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Ruta del pacto | 01/01/2023

La investigación en las universidades

Carlos Bellott
Carlos Bellott

La investigación es elemental para cualquier sociedad, ya que nada de lo que se quiera hacer, se debe hacer, sin partir de lo que sucede en la realidad. Por esa razón, la investigación es parte de la formación académica y de la misión institucional de toda universidad. Fuera de ella, forma parte del proceso de gestión en cualquier empresa, institución o gobierno, por lo que muchas de estas suelen contar con unidades dedicadas a la investigación.

El desarrollo de la capacidad de investigación en las personas es función de las universidades (CPE, art. 91). Empero, la mediocridad internalizada en su manejo institucional ha provocado que la formación para la investigación haya decaído exageradamente. Un indicador de esto es que las y los estudiantes prefieren graduarse por cualquier otra modalidad menos por la tesis (investigación); por parte de los docentes y profesionales, la escasa cantidad de artículos científicos publicados.

Gran parte de las facultades en las universidades estatales del país cuentan con unidades de investigación con personal bien pagado, pero no producen resultados, lo que significa que no investigan. Una muestra de que el tema no es importante es la carencia de ofertas de programas de posgrado para la especialización en investigación (salvo pocas excepciones).

Finalmente, casi todos los profesores a cargo de materias de investigación carecen de formación especializada en el tema y, en gran parte de los casos, de un mínimo de experiencia. Una persona que sabe de un tema lo explica de forma sencilla para lograr que los/as estudiantes comprendan. En cambio, alguien que no sabe, lo muestra complejo y difícil. Para no evidenciarse, esos profesores suelen ridiculizar las preguntas, para evitar que otros estudiantes pretendan preguntar. Y así los universitarios se gradúan no sólo sabiendo muy poco sobre investigación, sino asumiendo que es una de las cosas más difíciles, por lo que, en su vida profesional, naturalmente evitarán investigar.

El daño que las universidades causan con esa práctica infructífera se refleja en la normalización de la improvisación, en la toma de decisiones no basadas en indicadores (líneas de base), lo que a su vez se refleja en los resultados poco efectivos, no sólo de la gestión pública, sino también de las empresas privadas.

Es urgente una transformación universitaria para revertir el problema de la formación en investigación. En el caso de las universidades privadas será necesaria una regulación desde el Ministerio de Educación. En las universidades autónomas, éstas, por sí mismas, difícilmente lo harán, debido al conflicto de intereses que hay de por medio. Nadie creará una norma restrictiva contra sí misma. Así como existe una ley marco para la autonomía territorial, es necesario que exista una ley marco para la autonomía universitaria, una que establezca los parámetros mínimos para garantizar la calidad de la investigación y de la producción académica en general, además, de la calidad de la educación superior y del diseño del gobierno y funcionamiento de las universidades autónomas.

Entre esos parámetros referidos a la investigación, debe establecerse que todo profesor de investigación deba tener formación especializada y experiencia mínima en el tema; Respecto de la producción, sería óptimo eliminar el pago mensual a las/os investigadores y hacerlo por producto, es decir, pagar por investigación publicada. Las unidades de investigación -para justificar su existencia- podrían establecer la obligatoriedad de producir una cantidad mínima de investigaciones al año, además ser quienes coordinen y dirijan las tutorías en la elaboración de las tesis, quienes acrediten la capacidad de investigación de los docentes previo a ser designados como tutores/as y quienes controlen la calidad de ese asesoramiento. Finalmente, toda carrera universitaria debiera definir periódicamente sus líneas de investigación, así como lo hacen los posgrados, pero que esa definición sea coordinada con los gobiernos y la sociedad civil, de modo de identificar participativamente las necesidades de investigación del territorio.

De esa forma, no solo se lograría asegurar la calidad y la producción investigativa, sino también que ésta responda a las necesidades de investigación de la sociedad.

Carlos Bellott es constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado.



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