El aprendizaje que deja el bloqueo nacional
de rutas –no resuelto, sino en suspenso parcial y condicional– es rico y
profundo, pero es, ¿cómo negarlo?, endemoniadamente costoso.
Tomemos como prueba definitiva el ridículo balance financiero que resulta del intercambio entre los 800 millones de dólares que obtendría el Gobierno, mediante el destrabamiento legislativo de créditos pendientes de autorización, contra los 1.000 millones de dólares en pérdidas brutas que, según las autoridades, nos han costado las dos semanas de paralización de circulación y transporte de productos y personas.
Una pérdida de unos mil quinientos millones de bolivianos, para que, como al fin lo confiesa abiertamente la gente del Gobierno, se levanten las trabas que la fracción masista que responde al Sr. Arce Catacora ha utilizado para impedir las lecciones judiciales. Si, además, se valora que los recursos perdidos son de disponibilidad inmediata y sin otros costos, mientras los créditos pagan intereses y se aplican a cuestiones focalizadas, se verá que la merma es bastante mayor.
Es necesario no perder de vista que estas cuentas son por entero provisionales, porque en cualquier momento y curva de los acuerdos partidarios, la tropa legislativa de Morales Ayma o la del presidente actual encuentran algo que no les gusta y todo vuelve al punto de partida.
No es difícil que ocurra, porque cada una de las facciones espera que la realización de las elecciones de magistrados les permita obtener (o mantener) una mayoría dentro de los tribunales elegidos y, muy especialmente, en Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque, como la historia nos ha demostrado con dolor y vergüenza, quien tenga esa ventaja puede ordenarle a sus funcionarios “elegidos” que aprueben una “sentencia constitucional” ajustada perfectamente a sus necesidades y caprichos, sin importar lo absurdo y arbitrario que sea ese fallo, porque es irrevisable y definitivo.
Una lección clave reafirmada estos días es que tiene que corregirse, con la mayor premura, el ordenamiento que abre la posibilidad de que la Constitución quede a merced de sus presuntos guardianes (los tribunos del TCP), a los que el MAS ha convertido en verdugos y torturadores.
Si existiese en el Legislativo alguna oposición, esta tendría que haber aprendido que las elecciones judiciales previas demuestran que no toda elección es democrática y gracias a eso tenemos “magistrados” elegidos con menos del 10%, por lo que es necesario corregir no solo el sistema de selección de candidatos, que permite manipular las listas y abre espacio a postulantes cuyas posiciones sobre cuestiones legales fundamentales el electorado desconoce, sino el establecimiento de sistema de mayoría que garantice la representatividad real de los elegidos. Esto no puede hacerse de inmediato, pero se requiere de una guía que oriente y prepare el camino a reformas profundas en este campo.
Excepto informaciones fragmentarias y contradictorias, no se conoce un dato cierto sobre el número de movilizados con plena convicción; sabemos que una gran mayoría de la población no favorecía el bloqueo, así sea por las más simples razones prácticas y la ausencia de claridad, precisión e importancia de que los actuales delincuentes que se han prorrogado en sus puestos sean removidos y -lo que tampoco se ha precisado- que rindan cuenta de sus delitos contra las leyes y la Constitución.
El aprendizaje que permanece, superando nuestras fronteras y principios revolucionarios universales, es que si el temor y la indiferencia de la mayoría, se combina con un número reducido de actores disciplinados y envalentonados, unos pocos cientos pueden lograr, mediante la obstrucción carreteras en unos cuantos puntos clave, durante el tiempo suficiente, lo que no consiguen huelgas generales, manifestaciones gigantescas o inclusive insurrecciones o guerrillas.
Ya no sería necesario que los combatientes se muevan entre las masas como peces en el agua, basta conseguir simplemente un nivel equivalente al de un cerdo que retoza en el lodo: el barro de las mentiras y amenazas, para imponerse, al menos en batallas importantes.
La fractura del MAS está enseñando recovecos desconocidos en materia de descontrol político y perplejidad social que dan margen a que la autonomía relativa de aparatos estatales alcance niveles poco conocidos y explorados. Nuestro país es nuevamente una especie de laboratorio social de vanguardia, como lo apuntó hace años un cronista de la revista The Economist. Pero, hoy lo somos en el peor sentido y con un nivel de sufrimiento colectivo y autodestructividad que están rozando lo insoportable.