Malas costumbres

Una experiencia agotadora y poco recomendable es leer encuestas, navegar en las redes sociales y escuchar programas de medios audiovisuales sobre temas políticos. Generalmente uno termina agotado y lleno de dudas y no de certezas, que era el objetivo al hacer ese ejercicio combinado.

Uno de los temas que ha tenido mayor repercusión ha sido la inhabilitación, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del expresidente fugado Evo Morales Ayma como candidato a senador por Cochabamba, difícil misión pues hay muchas aristas que escudriñar para emitir una resolución que respetara la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes. Más aún, luego de por lo menos 10 años de promulgar normas a troche y moche para satisfacer la ambición del MAS y del exmandatario Morales de prorrogarse sine die en el poder.

Empero, la comprensible tardanza generó reacciones de los participantes, en las redes y medios interactivos, en contra de los vocales del TSE a quienes se intentó presionar para que adoptaran la decisión, amenazándolos con una especie de linchamiento penal si ésta no respondía a lo que los críticos pretendían que fuera.

En ese tiempo, no encontré una voz que explique, por ejemplo, los procedimientos que debían seguir los vocales para adoptar la resolución, qué tiempo tenían para el efecto, etc. Sólo se emitía opiniones que pretendían, por un lado, dar “luz” a los miembros del TSE y, por otro lado, lo que llegó a niveles indignantes, poner en duda la idoneidad de los vocales.

La situación se complicó cuando quienes debían ayudar a clarificar el debate, como fueron muchos de los conductores de programas audiovisuales, se sumaron al coro de denigradores o insinuar que, considerando que había una encuesta que establecía que el 60 por ciento de gente consultada creía que el TSE debía inhabilitar a Morales, los vocales deberían proceder en consecuencia , a lo que un abogado “constitucionalista” agregó que, si bien se trataba de un tema complejo, estaba “¡clarísimo!” que debía ser inhabilitado.

Si a esas anécdotas se suma, por ejemplo, la advertencia de algunos movimientos cívicos de movilizarse en contra si el TSE osara habilitar a Morales, es factible concluir en que estamos tan mal acostumbrados –y no sólo por estos 14 últimos años de ejercicio autoritario del poder– que se exige a los órganos del Estado, en este caso, al electoral, funcionar de acuerdo a lo que uno cree que debe hacerlo y no a lo que mandan la Constitución y las leyes.

Estas voces pedían, pues, que se inhabilitara a Morales porque ellos creían que se lo debía hacer, y no que los vocales del TSE se ciñan a la CPE y a la ley. Para graficar la irracionalidad de esa posición, imaginémonos realizar una encuesta en la que se preguntara a la población económicamente activa si se deberían eliminar los impuestos. Estoy convencido de que el 100 por ciento diría que sí, pero ello no obligaría a que se lo haga.

Una vez que el TSE resolvió inhabilitar a Morales y otros candidatos, muchas reacciones difundidas en redes sociales y medios audiovisuales mantuvieron esa tónica. Un novel candidato presidencial dijo que esa decisión se debía a su advertencia de movilización si habilitaban a Morales; un representante de plataformas, que seguirían protestando contra los vocales del TSE porque por “cálculos políticos” tardaron en pronunciarse; algunos guerreros digitales del MAS y el propio Morales, denunciando parcialización de los vocales electorales…

Obviamente, estos se encuentran indefensos ante tal andanada de acusaciones, medias verdades y abiertas imposturas. Si de algo vale, conozco a tres vocales del TSE: Salvador Romero Ballivián, Rosario Baptista Canedo y Oscar Hassenteufel Salazar. Sin desmerecer a sus otros colegas, se trata de ciudadanos meritorios moral y profesionalmente hablando y han dado cuenta de haber actuado correctamente a lo largo de su vida profesional, razón por la que, como ciudadano militante de la democracia y periodista, tengo la convicción de que no defraudarán la confianza que en ellos se ha depositado. Es decir, confío en que las resoluciones que adoptan responden a lo que en su buen y leal saber y entender consideran que es lo que corresponde, sea o no esa decisión del agrado de alguna gente.

Además, ese es, precisamente, su desafío.

Y el de la ciudadanía es recuperar en estos tiempos de transición la racional predisposición a acatar lo que mandan la CPE y las leyes, por ser la única manera de convivir en forma pacífica. De lo contrario, sólo estaremos pavimentando el camino hacia otros regímenes autoritarios y arbitrarios.

Recuperemos, pues, las buenas costumbres…

Juan Cristóbal Soruco es periodista.