La deuda pública –o deuda soberana– es aquella
que tiene el Estado con personas o entidades dentro su territorio y el conjunto
de obligaciones (tanto de su sector público como del privado) con otros países
o instituciones. La primera es la “deuda interna” mientras que la segunda es la
“deuda externa”. El FMI-BM y otros organismos multilaterales fijan como límite
del “marco de sostenibilidad” de la deuda el 40%-50% del PIB.
Con el argumento que la deuda externa estaría por debajo del 30% del PIB, el gobierno insiste en la necesidad de recurrir a créditos externos para mantener el nivel de inversión que sustente el crecimiento. Pero desde sectores académicos y de oposición observan que la deuda soberana sería en realidad del orden de 80% del PIB, valor coincidente con los de Datosmacro.com (deuda total de $37.707 millones equivalentes al 82,6% del PIB).
Pero éste es un falso debate. En primer lugar, el marco de sostenibilidad de la deuda es un valor totalmente arbitrario que ha sido ampliamente superado por la realidad: más 30 países tienen deudas soberanas superiores al 100% del PIB e incluyen a potencias como el Japón (260%), Estados Unidos (126%) o Francia (112%), y economías en desarrollo como Venezuela, Eritrea o República del Congo. En total, unas 120 economías –más de la mitad de las afiliadas a las NNUU–tienen deudas superiores al 50% de los respectivos PIB.
Además, hay una enorme diferencia en cuanto a la incidencia de la deuda interna o la externa en los países que emiten monedas soberanas. En principio, ningún país que emite su propia moneda tendría la necesidad de contraer deuda en su moneda (merece otro debate) ni puede caer en cesación de pagos (default) de sus deudas en esa moneda, aunque dependiendo de varios otros factores, al hacer esos “pagos” se puedan desencadenar procesos recesivos o inflacionarios.
La deuda del Japón está casi exclusivamente denominada en yenes y EEUU es el emisor global de dólares. Al contrario, las deudas denominadas en moneda extranjera (dólares, euros, yuanes, etc.) para países como Venezuela, Eritrea o Bolivia obligan al deudor a tener un saldo comercial positivo con economías que producen o comercian en esas monedas.
En general, para hacer la historia corta, el nivel de la deuda respecto al PIB no es un indicador relevante: un “marco de sostenibilidad de la deuda” relevante debería reflejar la capacidad de la economía deudora para generar el valor necesario para honrar su deuda. Desde esta perspectiva, la realidad de la deuda soberana de Bolivia merece un análisis algo más puntilloso respecto a la capacidad de nuestra economía para crear valor y para entender cuál el grado de riesgo –y de error–, en el que incurre el ministro de Economía al insistir que “no hay nada malo en endeudarse, porque todo el mundo lo hace”.
El cuadro adjunto muestra y compara las estructuras promedio del PIB para los períodos 1990-05, y 2006-19. Los sectores de actividad económica están agrupados en extractivo (minerales e hidrocarburos), cuyos aportes al PIB lo determinan factores externos que están mayormente fuera del control gubernamental; FAPI (servicios financieros, administración pública e impuestos), que no generan ni valor ni empleo; y la economía real, conformada por sectores que generan valor, subdivididos en real productiva (real prd: sector agropecuario e industria manufacturera como los mayores “agregadores” de valor) y los sectores con más inclinación hacia lo mercantil-rentista (real m-r), aunque generan excedentes y empleo.
Al margen de cuánto creció la economía boliviana, su capacidad de creación de valor retrocedió casi 14 puntos porcentuales desde 2006; por cierto ahora que se agota el gas de exportación y se cierra el mercado argentino, la capacidad boliviana de asumir deudas con el resto del mundo será mermada aún más. De hecho, para un PIB corriente del orden de 42.000 millones de dólares (c. 2021), el aporte de la economía real (44,5%) sería de 18.200 millones de dólares, valor respecto al cual la deuda externa (13.300 millones de dólares) llegaría al 75%; es decir, solo en deuda externa ya estaríamos bien por encima del famoso marco de sostenibilidad.
Pero el verdadero problema de nuestro endeudamiento no es su cuantía, es que el modelo ha reducido el tamaño y el aporte de la economía productiva al PIB. Ha privilegiado la captura de las rentas del extractivismo, la burocratización prebendal y la financiarización que concentró la riqueza antes que alentar la creación de valor agregado y empleo productivo (que se traduciría en mayor capacidad productiva, mayor demanda efectiva interna y mayor oferta para mercados externos): la última línea del cuadro, muestra que en 2006-19, el agregado FAPI ha igualado en magnitud a la economía real (pero llegó a superarla en hasta 15% entre 2012 y 2015).
En síntesis, el PIB boliviano refleja cada vez menos la capacidad productiva real de la economía, que queda opacada por los aportes –mayormente contables– de sectores no productivos. En estas condiciones, sin duda que habrá problemas –y muy serios– de endeudamiento, si el Ministerio de Economía no empieza a privilegiar el potenciamiento del aparato productivo nacional como la condición previa a la alocada búsqueda de créditos y financiamientos externos.
Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo.