En días pasados Carlos Romero, exministro de gobierno de Evo Morales y hombre fuerte del ala evista, ha lanzado una acusación directa y muy seria contra el actual ministro de esa cartera, Eduardo Del Castillo: le ha dicho que está protegiendo al narcotráfico y que tiene conocimiento de que a partir de eso se ha enriquecido. En otras palabras, lo ha acusado de ser parte del esquema del narcotráfico y con eso ha denunciado a toda la administración del presidente Arce. Y de paso, a su propio partido.
Si este tipo de expresiones o acusaciones vinieran de personas descalificadas, si fueran anónimas o si fueran veladas, no se las debería tomar en cuenta. Si vinieran de opositores se podría dar al ministro Castillo el beneficio de la duda, el funcionario en cuestión ha hecho todo para ser odiado y seguro que tiene enemigos que tratan de desprestigiarlo, no todos los opositores son necesariamente gente correcta.
Pero viniendo la acusación de su propio partido, de un personaje que ha estado en la cúpula del poder durante tantos años, simplemente no puede ser pasada por alto. Eso no quiere decir que se pueda confiar plenamente en lo que dice Romero, pero lo cierto es que se trate de una verdad develada o de una infamia enorme, las denuncias vertidas por el poderoso exfuncionario no deben caer en saco roto.
Sabemos que dos facciones del MAS están en franco enfrentamiento y sabemos que en el momento de la verdad es posible que se abuenen porque la suya es una pelea de poder, no de principios. Unos quieren volver a usar a Evo para volver a gobernar y otros quieren “evitarlo”.
Ahora bien, el silencio del ministro Del Castillo pareciera ser una buena estrategia, pero el que calla otorga, dice el refrán. Recordemos el zafarrancho en el que están el actual ministro de Justicia y el expresidente, porque este lo acusó de corrupto. El ministro Lima ha dicho que llevará a juicio al Jiliri irpiri porque está en juego su honorabilidad (algo que al parecer le tiene a Del Castillo sin cuidado).
Quienes vemos de palco estos asaltos a la yugular entre masistas, en parte nos divertimos porque esto a la larga ayudará a la democracia, pero ojo, la Asamblea Legislativa debe tomar cartas en el asunto, y por supuesto la Fiscalía. No es poca cosa denunciar a un ministro de gobierno de que tiene vínculos con el narcotráfico, ese no es rasguño en la mejilla, una patada bajo la línea del cinturón solamente o un beso al calor de la euforia colectiva. O se trata de una denuncia muy seria o se trata de un verdadero acto de sedición.
Por lo demás, las aseveraciones del exministro Romero no parecen tan tiradas de los pelos, sabemos que la vida pública está pringada por el narcotráfico; tenemos un reciente episodio en el que un traficante de peso se ha dado el lujo de insinuar que puede comprometer a las autoridades nacionales con solo abrir la boca. Además de decirle “burro” al actual ministro…
Por el bien de la lucha contra el narcotráfico y en el fortalecimiento de la institucionalidad del país, que pasa por la plena confianza que deberían inspirar las altas autoridades, es imprescindible que la situación generada a partir de las declaraciones del exministro sean esclarecidas.
No podemos tener un ministro de Gobierno acusado desde las filas de su partido de ser parte del narcotráfico, o en su defecto, no se puede tolerar una acusación falsa de esa magnitud.
La relación del MAS con el narcotráfico vía los sindicatos de productores de materia prima para la cocaína del Chapare siempre ha sido su talón de Aquiles, y sus dirigentes lo sabían. Es curioso que la flecha que puede acabar con su existencia haya sido disparada desde adentro.