Militarización social en Bolivia

La Sociología de la Violencia está reflexionando sobre la reaparición en América Latina de la “militarización social”, entendida como la incorporación de modelos militares en grupos organizados de la sociedad que a) se estructuran con jerarquías verticales, 2) se empoderan con el uso de armas de fuego, y 3) despliegan acciones de castigo a lo interno de sus colectivos y hacia la sociedad. Este fenómeno está conectado íntimamente con la acción política de los gobiernos.

En el recientemente pasado siglo XX, la militarización social en América Latina y Bolivia nació de las entrañas del populismo. Se asentó en el poderoso corporativismo sindical y en los pequeños grupos guerrilleros en los 50 y los 60. Desde el interior de estos regímenes se gestó y floreció la violencia política entre facciones y hacia el resto de la sociedad, lo que –finalmente- llevó al disciplinamiento autoritario de las dictaduras militares.

1. Bolivia, salida del populismo izquierdista del MNR-COB en 1964.

A inicios de 1964, el MNR habilitó a Paz Estenssoro y Barrientos, que ganaron en la elección de mayo. Y, desde julio hasta octubre, los líderes despechados de la sucesión movilizaron a su gente. El centrista Siles, el corporativista Lechín, y el liberal Guevara se enfrentaron entre sí y contra el Gobierno. Se desató la violencia. En La Paz, en julio, la poderosa COB movilizó a maestros y universitarios. Y, anticipando lo que vendría, en octubre se enfrentaron militares y mineros en Sora Sora, y en La Paz los universitarios fueron reprimidos y detenidos en masa. 

Después de 12 años tras 1952, Paz apareció como frágil articulador de fuerzas contradictorias. La “alianza de clases” que sostuvo al MNR se rompió en pedazos y se generó la ingobernabilidad. Con esto, la salida del poder del movimientismo estuvo cargado de violencia social organizada de mineros, fabriles y sectores urbanos afiliados a la COB, que estaba conducida por la izquierda radical del POR, PC y PRIN. Frente a esto, en noviembre de 64, el corporativismo militar imbricado puso a Barrientos en la presidencia y abrió un nuevo ciclo que, además, vio a muchos jóvenes de clase media urbana ir cayendo en la trampa de la guerrilla que intentó articularse con el sindicalismo.

Así, la salida del régimen populista del MNR-COB y sus límites imprecisos con la democracia legó al país la semilla de la militarización social, todo justificado por la lucha “contra el enemigo de clase y el capitalismo”.

2. El nuevo rostro de la militarización social en Bolivia a 2024.

Apenas instalado el MAS en el gobierno en enero de 2006, al ir definiendo su perfil populista radical de izquierda, fue realizando acciones sistemáticas de promoción de la militarización social en dos planos, el formal y el informal. En el primero, intentó la organización de las milicias populares y activó a los colonizadores avasalladores de tierras, y en el segundo, gestó el potenciamiento de los contrabandistas y los narcotraficantes.

La idea de las milicias populares fue frenada por los militares. Pero, con el objetivo de control político del rebelde oriente boliviano, el MAS desplazó intencionalmente a campesinos del occidente (interculturales), que fueron avasallando tierras fiscales, TCO indígenas, áreas protegidas, y predios privados. La violencia era respaldada por el INRA, el Tribunal Agrario, y la Policía.

El crecimiento del contrabando se dio por la desocupación disfrazada de empleo informal, resultante del fracaso del “modelo económico productivo comunitario” del MAS, creando una enorme base social para esta actividad dedicada al negocio ilegal de autos, ropa, alimentos, etc. En el altiplano fronterizo con Perú y Chile, las bandas de contrabandistas mostraron su alto grado de organización, uso de tecnología y armas y cadena de mando. Hace pocos días, en el Chaco fronterizo con Argentina, cinco militares fueron emboscados y ejecutados con toda facilidad.

En los últimos 15 años de Gobierno del MAS, la producción de coca subió de 7.000 a 10.000 hectáreas en el Chapare, y de 16.000 a 18.000 en los Yungas. Si cada familia tiene una hectárea, hay una enorme base social de 28.000 familias productoras. En el Chapare, que destina el 95% de su producción a la cocaína, los productores y comercializadores tuvieron en este tiempo un Jefe de Estado que era a la vez líder de sus seis federaciones. Y en este mismo lapso, los ajustes de cuentas y muertes de policías han ido confirmando la presencia de los carteles de droga mexicano, colombiano y brasileño.

Nada de todo esto es accidental. Es parte de la gestión y crisis de salida del populismo masista. Y, obviamente, hecho a nombre del “proceso de cambio y de la justicia social”.

3. Alerta sobre los riesgos de la militarización social.

Lo que está ocurriendo en Ecuador es un caso de militarización social. El presidente Noboa decretó “estado de excepción por conflicto armado interno”, es decir casi una guerra civil, frente a las bandas de narcotraficantes detenidos y libres que atacaron al Estado y a la sociedad de modo planificado, con armas de fuego, bombas, secuestros y asesinatos. Pero esto es resultado de los 15 años del izquierdismo populista de Correa (2007-2017) y Moreno (2017-2021), que con su modelo de desarrollo ampliaron las condiciones para el crecimiento social de grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico.

Al finalizar, remarco que el populismo clásico de los 50 y 60 del siglo XX tuvo gran violencia política en sus momentos de salida. Y los actuales regímenes neopopulistas, en su finalización, portan un riesgo enorme de militarización social que puede convertir a sus sociedades en nuevos campos de batalla.

Carlos Hugo Laruta es sociólogo y docente investigador de la UMSA.