Reactivación minera entre despidos y empleos precarios

Como efecto colateral de la pandemia del Covid-19, la minería recobró su rol protagónico mundial, con mayor énfasis en países latinoamericanos de tradición minera. Paralelamente, esta actividad se impulsó en países no tradicionales, entendiendo que los ciclos de la economía latinoamericana continúan ligados al precio de los minerales por su enorme peso en las exportaciones, convirtiéndola en una de las principales fuentes de divisas.

Este nuevo contexto económico, o superciclo de materias primas, es impulsado por la demanda de las grandes potencias de minerales críticos, como el cadmio, níquel, cobalto y otros, bajo la consigna del cambio climático y la transición energética; y por el avance hacia la cuarta revolución industrial, como nuevo modelo de organización y de control en la cadena de valor.
Sin embargo, esta demanda de minerales críticos no pudo desplazar la importancia de minerales tradicionales para nuestro país, como el estaño, la plata, el zinc y el oro, que acrecentaron su demanda desde el mercado internacional, impulsados por un sostenido incremento en sus precios.
Esta reactivación minera en el país se tradujo en un incremento sustancial del 93% en el valor de producción, que pasó de 3.253 millones de dólares logrados en la gestión 2020, a 6.291 millones de dólares en 2021. Empero, este escenario de nueva bonanza no se traduce en un fortalecimiento de nuestra minería estatal, con nuevos proyectos mineros metalúrgicos que den paso a la industrialización de nuestros recursos mineros o el arribo de nuevas inversiones mineras privadas atraídas por una política minera coherente, y que, en ambos casos, deriven en la creación de nuevas fuentes de empleo en el sector minero.
Por el contrario, la incapacidad de la minería estatal, debido a su constante improvisación en los últimos tres lustros, no pudo derivar en la concreción de nuevos proyectos mineros. Ejemplo de ello son la truncada industrialización estatal de los recursos evaporíticos, que actualmente espera los resultados de su Convocatoria Internacional para la “Extracción Directa de Litio”; la conclusión de la planta siderúrgica del Mutún, la puesta en marcha del ingenio Lucianita en Huanuni, el funcionamiento a capacidad plena del Horno Ausmelt o la instalación de las refinerías de zinc, que se vienen prometiendo desde 2010.
Ante esta incapacidad de generar fuentes de empleos en las operaciones estatales, en los distritos mineros de Huanuni y Colquiri, a partir de la elevación del precio del estaño, resurgió el problema del jukeo de minerales, realizado por personas que encuentran un modo de subsistencia en esta actividad ilícita. 
Esta paradoja de estancamiento en el sector minero, en un escenario de altos precios, también se registra en el sector privado que, en la gestión 2020, registró “cero dólares” de inversión, según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), hecho que repercutió en la gestión 2021 con despidos masivos, como fue el caso de la mina Don Mario dependiente de la transnacional Orvana Minerals Corps., que, pese a compromisos de estabilidad laboral, dejó en la calle a 200 trabajadores. Este escenario también sirvió para la salida de transnacionales, como Glencore, que de forma discreta transfirió sus operaciones de Bolívar y Porco a la minera junior Santa Cruz Silver Mining, dejando en incertidumbre a más de 800 trabajadores, quienes aún no tienen el panorama claro de qué implicancias tendrá esta transferencia por el cambio de razón social y cómo afectará a su estabilidad laboral.
Lo único concreto de esta “reactivación” —provocada por los precios elevados— es el mayor potenciamiento del sector cooperativo minero, que, con sus precarias condiciones laborales y su fragilidad para el cumplimiento de las normativas ambientales, es el que más empleos ha generado en los últimos 15 años.
Acá vale la pena diferenciar al sector tradicional minero cooperativo, asentado con preponderancia en el occidente del país, explotando yacimientos polimetálicos desahuciados por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) que, en las últimas semanas, reportó la dificultad para poder comercializar su producción. Las comercializadoras de minerales alegan que el conflicto bélico de Ucrania complica la compra de toda su producción por los problemas de exportación. Esta eterna dependencia de las comercializadoras privadas obedece, entre algunos factores, a: 
La predominancia del libre mercado en el país desde el Decreto Supremo 21060.La consecuencia de que el Estado sea incapaz de instalar refinerías de zinc.Que el gobierno no haya podido garantizar el funcionamiento de la fundición de Karachipampa para el tratamiento de la plata y el plomo producidos por este sector.
Sin embargo, estas dificultades no fueron un obstáculo para que el sector cooperativo, gracias al apoyo del gobierno del MAS, a 2020, haya logrado que de diez empleos que genera el sector minero en el país, nueve correspondan al sector cooperativo.
En la gestión 2020, los mineros del sector estatal llegan a 6.029 en todas las operaciones dependientes de la COMIBOL, la minería mediana con sus diferentes proyectos alcanza a 4.709, los trabajadores de la minería chica apenas llegan a 1.986 y el sector cooperativo, de lejos, llegó a generar 120.263 fuentes de empleo.
Está por demás documentando que el sector minero cooperativo es uno de los más vulnerables en relación a otras áreas de la minería en Bolivia, por las precarias condiciones en las que se desarrolla. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las cooperativas mineras son el sector informal de la minería, por lo que se encuentran con una mayor vulnerabilidad ante accidentes laborales.
Ante la falta de oportunidades de empleo formal en las regiones productoras de minerales, pobladores y extraños se insertaron en la explotación minera a través de las cooperativas mineras, particularmente de oro, en el norte del país, en la mayoría de los casos en condiciones precarias, insalubres y sin derechos laborales.
Según cifras de la Gobernación de La Paz, en 2010 habían registradas 459 cooperativas mineras auríferas en el departamento de La Paz. Una década después, en 2020, el número de cooperativas registradas se incrementó a 1.300, donde se estima que aproximadamente trabajan más de 130 mil personas, cifra mayor a las 120.263 fuentes de empleo registradas por el Ministerio de Minería y Metalurgia.
Este crecimiento acelerado de las cooperativas mineras tiene repercusiones negativas en el país, como conflictos sociales, evasión tributaria y contaminación ambiental. Asimismo, las cooperativas mineras son casi un monopolio en la explotación de oro, cuya producción en 2021 llegó al 94% de lo producido a nivel nacional.
Precisamente, la contaminación ambiental es la más expuesta, reflejada en la cantidad de mercurio importado por el país que, en los últimos siete años, llegó a 1.285 toneladas, según datos del Instituto Nacional de Estadística, hecho que debe dejar otras reflexiones.
Este panorama deprimente tiene como causa la falta de una política minera tangible que responda al actual contexto minero que vive el país. De continuar esta vía, nuestra minería nacional se verá dominada por una mayor proliferación de cooperativas mineras, con condiciones precarias en el empleo e inviabilizando el desarrollo de una minería acorde al nuevo escenario minero mundial, que cuente con un rol protagónico de nuestra minería estatal. 
Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA