Soluciones económicas de 10 días

Entre en serio y en broma, un amigo cansado de repartir su hoja de vida en busca de empleo me confío una idea surrealista. Estuvo urdiendo por días, quizás semanas, dedicarse a reparar un auto abandonado en estado de chatarra y venderlo por mucho dinero. Entendible hasta cierto punto porque es bien sabido que las dificultades económicas pueden empujarnos a fantasear con soluciones desconectadas de la realidad.

Precisamente, eso es lo que está sucediendo con el gobierno de Luis Arce. Cada vez que las autoridades nacionales lanzan un anuncio económico aseguran que la crisis se solucionará en cuestión de días, semanas o meses. En sí mismo, esta creencia de que existen respuestas fáciles y rápidas es insensata, pero lo más preocupante es su persistencia en el tiempo. Nadie del entorno presidencial se muestra con el perfil de ser la persona de contrapeso o el abogado del diablo a cargo de objetar las iniciativas en mesa, exigir pruebas documentadas o advertir de errores antes de los anuncios oficiales.

Sin ir muy lejos, la semana pasada el presidente dijo literalmente: “en 10 días vamos a resolver la falta de combustibles y los precios de la canasta familiar”. El plazo ya se cumplió y prácticamente todo sigue igual. “Una vez más hemos sido engañados”, sentenció Pedro Quispe, uno de los dirigentes del transporte pesado. Excepto una mejora innegable en el abastecimiento de la gasolina, la escasez de diésel continúa paralizando la economía nacional y el costo de vida sigue de subida. ¿Acaso nadie le advirtió al primer mandatario que prometer soluciones de 10 días devalúa su palabra?

Otro anuncio de estos días fue el plan de monetizar 5.000 millones de dólares generando créditos de carbono a través de la reducción de las emisiones de carbono hasta el año 2030. El ministerio de economía y finanzas firmó un acuerdo con Laconic, una empresa internacional que vende servicios de gestión de datos y contabilización de bonos de carbono. En línea con este plan, el presidente Arce habló de una pausa ambiental de 10 años para reducir la deforestación, pero a cambio de pagos internacionales. “Bolivia está haciendo muchos esfuerzos por reducir la emisión de carbono en nuestro país; pero no hemos recibido absolutamente nada”, puntualizó.

Como ya es rutina, el gobierno no acompañó el anuncio con documentación técnica y económica. Solo son palabras, discursos y fotografías. Pero tampoco hace falta, por ejemplo, para concluir que la meta de deforestación cero hasta el 2030 es un espejismo. Bolivia es el tercer país del mundo con mayor pérdida de bosques, en promedio 300 mil hectáreas por año, lo cual denota que este problema ambiental tiene causas profundas y de tipo estructural. Y si en verdad disminuyeran las emisiones, los desmontes y los incendios forestales, seguiríamos lejos, muy lejos, de la meta de monetizar 5.000 millones de dólares. Perú, Colombia y otros países que ya participan en el mercado de carbono, pero los ingresos que captan son más bien modestos. Los únicos que harán dinero son las empresas privadas que vayan a vender servicios al gobierno y, si hay sobreprecios, los funcionarios públicos implicados.

En ocasión del informe presidencial a inicios de este mes, Luis Arce informó que la construcción del Complejo Siderúrgico del Mutún terminará en febrero del próximo año y entrará en operación de inmediato. Resaltó que el mayor beneficio será la sustitución de la importación de barras de acero por un valor anual de 200 millones de dólares y, en los próximos años, el complejo que costó 546 millones de dólares generará divisas por la exportación de hierro y productos procesados. Todo parece promisorio, excepto un detalle: los hornos industriales construidos funcionan con gas natural y consumen grandes volúmenes de este energético. Al igual que la megaplanta de Bulo Bulo, el Mutún forma parte de los proyectos de industrialización de gas que ahora no tienen razón de ser en tiempos de agotamiento de las reservas.