Sí, hubo fraude; y no, la dirigencia del MAS no está a la altura...

En medio de la conflictividad de noviembre pasado, desde esta columna pregunté si el MAS estaría a la altura de su responsabilidad histórica para reconocer –expresa y públicamente–el fraude electoral y pedir disculpas por ello. Hoy, muy lejos de haber pedido disculpas, las vocerías del MAS insisten que “no hubo fraude” porque la OEA solo habría encontrado “irregularidades” en 226 de las 34.500 mesas habilitadas. A esta postura se suma la reciente publicación en Monkey Cage, un blog del Washington Post (sobre un trabajo de diciembre de 2019 contratado por el CEPR para validar sus propias conclusiones de dos meses antes) que, “con base en evidencia estadística, no encuentran las anomalías que acusa la OEA en la tendencia de votantes”.

El fraude electoral es “la intervención ilícita de un proceso electoralcon el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales”. El informe OEA concluye que “el equipo auditor ha detectado manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas (esto se da) a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de firmas de jurados de mesas. A nivel del procesamiento de resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a servidores ocultos, no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y suplantación de actas.”

Siendo “dolosa” sinónimo de “fraudulenta”, solo para los muy cortos de entendimiento no serían equivalentes “intervención ilícita” y “manipulación dolosa”; y, por cierto, basta que se cambie con dolo un resultado parcial para teñir de fraude el resultado total.

Para analizar la alteración de actas, la auditoría tomó una muestra de 4.692 actas (13,5% del total) con alta votación para el MAS (más de 90%) en las que realizó pericias caligráficas y encontró que, en 226, se evidencian “intervenciones ilícitas”: dos o más actas llenadas por la misma persona, con firmas falsificadas o ausentes, etc. Es decir, hubo dolo (fraude) en cuando menos 226 actas, contaminando el proceso total.

El MAS reclamó una victoria fraudulenta en primera vuelta porque 35.000 votos le habrían permitido superar con más del 10% a Comunidad Ciudadana. Pero como el número coincide (casi) con los votos favorables al MAS en las 226 mesas con actas alteradas, afirman que “incluso pasando esos votos a CC, igual habrían ganado con más del 10%”. Pero al hacerlo ocultan de manera deshonesta que el informe aclara que “los hallazgos corresponden al 13,5% de las mesas de votación”. Se infiere, por lo tanto, “que un análisis del 100% de las actas arrojaría un mayor número de irregularidades”.

El “análisis” que publica el blog del Washington Post se limita a afirmar que el comportamiento estadístico del voto “es similar” –no igual– en 1477 recintos que dieron resultados antes y después del corte del TREP (correlación 0,946); recurre a supuestos para estimar los márgenes a favor del MAS en mesas y recintos (no reportados antes del corte) a fin de que el margen final supere el 10%. Finalmente, usa esos márgenes para hacer proyecciones que, obviamente, “ratifican” que se superaría el 10%. Es decir, niega la posibilidad de fraude con estadísticas sobre supuestos, pero no menciona la adulteración dolosa de actas ni las violaciones a los protocolos para el cómputo informático. Por supuesto, ignora de plano la posibilidad que el propio padrón estuviera contaminado.

Este último aspecto es fundamental, aunque tampoco fue analizado por la OEA. El informe reconoce “el trabajo en el terreno y el análisis de más de 200 denuncias que se recibieron sobre manipulaciones e irregularidades” que abordan aspectos adicionales a los que cubre el informe. Entre esos análisis, está el nuestro (INASET-Brújula Digital) sobre la distribución etaria en mesas y recintos, poniendo en evidencia aspectos que afectan directamente la confiabilidad del padrón biométrico y la legitimidad de la geografía electoral. Transmitimos el análisis al TSE antes de las elecciones del 20 de octubre, pero no obtuvimos explicación razonable alguna a los casos que mencionamos a continuación.

Para muestra un botón. Potosí es el departamento con menor esperanza de vida (62 años), pero con la mayor participación de personas de 66 y más años de edad en su padrón (el 15,8% frente al 10,3% nacional); pero, además, tiene las más altas relaciones entre cantidad de personas de 66 y más años respecto a las de 55 a 65, contradiciendo la ley de la vida que establece que los mayores tienden a morir antes que los menores. Según el padrón, en los 40 municipios de Potosí existen recintos con mesas en las que hay el doble (o más) personas con 66 o más años respecto al rango 55 a 65, o en las que el porcentaje de personas con más de 66 años es más de tres veces mayor que el (ya alto) promedio departamental.

Y son los municipios con mayor incidencia de votantes mayores a 66 años los que muestran los mayores cambios de tendencias, desmintiendo el supuesto comportamiento similar en recintos antes y después del TREP del artículo del diario estadounidense mencionado: mientras en Potosí (capital), la relación de votos MAS/CC es constante en los dos escrutinios (antes y después del corte), en otros municipios (en los que los mayores de 66 años en el padrón son más de tres veces el promedio nacional), la “preferencia” por el MAS se dispara: en Tinguipaya, pasa de 10 a 1 a 20 a 1; en Chayanta, de 5 a 1 pasa a 21 a 1; y en Pocoata pasa de 40 a 1 a 160 a 1; en general, en el departamento se eleva 10 veces la relación de votos MAS/CC: de 1,3 en el primer escrutinio, a 11,5 en el segundo.

Notamos que la subida del MAS es directamente a expensas de CC: las participaciones de las otras tiendas se mantienen constantes.

La sobrerrepresentación de personas mayores a 66 años se repite en las áreas rurales de La Paz, Oruro y Chuquisaca, en las que se concentra el voto rural favorable al MAS. En todo el país también hay mesas y recintos con alta votación para el MAS con inexplicables picos de personas en edades de 18 a 25 años (hasta más de 80% de participación cuando el aporte de este segmento al padrón nacional es de 21%). Ninguno de los hechos puede explicarse razonablemente dado que los votantes son asignados a las mesas en cada recinto por orden alfabético del padrón sin considerar edad. Estos datos muestran la necesidad de realizar una auditoría real al padrón y al sistema de registro biométrico.

Para cerrar, antes de cobijarse en artículos como el mencionado, el MAS debe dar una explicación clara y consistente a las observaciones de la OEA y, esperamos, a los cuestionamientos que hemos presentado en su momento a consulta del anterior TSE.

Reconocer el fraude es la condición necesaria para reconstruir colectivamente la confianza en el voto como institución básica de la democracia. Si la dirigencia del MAS insiste en que “no hubo fraude”, inducirá a que la academia y la sociedad civil la desafíen a explicar las más de 200 denuncias registradas. No podrá hacerlo, y pondrá al MAS a punto de pasar a la historia como la tienda política que no honró su palabra, no actuó con ética, moral, ni valor civil, ni respetó la vida para intentar perpetuarse en el poder.

Enrique Velazco Reckling es director de Inaset.