Misicuni, realidad y paradojas en tiempos de sequía

La narrativa épica “antiglobalizadora” atribuida a la “Guerra del agua” registrada en Cochabamba el año 2000 ha simplificado e invisibilizado una serie de aspectos que dan cuenta de las dificultades inherentes a la consolidación de un sistema integrado de distribución de agua potable y alcantarillado en su eje metropolitano.

Esa “guerra” era impensable de no haberse hecho realidad la promesa del Proyecto Múltiple de Misicuni (PMM) cuyas obras, en sus tres componentes (agua potable, riego y generación de energía eléctrica) se iniciaron en 1997. El PMM se instaló en la agenda departamental como demanda existencial para resolver la crónica falta de acceso al servicio de agua y encarar el desarrollo integral del valle central de Cochabamba. Por muchos años fue considerado como un proyecto económico, técnico y financieramente inviable, pero que la población cochabambina no estaba dispuesta a renunciar. Hoy podría considerarse el PMM y sus futuras inversiones como política de Estado pese a las paradojas y retos que en jornadas del convulso año 2000 no se avizoraron a cabalidad.

Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) y gracias a un equipo profesional de excelencia se dio el puntapié inicial para levantar la objeción técnica y financiera de organismos multilaterales y asegurar el financiamiento del primer tramo del proyecto. Con la construcción del túnel de 19,4 Km, el PMM tuvo un parto difícil y con pronóstico reservado. El elevado costo de la primera fase (túnel, represa y central eléctrica) de aproximadamente 350 millones de dólares, fue controversial; fue posible financiar ese monto en tiempos de bonanza plurinacional, aunque se dejaron tareas pendientes mientras se dilapidaba, sin rubor, similar cantidad de recursos en proyectos improvisados y fallidos.

Veintitrés años después y en tiempos de sequía, es posible referirse a cuellos de botella que conlleva gestionar el agua para hacer realidad la consigna “agua (potable) para todos”. Tras la conclusión del túnel el año 2003 arrancó un plan inmediato con el envío de agua al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) para su tratamiento y respectiva distribución.

Al contrario de otras capitales que observan la merma de sus fuentes y embalses de agua, Misicuni tiene una oferta subutilizada de caudal de agua dada las deficiencias y rezagos en la renovación y ampliación de la red de distribución domiciliaria. Según los expertos, además de la ampliación de la red, urge renovar el cincuentenario entramado de tuberías de la ciudad cuya merma de agua es parte significativa del 48% de pérdidas registradas en todo el sistema. Queda claro, Semapa no factura las pérdidas de los volúmenes adquiridos del PMM. El plan piloto de renovación de la red de distribución en el centro de la ciudad de Cochabamba fue exitoso y es modelo para replicar en todo el Cercado. Lamentablemente no hay financiamiento y la renovación implica reconocer que, más allá de tarifas sociales y subsidios, el agua potable sí cuesta y que los ingresos no alcanzan para invertirse y contribuir solidariamente a que el agua hoy disponible llegue a los hogares que nunca la tuvieron.

A estas alturas, pese a los esfuerzos por ampliar aductores y llegar con agua a zonas más deprimidas, los hogares más pobres son los que más pagan, hasta seis bolivianos por m3, cuando lo mínimo requerido oscila entre cinco y seis m3. Pregunto ¿Cómo se regula y controla el servicio proporcionado por proveedores privados y decenas de cisternas que transitan las calles y avenidas de Cochabamba? ¿Cuán rentable es el negocio privado del agua?

Otro dato discordante es que no faltan aquellos potenciales usuarios que, pudiendo acceder a la red, se resisten al pago de la tarifa de 2,59 bolivianos por m3 ni a la tarifa solidaria, de 1,50 bolivianos. Se aferran al agua suministrada por decenas de pequeños sistemas vecinales privados (conocidos como Operadores Locales de Pequeña Escala, OLPES) diseminados en la capital y otros municipios conurbanos. No es fácil que Semapa logre acuerdos para integrar estos sistemas a la red central ya sea porque las conexiones aun no existen o porque la administración de las OLPES resulta un buen negocio y estos operadores hacen campaña subterránea contra el acceso de los vecinos a la red.

A la luz de los problemas anotados, es plausible que, al igual que la “guerra del agua” rechazó consolidar el área de concesión a un gigante transnacional sean hoy los pequeños intereses y OLPES rudimentarias las que dificultan la consolidación de una empresa pública sostenible y eficiente. ¡Vaya paradoja para un país que resistió heroicamente la privatización de un servicio, hoy cuenta con una modalidad que pese a todo es privada!

Dicho esto, amerita priorizar el mapeo y diagnóstico de las OLPES diseminadas en el área metropolitana e impulsar una estrategia de articulación a la red pública que distribuye agua de Misicuni y otras fuentes.

Un último problema tiene que ver con la dependencia del PMM del Gobierno central y las restricciones que provienen de esa relación. Con voluntad política y creatividad podría atenderse la solicitud de apoyo para la recuperación de la laguna Alalay usando aguas no utilizadas de Misicuni. Por ahora, la gobernación y municipios del eje metropolitano son beneficiarios, pero también deudores estrangulados por el centralismo. Es necesario flexibilizar y fortalecer los lazos de cooperación y coordinación del PMM interinstitucional con SEMAPA y municipios, muchos de los cuales no terminan de constituir y consolidar sus propias operadoras públicas de suministro de agua potable.

Cierro recomendando a los lectores interesados en este tema accedan a los Diálogos de Café, de Marcos Escudero, cuyo programa virtual “Agua Para Todos” aborda “en facilito” los temas que inspiran estas líneas.