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Oveja Negra | 30/09/2020

¿Puede haber fraude electoral?

Eduardo Leaño
Eduardo Leaño

“Nosotros no vemos la posibilidad de que nos ganen, excepto con un fraude”. Esta declaración de Luis Arce Catacora, como el espejo, simula reproducir fielmente la realidad, pero la refleja de manera invertida. El embustero enunciado no demuestra la veracidad del fraude ni proporciona pista alguna acerca del posible delito. En estas líneas procurare (con el socorro de algunos ejemplos) brindar tres razones orientadas a revelar la inexactitud de fraude en las próximas elecciones.

El primer argumento que explica la imposibilidad de fraude electoral se fundamenta en la legitimidad de origen de las actuales autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Esta legitimidad hace referencia a que la designación formal de las autoridades electorales vigentes fue plenamente aceptada por las élites políticas y con un amplio asentimiento social. Cuando la presidente Jeanine Añez invistió como vocal a Salvador Romero Ballivián, destacado intelectual y con amplia experiencia en materia electoral, el nombramiento fue aplaudido por propios y extraños. Cuando el órgano legislativo designó al resto de las autoridades electorales, el MAS (a pesar de su hegemonía en el Congreso) y los otros partidos con representación parlamentaria, optaron por elegir vocales con más perfil profesional y menos filiación política. La ovación también fue unánime, aunque menos altisonante.

Sin ser “notables”, los flamantes miembros del TSE fueron designados en consideración a su profesionalidad, experiencia y honorabilidad, estos criterios de selección les otorgó una elevada legitimidad de origen; sin duda, esto contrasta con el nombramiento de vocales que en el pasado tenían vínculos políticos con el partido de Luis Arce (MAS); este procedimiento solía derivar en ilegitimidad de origen de las autoridades elegidas. La ilegitimidad de los anteriores vocales permitía vaticinar una conducta irregular, que después se confirmó; la legitimidad de las actuales autoridades electorales admite presagiar un comportamiento honroso, ajeno al fraude electoral que se espera confirmar luego. Se sabe que los que arrancaron mal, terminaron peor; se espera que los que iniciaron bien, concluyan mejor.

El segundo razonamiento orientado a desmentir la probabilidad de dolo electoral en las siguientes elecciones tiene relación con la legitimidad de ejercicio. Esta hace referencia al desempeño eficiente, transparente e imparcial de las autoridades electorales en el cumplimiento de sus funciones. La legitimidad de ejercicio guarda relación con el criterio de selección de autoridades electorales. La designación de los actuales vocales se llevó a cabo valorando criterios profesionales y éticos antes que políticos, esto derivó en autoridades electorales autónomas e independientes respecto de los poderes que los nombraron; en cambio, los anteriores vocales fueron nombrados según criterios predominantemente políticos, esto engendró autoridades del TSE subordinadas y dependientes que sumisamente acataron la voluntad del partido de gobierno.

En ese contexto, el trabajo de administración electoral de los vocales autónomos, a pesar de las adversidades de la pandemia, resultó ser arduo e intenso: llevó a cabo la inscripción de candidatos de manera diáfana, redefinió la fecha de elecciones no en función de intereses políticos sino considerando el descenso de la pandemia, realizó la actualización y saneamiento del padrón electoral, estableció los protocolos para evitar los contagios del COVID-19 durante los comicios, realizó la capacitación de jurados electorales con las respectivas medidas de seguridad sanitaria y, lo más importante, el TSE sustituyó el cuestionado TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) por el Direpre (Difusión de Resultados Preliminares) que brinda mayores ventajas: este sistema será administrado totalmente por el TSE y la difusión de resultados se efectuará ininterrumpidamente. Así, al parecer, el trabajo que viene desarrollando el TSE goza de legitimidad de ejercicio: es eficiente, transparente e imparcial y se halla distante de toda argucia orientada al fraude electoral.

El tercer motivo por el cual resulta impensable el fraude electoral se relaciona con dos tipos de conducta: una ética y otra pusilánime. La acción ética es posible reconocer en algunas autoridades electorales que se distinguen por ser personalidades honestas, correctas y apegadas al fiel cumplimiento de la ley que, el dolo electoral, no cabe en su comportamiento; en cambio, la conducta pusilánime quizá pueda identificarse en vocales que sienten la tentación de beneficiar a uno de los partidos pero, el fatídico destino de las exautoridades electorales (la aprehensión, la acusación de fraude electoral y la posible sentencia) probablemente opere como inhibidor de tales audaces artificios. Por cualquier lado, el fraude parece improbable.

Así, la inicial declaración de Luis Arce parece una simple declaración política, propia de campaña electoral: el fraude electoral es una ficción, no una realidad. 

Eduardo Leaño Román es sociólogo y docente universitario.



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