Las impertinencias del referéndum

El tenor de las preguntas 2 y 3 de la propuesta de referéndum revela el diagnóstico que se tiene en el Gobierno de la situación de los combustibles. Teniendo el diagnóstico, como se lo tiene, la pregunta relevante es por qué no se toman ya las medidas correctivas en vez de esperar los resultados del referéndum.

En efecto, las preguntas 2 y 3 destacan (1) el gran costo económico para bolivianos y bolivianas; (2) el precio nacional mucho más bajo que el internacional, que genera contrabando y daños económicos al estado; y (3) la presión sobre los dólares y el desabastecimiento de combustibles. El Gobierno acepta ahora las críticas de los que llamaba despectivamente opinadores.

Hay varios ejercicios para cuantificar el costo de las subvenciones a los combustibles. La mejor estimación es la de 2022, que es de 1.700 millones de dólares, o sea 3% del PIB. El costo directo ya es muy alto, a los que hay que sumar costos indirectos que no son despreciables. Uno de ellos es la pérdida de tiempo de los transportistas en las interminables colas para abastecerse de diésel. Otro es el de pérdidas en la producción, agropecuaria e industrial por no disponer oportunamente de carburantes.

El país, por una combinación de mal manejo del sector de hidrocarburos y de mala suerte, se ha convertido en un importador neto de hidrocarburos, con un déficit en la balanza energética de 830 millones de dólares el año pasado. Con relación al mal manejo, se sobreexplotaron los yacimientos, sobre todo en el primer quinquenio de la década pasada, alejándose de cualquier trayectoria de agotamiento óptimo, a la vez que no se efectuaron inversiones en exploración o, más precisamente, se las efectuaron mal, en todo caso sin hallazgos significativos. 

Uno de los acuerdos más importantes del convenio del Gobierno con las entidades empresariales del 19 de febrero pasado fue el de la subasta de diésel. Por intereses creados dentro de YPFB y del propio Ejecutivo, la subasta de diésel no se materializó. De haberse llevado a cabo, se habría dado un paso importante en el sinceramiento de precios y en la reducción de costos para el país.

Sabiendo que hay un problema, reflejado en lo que dicen las preguntas 2 y 3, no hacer nada al respecto podría ser calificado de incumplimiento de deberes, que es la acusación con la que se regodean fiscales y jueces del régimen contra funcionarios de gestiones anteriores o supuestos enemigos. El referéndum conlleva además el peligro de que si la respuesta a la pregunta de si se está de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina (y el diésel) fue mayoritariamente de Sí, no sólo este Gobierno sino el próximo quedarían atados de manos. Se verían imposibilitados, por lo menos oportunamente, de tomar una medida necesaria.

El levantamiento de la subvención reducirá significativamente el gigantesco déficit fiscal, que el año pasado según algunas estimaciones no oficiales ha bordeado el 11% del PIB. Pero esto sería solamente una primera parte de lo que hay que hacer. Faltarían las medidas cambiarias para tener los dólares para pagar por los combustibles.

Creo que los expertos constitucionales han argüido de manera convincente sobre las deficiencias legales de las preguntas 1 y 4 del referéndum. El Ministro Lima ha tratado de explicar lo inexplicable en sus presentaciones televisivas. Para los que no somos abogados, sus explicaciones han sido un show de canto y danza, cantando y zapateando sí, sí, para luego decir no, no. Con estas preguntas queda en el aire si se propone reformar la Constitución sin seguir los pasos que hay que seguir, o si se trata solamente de un hecho político, pero vinculante (sic). El TSE ha eliminado, en buena hora, la pregunta 4.

Por último, el recurso a la democracia participativa debe ser parsimonioso, si no para qué elegimos a gobernantes y pagamos a funcionarios públicos. La democracia participativa, cuando se la abusa, se convierte en democracia plebiscitaria, en la que se toman decisiones en base a su popularidad, ignorando los costos de largo plazo.

Juan Antonio Morales es PhD en economía.