Puentes y disfunción

La época de lluvias que afecta varias regiones de Bolivia ha puesto en evidencia las carencias de varios gobiernos municipales. Por ejemplo, el desborde de ríos y riachuelos, el desmoronamiento de taludes y el sifonamiento de alcantarillas revela tanto la inexistencia de trabajos de prevención, como la ausencia de políticas de urgencia.

No se trata, sin embargo, de una falla particular en un determinado ámbito que incriminaría a una administración municipal en especial. Por supuesto que cuando suceden catástrofes por esta situación, y que ello se contabiliza en decesos de personas, el que se haya privilegiado el financiamiento de fiestas y actos “culturales” a obras de infraestructura y de previsión técnicas pone de relieve la impericia de unas administraciones más que de otras.

Sin embargo, la explicación de fondo sobre esta irracionalidad administrativa es política, en el sentido histórico de ese concepto. Se trata, simplemente, de una situación que prueba que la disfuncionalidad estatal es profunda, continua y permanente… y que corresponde discurrir sobre sus causas y las formas de resolverla.

El alcalde de La Paz, para poner solución al embotellamiento de vehículos en la única ruta que conecta la región de Río Abajo, ha lanzado una licitación para la construcción de un viaducto en parte del camino que une Mallasa con Aranjuez. Ese “viaducto curvo atirantado de 217 metros de longitud” tendrá en su parte media un puente “demasiado vistoso y muy tecnológico”, de acuerdo a los términos del secretario municipal de Infraestructura Pública, Boris Bacarreza.

El alcalde y sus funcionarios ignoran –de toda evidencia– el sentido de la palabra “embotellamiento”, que indica congestión vehicular, especialmente por el efecto “cuello de botella”. En este caso, ese viaducto simplemente conformará una “botella” con “doble cuello”. Esto, lejos de mejorar el flujo vehicular, lo empeorará, aun cuando lo convierta, en un corto tramo, más vistoso y folclórico.

No se trata, pues, de aplicar remiendos sino de encarar soluciones estructurales. El sector de Río Abajo es de un crecimiento demográfico acelerado, principalmente por ser lugar de residencia de cantidades cada vez más importantes de personas cuya actividad social y económica se desarrolla en la ciudad de La Paz. En prospectiva urbanística, para este tipo de situación no se concibe una sola vía de acceso, salvo si se tratara de una autopista de varios carriles. Un camino de simple doble vía, así dotada esté de algún vistoso y “tecnológico” puente, no soluciona un tráfico vehicular cada vez más intenso.

Lo interesante de este caso es que hace décadas otras gestiones municipales planificaron una nueva carretera Aranjuez-Lipari. ¿Por qué el alcalde Arias no ejecuta ese proyecto? No es por desconocimiento o simple desidia. Lo que sucede en Bolivia es que si no se aplica rápidamente un proyecto, surgen escenarios que los anulan y ello dentro del esquema colonial de ficción administrativa y de presión de sectores interesados en la eliminación de determinada política.

Cuando se concibió la carretera Aranjuez-Lipari, los terrenos por los cuales se la diseñó eran todavía baldíos o con pocos ocupantes. Se podía aplicar a los terrenos con dueños los principios de expropiación por interés común. Al no realizarse ningún trabajo (pues, entre otras características, está vigente nuestro precepto de “nueva autoridad política, nuevos proyectos”) esos terrenos fueron adquiriendo propietarios mediante procedimientos a veces ilegítimos y espurios: Esa carretera debía colindar el cauce del rio La Paz y en nuestra legislación los aires de rio son de propiedad municipal.

Vivimos en un país de ineficacia administrativa, en el que los gremios hacen la ley y ante quienes toda “autoridad” se doblega. Y no siempre los gremios como lo entienden muchos: formas organizativas de las clases populares e indígenas. Los propietarios de casas de la zona de Aranjuez no corresponden a ese perfil, pero sí actúan como cualquier otro gremio al arrinconar cualquier veleidad del alcalde de turno y obligarlo a iniciativas estrambóticas para cumplir, mas mal que bien, sus legítimas y delicadas funciones.