¿Magnicidio fallido?

Cuando Ernesto “Che” Guevara fue capturado en Bolivia en 1967 suplicó por su vida, creyendo erróneamente que “valía más vivo que muerto”. ¡Cuán equivocado estaba! En ese momento, para Cuba, el Che muerto le resultaba no solo útil, sino necesario. Su campaña guerrillera en Bolivia rompía el compromiso de Cuba, ante soviéticos y estadounidenses, de no promover insurrecciones, asumido en secreto tras la Crisis de los Misiles. 

La decisión de su muerte se había tomado mucho antes de aquella fatídica mañana de octubre, allí lejos, en La Habana. Aunque había una brigada lista en Cuba para rescatarlo, Fidel nunca autorizó su partida y optó por elevar al Che al panteón de los Héroes de la Revolución, junto a Camilo Cienfuegos. 
El asesinato del Che aquel octubre cobra relevancia hoy ante el gravísimo acontecimiento, también ocurrido en octubre en Bolivia, en que el país estuvo al borde de ser testigo de otro magnicidio, premeditado o casual, mediante el asesinato del expresidente Evo Morales por parte de agentes del gobierno. Un magnicidio, un crimen de Estado, uno de los mayores y más condenables actos políticos. Y nadie, excepto el entorno cercano del afectado, se ha sorprendido o enérgicamente condenado. El presidente Luis Arce, lacónicamente, ha prometido una investigación, mientras su ministro de Gobierno se esforzó por descalificar el hecho.

Desde el 2019, y quizás antes, Evo venía apartándose de la agenda cubana. Desobedeció su mandato al convocar al referéndum del 2016 y les obedeció al desconocerlo; aceptó la auditoría electoral de la OEA para luego ignorarla; y finalmente renunció por su cuenta y buscó asilo en México. En contraste, Nicolás Maduro, ante circunstancias similares de derrota y fraude, siguiendo el dictamen cubano, se atornilló al poder con una feroz represión a la oposición, tal como dictan en Cuba. Evo, en cambio, optó por salir de Bolivia en lugar de enfrentar a la población, y aunque inicialmente amagó con violencia, finalmente optó por el exilio. (Les dejo mi “Carta a Evo Morales” de noviembre de 2019, en la que lo insto a la no violencia).

El retorno de Evo al país complicó la administración cubana de Bolivia, su “colonia” política, su estado vasallo. Así, Cuba optó por Luis Arce como su “más-duro” y obediente administrador, para mantener el poder con la rigidez esperada y, si fuera necesario, emplear la violencia política, como Maduro y Ortega, para mantenernos a opositores sometidos y amansados como hasta ahora, y peor.

Las opciones inmediatas del régimen respecto a Morales eran dos: secuestrarlo, enmanillarlo, encapucharlo y humillarlo como hicieron vilmente con el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho –y antes con la expresidenta Janine Añez– y encerrarlo en Chonchocoro (quién sabe hasta cuándo) o realizar una captura policial confusa que resultara en su muerte accidental. 

El gobierno de Arce debe demostrar que esta última opción no fue la elegida, que no encubrirá a los autores ni ejecutará a nadie como ocurrió en el Hotel las Américas. Y el ministro a cargo debiera rendir cuentas ante la Asamblea.

Este posible desplazamiento del caudillo indígena al estilo “Che” debería llamarnos fuertemente la atención sobre la posibilidad trágica de que Morales pudiera haberse convertido en una víctima, un mártir por diseño o por accidente, que resuelva el problema de liderazgo del MAS y de la administración de Bolivia, asegurándose así la continuidad del régimen, una vez reunificado su mando político. 

No vaya a ser que, como con el Che, los cubanos hoy prefieran tener a Evo en el altar de los mártires, junto a Hugo y Fidel. Ellos lo condenan y los bolis lo ejecutan, dejándonos clavado un puñal de oprobio internacional. 

Si el gobierno de Arce actúa así contra un expresidente de su propio partido, ¿qué nos espera a nosotros, opositores políticos, constantemente criminalizados bajo prácticas que siguen el modelo cubano? Así, no sería sorprendente que el próximo opositor presidencial termine envenenado, “a la Putin”. Debemos estar conscientes de cuán bajo ha caído la tutela de este régimen y del peligro que representa tener autoridades irresponsables dispuestas a todo. 

Eventualmente, Morales deberá rendir cuentas, pero ante una justicia imparcial que asegure su derecho a la defensa. Sus actos personales deberán ser juzgados como tales, mientras que su juicio político debiera gozar de “caso de corte” y zanjarse definitivamente en la corte democrática de las urnas, como corresponde. 

Ni Arce Catacora es Fujimori, ni Del Castillo es Montesinos, ni Evo Morales es Abimael Guzmán. Están jugando con fuego. La historia del Che debería servirnos de advertencia. Si mataban a Evo en ese intento de detenerlo, voluntario o accidentalmente, Bolivia habría entrado en un espiral de violencia impredecible, alimentada por aquellos que se beneficiarían de nuestra división y enfrentamiento, ante la mirada boba de Arce y su díscolo ministro, como espectadores.

En esas condiciones, en 2025 no tendríamos independencia alguna que celebrar al cumplir 200 años de existencia como república.

Ronald MacLean es catedrático; fue alcalde de La Paz y ministro de Estado.