientado a las personas que no tienen ingresos o que los tienen muy menguados. Una sociedad no puede permitirse ancianos mendigando por las calles.

Creo también que haber cambiado la edad de la entrega de ese bono, de 65 a 60 años fue, aparte de demagogo, muy irresponsable.

Ahora bien, lo que llama la atención en este caso es que a quienes se ha dejado de entregar el bono Dignidad es a las personas que tienen un salario formal. Una vez más se está premiando a la informalidad. Este es un mensaje de desaliento a la población a formalizarse, se les está sugiriendo que es mejor no hacer ninguna transacción que pueda involucrar el pago de impuestos.

Es obvio que las cosas seguirán igual: muchos ricos seguirán recibiendo el bono Dignidad, pienso en los dueños de las cooperativas mineras, los que administran fábricas de cocaína o en los transportistas, que son una legión y que siguen trabajando después de cumplir 60 años.

Esta medida puede ser también interpretada como un pequeño lapo a la clase media urbana, precisamente esa que paga impuestos; reitero, sin embargo, que no se trata de un derecho, como lo han planteado algunas personas en las redes. Quienes están a favor de manejar el Estado con mayor sensatez deberían estar de acuerdo con este recorte. Aunque debería ser solo el primer paso.